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La Lupa

Hasta Fe y Alegría podría verse afectada con nueva ley AN, advirtió Provea

"Yo soy optimista y creo que como logramos frenarla en enero del año pasado, así podremos hacerlo ahora. Pero si la quieren aplicar, igualito habrá Provea para rato. De eso pueden estar seguros, el poder se va a quedar con los crespos hechos si piensa que van a acabar con Provea. Así como no ha podido acabar la dictadura de Daniel Ortega con las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, a pesar de que han cerrado más de tres mil organizaciones, acá habrá sociedad civil, habrá gente y organizaciones acompañando a las víctimas", dice Marino Alvarado

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Caracas / Foto Portada: Archivo.- La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines fue aprobada en primera discusión en enero de 2023. No obstante, durante todo el año pasado, el Gobierno no avanzó en su promulgación. Esto cambió la semana pasada, cuando se reactivó la discusión y el diputado Diosdado Cabello afirmó que "las ONG van a tener que decir de dónde viene la plática. Van a tener que decir quién les está dando la plata y el que no lo diga será considerado como si estuviera lavando dinero". Provea es parte de las 236 ONG que firmó una misiva para advertir de los riesgos de este nuevo texto. Hasta la asociación civil Fe y Alegría podría resultar afectada, si se aprueba finalmente la ley, restringiendo el acceso a la educación a miles de niños venezolanos, alertó Marino Alvarado, el coordinador de exigibilidad de la ONG que tiene más de 35 años de trayectoria.

Lea también: Más de 200 ONG advierten sobre "peligros" del proyecto de ley que adelanta la AN para fiscalizarlas

Marino Alvarado es abogado y el ex-coordinador general de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos –PROVEA-, actualmente trabaja en Amnistía Internacional sección Venezuela y es coordinador de exigibilidad de Provea. En el 2015 fue galardonado con el Premio Nacional de los Derechos Humanos entregado por la Embajada de Canadá. Además es columnista en diversos diarios de circulación nacional.

En entrevista concedida a El Cooperante aseguró que durante décadas han sabido contrarrestar este tipo de peligros a la función que cumplen las ONGs, pero desglosó cómo resultarían afectadas las organizaciones de la sociedad civil y todo aquel que incomode al Gobierno.

"Se podría generar una enorme autocensura de parte de organizaciones de la sociedad civil (…); lo segundo es que veríamos la confiscación de bienes que puede abarcar bienes de organizaciones hasta bienes personales, tal como establece la ley; y el tercer elemento es el allanamiento de sedes de organizaciones, la detención de sus integrantes, con la excusa de que estaba recibiendo financiamiento y lo ha usado para el lavado de capitales. También que el financiamiento ha servido para promover desestabilización y actos contrario a la ley, así como cualquier historia que puedan inventar porque estamos en un país donde se fabrican expedientes y se encarcela a la gente inocente".

Denunció que no existe en la página del Parlamento de mayoría chavista un proyecto formal de la ley, y que por eso es difícil saber todo su alcance.

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Pese al riesgo, Alvarado recordó que gracias a la presión internacional, lograron frenar el avance de la ley durante doce meses y estimó que el hecho de que haya sido "desempolvada" hace unos días, no quiere decir que será finalmente promulgada.

"Nosotros también contrarrestamos, el año pasado estuvimos haciendo gestiones, lo hicimos en el pasado contra la Ley de Cooperación. Hemos hablado con Gobiernos, enviado comunicaciones, hemos hablado con funcionarios de alto nivel en el gobierno de Colombia, en Brasil, con el gobierno mexicano, hemos tocado las estructuras más altas de Naciones Unidas. Logramos un pronunciamiento de varias relatorías de Naciones Unidas; el alto comisionado de DD. HH. estuvo aquí en enero y en rueda de prensa, cuando se despidió del país se pronunció al respecto y manifestó su preocupación. Yo soy optimista y creo que como logramos frenarla en enero del año pasado, así podremos hacerlo ahora. Pero si la quieren aplicar, igualito habrá Provea para rato. De eso pueden estar seguros, el poder se va a quedar con los crespos hechos si piensa que van a acabar con Provea. Así como no ha podido acabar la dictadura de Daniel Ortega con las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, a pesar de que han cerrado más de tres mil organizaciones, acá habrá sociedad civil, habrá gente y organizaciones acompañando a las víctimas y habrá Provea para rato".

Provea es una de las 236 ONGs que este lunes emitió un comunicado para alertar sobre las consecuencias del avance en la AN de la ley de fiscalización y regulación de ONGs y afines. ¿Cuál diría usted que es el mayor riesgo con este nuevo instrumento?

Lo primero es que este proyecto de ley es parte de una política de Estado, de persecución. No es un hecho aislado, sino una política que se suscribe en todo lo que ha sido la represión política durante los últimos años y lo que busca es darle piso legal para extender esta represión que generaría efectos muy negativos en la sociedad porque aunque cada vez que hace un programa el señor Diosdado Cabello señala a Súmate, a Provea y otras organizaciones, y muchos pudieran pensar que esta ley va solo dirigida a un grupo pequeño, realmente terminaría afectando a muchas organizaciones que hacen trabajos con los más humildes.

Así como hacemos en Provea al acompañar a familiares de víctimas, también podría afectar a otro tipo de organizaciones como por ejemplo, Fe y Alegría que es una de las más conocidas, es una asociación civil extendida por toda Venezuela que brinda educación a los sectores más humildes. Fe y Alegría recibe cooperación del Estado, pero también recibe cooperación internacional. Esta ley pondrá trabas a que ellos reciban cooperación o resultarán afectados si se criminaliza la cooperación que pueda recibir. Esto por supuesto, tendrá un efecto negativo sobre el trabajo que ellos hacen, afectaría la educación de miles de niños y profundizará la crisis educativa en el país.

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Algunas organizaciones tal vez dirán "eso no nos afecta"; pero, hay organizaciones que trabajan acompañando a jóvenes para que tengan algún oficio, ayudando a mujeres para que tengan ingresos, es decir, una multiplicidad de actividades que benefician a sectores económicamente desfavorecidos y que reciben cooperación internacional, y que serán perjudicadas. Debemos tener en cuenta que hay cooperación que brindan ONGs de otros países, otras que brindan Estados como la Unión Europea, Estados Unidos, entre otros.

Personalmente, veo que hay un nivel de hipocresía por parte del Gobierno porque en épocas de Hugo Chávez, desde Venezuela se dió mucha cooperación a organizaciones de sociedad civil en otros países, en Cuba, Bolivia y Ecuador para promover la llamada revolución bolivariana. Ahora vemos cómo buscan afectar a muchísimas organizaciones de la sociedad civil y no solo a aquellas que son críticas con los abusos cometidos contra la población.

Nosotros en Provea desde que nacimos en la llamada Cuarta República, hemos sido contralores porque estamos en contra de la corrupción, la violación a DD. HH. y el abuso del poder.

Provea tiene 35 años de trayectoria. ¿Esta situación de riesgo la sintieron antes?

En los 35 años que tiene Provea nosotros hemos tenido algunas situaciones complejas. La primera la tuvimos en el gobierno de Jaime Lusinchi, relacionado a la Masacre del Amparo que fue el 29 de octubre de 1988, y Provea surgió el 15 de octubre de ese mismo año, unos días antes de la masacre.

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Años después, a principios del año 2000, en el contexto del deslave de Vargas, Chávez en su programa Aló Presidente que tenía una audiencia muy alta, nos calificó de estar en contra de la Fuerza Armada porque denunciamos que, además de los desaparecidos por las lluvias, había desaparecidos por la fuerza pública, detenciones por la Disip -el actual Sebin y el Ejército-. De hecho, meses después el mismo Chávez reconoció graves violaciones de DD. HH., pero durante 15 días los medios públicos nos atacaron muy fuerte.

Después hemos vivido una larga historia con El Mazo Dando de Diosdado Cabello y también con el señor Mario Silva, que se han dedicado a hacernos una campaña de odio y tratar de desprestigiarnos.

¿Diría entonces que esto es más grave?

Claro, porque ahora el tema es que se quiere dar piso legal al ataque y persecución, no solo a las organizaciones de DDHH, sino de la sociedad civil porque esta no es una ley solo contra organizaciones de DDHH. Debemos recordar que en el año 2006, cuando estaba Chávez vivo se ordenó la reforma a la Ley de Cooperación Internacional que existe desde 1958. Esa ley se reformó y buscaron principalmente establecer una serie de trabas para que las organizaciones de la sociedad civil no recibieran cooperación internacional. Esto lo frenamos en 2006 y luego en 2014 ya con Maduro.

Sin embargo, nos madrugaron con una ley que aprobaron un 27 de diciembre que es la famosa Ley de Soberanía creada en la Comisión de Defensa, que sanciona todo lo que tiene que ver con el financiamiento externo, pero no la aplican, solo la aplicaron una sola vez y de forma moderada a Súmate.

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Ahora estamos ante este nuevo intento porque ya en enero del año pasado, sacaron y discutieron el proyecto. Las organizaciones nos pronunciamos y hablamos con los que teníamos que hablar, fuimos ante organismos internacionales, organizaciones de DD. HH., el cuerpo diplomático, otros países y logramos que la ley se parara. Vimos que la vuelven a desempolvar, lo cual no quiere decir que la van a promulgar. Pareciera que ahora hay más intención, pero igual nosotros sabemos enfrentar estas situaciones.

Como ONG que será afectada, ¿Han tenido la oportunidad de hacer observaciones al proyecto? ¿Han acudido ante la AN en este sentido?

Lo primero es que no hay un proyecto oficial sino un borrador que se consiguió por los caminos verdes el año pasado, es el que supuestamente difundieron y vió la gente que participó en la llamada consulta que hicieron hace poco, pero en la página web de la AN no hay un proyecto. De hecho nosotros nos hemos estado reuniendo con la oficina del Alto Comisionado en Venezuela, y nos dicen que tampoco tiene un proyecto, no se los han hecho llegar y eso que esa instancia tiene un convenio con el Gobierno de asesoría técnica en materia legislativa.

Están aparentemente haciendo una consulta pública, pero sabemos que eso es más un teatro que otra cosa. No nos hemos pronunciado porque no hay nada para hacerlo.

¿Cómo se daría la militarización del espacio cívico que ustedes condenan en la misiva?

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Esta es una sociedad que ya está militarizada, todas las instituciones del Estado están llenos de militares porque los militares han llenado todos los espacios de la vida nacional. Así lo inició Hugo Chávez y lo profundizó Nicolás Maduro, pero el que se pretenda militarizar las organizaciones de la sociedad civil imponiéndose una serie de obligaciones que tiene que ver más con el pensamiento militar, lo que refleja es el tiempo de autoritarismo en el que vivimos. Es la continuidad del proceso de militarización, es como he dicho entre broma y serio, lo único que falta es que el Miss Venezuela sea asumido por los militares.

Las organizaciones advierten que esta ley es un precedente negativo de cara a las presidenciales de este año, ¿por qué?

Si se llega a aprobar la ley, en base al borrador no oficial estaríamos frente a tres grandes riesgos. Lo primero sería una enorme autocensura por parte de organizaciones de la sociedad civil que, tendrían el temor, no solamente de alzar su voz frente a situaciones críticas, sino incluso dejar de trabajar con sectores que pudieran generar algún inconveniente. Pasaría lo que está ocurriendo en medios de comunicación, así que el espacio cívico quedaría bastante sometido al poder.

Lo segundo es la confiscación de bienes que puede abarcar bienes de organizaciones, incluso hasta bienes personales, tal como establece la ley, y el tercer elemento es el allanamiento de sedes de las organizaciones, la detención de sus integrantes, con la excusa de que estaba recibiendo financiamiento y lo ha usado para el lavado de capitales. También que el financiamiento ha servido para promover desestabilización y actos contrario a la ley, así como cualquier historia que puedan inventar porque estamos en un país donde se fabrican expedientes y se encarcela a la gente inocente.

El tema de esta ley estuvo en discusión en enero del año pasado. ¿Ha habido conversaciones en el marco de los acuerdos para impedir su avance?

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Más allá del tema político que compete a los acuerdos y la negociación, nosotros también contrarrestamos, el año pasado estuvimos haciendo gestiones, lo hicimos en el pasado contra la Ley de Cooperación. Hemos hablado con Gobiernos, enviado comunicaciones, hemos hablado con funcionarios de alto nivel en el gobierno de Colombia, en Brasil, con el gobierno mexicano, hemos tocado las estructuras más altas de Naciones Unidas. Logramos un pronunciamiento de varias relatorías de Naciones Unidas; el alto comisionado de DD. HH.estuvo aquí en enero y en rueda de prensa, cuando se despidió del país se pronunció al respecto y manifestó su preocupación.

Yo soy optimista y creo que como logramos frenarla en enero del año pasado, así podremos hacerlo ahora. Pero si la quieren aplicar, igualito habrá Provea para rato. De eso pueden estar seguros, el poder se va a quedar con los crespos hechos si piensa que van a acabar con Provea. Así como no ha podido acabar la dictadura de Daniel Ortega con las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, a pesar de que han cerrado más de tres mil organizaciones, acá habrá sociedad civil, habrá gente y organizaciones acompañando a las víctimas y habrá Provea para rato.



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