Human Rigths Watch insta a gobiernos de Latinoamérica a condenar inhabilitaciones

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Jose Á. Palacios.-  La organización internacional Human Rigths Watch hizo un llamado a los gobiernos y organizaciones regionales de América Latina, en particular de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), a condenar las inhabilitaciones que la Contraloría General de la República impuso a los dirigentes opositores que aspiraban una curul en la Asamblea Nacional (AN).

La exigencia la formuló la Organización no Gubernamental experta en investigación, defensa y promoción de los Derechos Humanos, en un comunicado, en el cual calificó de “preocupantes” las medidas adoptadas contra María Corina Machado, Enzo Scarano, Abelardo Díaz, Daniel Ceballos, entre otros, porque “implican una interferencia arbitraria en el derecho a la participación política y porque ningún candidato del partido oficialista se ha visto afectado”.

Es crucial que las próximas elecciones en Venezuela se celebren de manera libre y justa, y que todas las opciones sean tenidas en cuenta”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Para que eso suceda, el Gobierno venezolano debe asegurarse de que todos los candidatos con derecho a postularse puedan figurar en las boletas“, sentenció.

La agrupación recordó que en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al conocer el caso de la inhabilitación contra Leopoldo López, determinó que estas sanciones contravenían el derecho a ser elegido para ocupar cargos públicos, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece que una ley podrá reglamentar el ejercicio de derechos políticos “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

Human Rigths Watch saludó que en julio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticara la inhabilitación contra Machado, y afirmara que “cualquier inhabilitación o proscripción política no se puede implementar desde el punto de vista administrativo”. Sin embargo, lamentó que haya sido el único.

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