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¡Hecho en revolución! Corrupción en el sector transporte “deja a pie” a venezolanos

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Caracas, 9 de diciembre.- La “movilidad colectiva incluyente, digna, segura, de calidad y a precios justos”, prometida por la llamada Misión Transporte, que desde su nacimiento en 2013 está bajo las directrices del presidente de la República, Nicolás Maduro, se estrella contra la realidad que se vive en las calles.

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Cuando Maduro tenía apenas siete meses en el cargo, este programa se convertía en su primera gran “misión”. Asumía así el compromiso de aliviar el trajín diario de los venezolanos a la hora de movilizarse. Desde “refugios para gandolas”, pasando la llamada “fiesta del asfalto”, hasta promesas gruesas como la “constitución de nuevos sistemas de transporte”.

Cuatro años después, la realidad parece no tener frenos. Buena parte del servicio de transporte público sigue estando en manos de privados, a quienes la crisis económica les hace cuesta arriba adquirir repuestos, lubricantes y cauchos para sus unidades, con lo que ha mermado sustancialmente la flota operativa.

Las cada vez menos unidades deben trasladar a la misma cantidad de gente y la desesperación por el tiempo de espera para tomar un bus, ha llevado a muchos a tomar el riesgo de trasladarse en vehículos no aptos para movilizar a seres humanos en masa.

Erika Farías, candidata psuvista para la alcaldía de Libertador de Caracas, propuso que los caraqueños se trasladen en una suerte de unidades-jaula, “camiones de contingencia para que en las horas pico puedan ayudar a aligerar la espera”. El mal estado de las unidades, así como el exceso de pasajeros, son factores que también atentan contra la seguridad de la gente y el derecho humano a la vida. Las personas también optan por caminar hasta su destino, en ocasiones a altas horas de la noche, colocando en riesgo su seguridad personal y propiedades.

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Y a juzgar por las quejas de quienes prestan el servicio, mucho menos se percibe que se haya logrado “dignificar al transportista, brindándoles condiciones laborales justas”. El contraste entre lo que ocurre en las calles y los “logros” de la Misión Transporte, se le agrega la poca transparencia en el manejo de los recursos que se estarían destinando a este programa.

La misión que conduce Maduro no aparece reflejada ni siquiera en el Presupuesto de la Nación de 2017, estimado en su totalidad en 8,48 billones. Ni siquiera en los cómputos de gastos e ingresos del país en los años 2014, 2015 y 2016.

La Misión Transporte no es un organismo adscrito a un ente con personalidad jurídica establecido en el sector público, sino un proyecto en el cual participan distintos actores, en función de contribuir a la solución de la movilidad en Venezuela. Esto tiene efectos negativos sobre la evaluación de resultados y la rendición de cuenta de los recursos públicos manejados por la Misión Transporte, al sobreponerse las funciones y los recursos de los entes miembros.

Con este tipo de manejo se diluye la responsabilidad y efectividad de las acciones, promoviendo la discreción y corrupción, pues no existe una estructura institucional clara que establezca responsables y procedimientos. Otro elemento que refuerza el carácter opaco de misión, es que no existen los elementos al alcance de los ciudadanos para verificar o consultar cómo se ejecutan los recursos manejados por la Misión Transporte, dejando la puerta abierta para que la discrecionalidad de funcionarios, sin la supervisión adecuada en organismo con poca fortaleza institucional. Se gestan las condiciones para procesos de malversación y desvío de los fondos en perjuicio del patrimonio de la nación.

En mayo de 2016 Maduro aprobó 4 mil 930 millones de Bolívares para expansión de fábrica de autobuses Yutong, inaugurada el 2 de diciembre de 2015 en el estado Yaracuy, como parte del convenio de cooperación China – Venezuela. En esa misma oportunidad dijo que 13 millones de dólares serían destinados “para la fábrica de autobuses más grande y moderna de América Latina”. También ordenó “crear 20 nuevas rutas en los municipios y estados del país” y entregarles 200 autobuses Yutong.

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Pero la fábrica de la que ha hecho alarde el presidente Maduro fue objeto de denuncias por corrupción en enero de 2017. El diputado a la Asamblea Nacional, Jony Rahal, denunció en pleno debate parlamentario que el Gobierno destinó 2 mil 877 millones de bolívares la ensambladora, pero el establecimiento estaría inoperativo.

También manifestó que hubo irregularidades en la compra de 7 mil 16 autobuses Yutong, que costaron a la nación entre los años 2011 y 2015 la cantidad de mil 261 millones de dólares y que al menos 3 mil 500 unidades estaría abandonadas.

Según el parlamentario, cada unidad tenía un valor real promedio de 87 mil dólares, pero el precio que pagó Fontur por cada una fue de 179 mil 852 dólares, es decir 92 mil 852 dólares de sobreprecio.

Con lo que se han robado, se pudo haber comprado 10.795 autobuses más, o 5 millones de cauchos, o 20 millones de baterías, y en pasaje estudiantil, se pudo haber subsidiado 219 millones de estudiantes”, dijo en esa ocasión el diputado.

Con información de Transparencia Venezuela, para leer más, haga click aquí.

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