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¿Impericia chavista o dejadez? Lo que estaría detrás de disputa por el Esequibo

Luis De Jesús

Caracas, 8 de febrero.- Hace casi 52 años, el 17 de febrero de 1966, fue firmado el Acuerdo de Ginebra, documento suscrito por los gobiernos de Venezuela y Guyana, territorio que para ese entonces era colonia de Reino Unido, en el que se comprometían a encontrar una solución pacífica al conflicto por el territorio del Esequibo.

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De acuerdo con lo establecido en el Artículo IV del documento, si las naciones no llegaban a un acuerdo completo para la solución de la controversia debían escoger sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), que insta a la negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección, de cualquier controversia que ponga en peligro el mantenimiento de la paz.

Asimismo, la carta expresa que, si es necesario, el Consejo de Seguridad de la ONU instará a las partes a que solucionen sus controversias por dichos medios. Desde entonces, la Guyana Esequiba estuvo bajo la mediación de la organización, en cumplimiento con el Acuerdo de Ginebra; sin embargo, la tensión entre los países se disparó en 2015 luego de que la empresa petrolera estadounidense Exxon Mobil descubriera yacimientos petroleros en aguas de la zona que se encuentra aún en litigio.

El pasado 30 de enero la ONU remitió la disputa territorial a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en Países Bajos. Decisión que fue respaldada por el gobierno de Guayana y rechazada tanto como por el gobierno y la oposición venezolana. El secretario general de la organización, António Guterres, alegó que no se lograron notables avances y que las vías para la negociación fueron agotadas.


La responsabilidad de que Venezuela haya perdido terreno en la disputa por la Guyana Esequiva recae sobre los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, según consideraciones de diferentes dirigentes de la oposición venezolana. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Luis Florido, argumentó la “total la irresponsabilidad” que han tenido ambos gobiernos “que nos ha llevado a una situación de extrema gravedad que afecta a todos los venezolanos ante el silencio y la falta de profesionalismo y diplomacia en esta materia”.

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La Asamblea Nacional (AN) declaró el pasado 6 de febrero como “inaplicable” la decisión de la ONU de dejar en manos de la CIJ la polémica limítrofe entre los países. Asimismo, el Parlamento convocó al ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y a los funcionarios encargados de la controversia por el Esequibo a una comparecencia “a los fines de que rindan cuenta de las gestiones que hayan hecho o dejado de hacer para la defensa del interés nacional venezolano”.

El escenario de que Venezuela finalmente gane la disputa con Guyana no es del todo alentador. En entrevista telefónica ofrecida a El Cooperante, el diputado de la Fracción 16 de Julio de la AN, Luis Barragán, dijo que la “arbitraria iniciativa” del Estado venezolano en el caso “ha sido ineficaz y negligente”, ya que “era innecesario llegar al cumplimiento de un plazo que es desfavorable”, como lo fue la decisión de la ONU el pasado 30 de enero, “a pesar de todas las advertencias realizadas por los parlamentarios”.

La Cancillería de la República, según Barragán, técnicamente no puede sumir toda la responsabilidad que amerita un caso como este porque “no existe el equipo necesario, técnico y humano, para afrontarlo debidamente“. Señaló además que “el régimen no tiene la credibilidad necesaria porque más de una vez se ha dicho que ese asunto es de interés vital para Venezuela con independencia de las transcripciones de las militancias políticas y aún así ha hecho caso omiso”.

El diputado expresó a esta redacción que Venezuela no debe acudir a la CIJ porque la propia decisión de Guterres “es insustentable y, en consecuencia, es inaplicable porque excedió a sus competencias”. Destacó que el país no suscribió el protocolo que dio origen a la corte. “Esto es una hipótesis nula”, aseveró Barragán.

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Ante todo este escenario, el legislador enfatizó que el presidente Nicolás Maduro debe “prestar atención” a la declaratoria realizada por la AN y actuar con audacia y unidad y recurrir a las voces expertas de la sociedad civil organizada y de los especialistas de las academias y se oriente para dar una respuesta concreta “porque no se trata del PSUV-Estado, sino de una República que está en vías de desintegración”.

“Sería una contradicción porque no hay política de Estado sin Estado de derecho, sin el libre debate, sin el libre concurso de la políticas corrientes intelectuales y políticas sociales en Venezuela; es imposible para el Gobierno entrar en esa contradicción, que no hay otra manera de iniciar un justo camino de recuperación del Esequibo si no superamos al actual régimen, que fue el que lo entregó“, expresó Barragán a la redacción de El Cooperante.

En este contexto, destacó que la ONU no puede obligar a Venezuela a llegar a la CIJ porque no se pueden sustituir a las partes, “ese es el problema con la decisión adoptada Guterres, no puede sustituirnos, no puede decidir por Venezuela; es allí que a pesar de haberlo advertido en todo el 2017, el Gobierno no tomó ninguna medida, salvo dos o tres tuis, que eso no tiene ningún carácter formal y no reúne los requisitos formales, no expresa una política de Estado”.

“Era demasiado obvio invocar a la vigencia del Acuerdo de Ginebra; (el Gobierno) no hizo ningún aporte aunque tenía el tiempo suficiente de meditar y consultar y haber convocado abiertamente a todos los sectores que hacen vida en Venezuela para asumir una postura correcta”, dijo Barragán.

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Agotar los recursos en la ONU

El diputado insistió en que se deberían agotar todas las instancias diplomáticas ante la Secretaría General de la ONU y cumplir con las diligencias necesarias para reivindicar el Acuerdo de Ginebra. Acotó también que hay algunas diligencias sistemáticas indispensables en la CIJ, pero no para participar y aceptar esa jurisdicción para buscar solución a la disyuntiva limítrofe.  “No podemos quedar indefensos ante esta situación, para ello se requiere de un equipo jurídico de muy alto nivel“, aseguró.

Ante la participación del Parlamento con el Gobierno venezolano para buscar respuestas concretas a la problemática, Barragán hizo énfasis en que no puede haber una participación mutua con la “fraudulenta” Asamblea Nacional Constituyente, “esa es responsabilidad del Ejecutivo con el Poder Legislativo, no podemos entendernos con quienes no representan ni tienen representación alguna en el escenario nacional como son los tales constituyentistas”.

Reiteró que es deber del canciller Jorge Arreaza y del Presidente asistir a la AN sabiendo que “se trata de una República, debería ser un gesto de humildad y de desobedecer las órdenes de La Habana y hacer las diligencias del caso y un poco más de conciencia nacional; no puede ser que el Esequibo el Gobierno lo haya entregado de esta manera”.

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Intereses de lucro

El diputado Luis Barragán advirtió que detrás de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia “hay intereses que pugnan por atender y lucrarse del caso”, según información que obtuvo la fracción 16 de Julio que aún no ha sido confirmada.

Indició que se trata de intereses antinacionales que llevarían al Gobierno nacional a “decidir improvisadamente para acudir a la CIJ para litigar, como no debe hacerse”, lo que generarían “unos jugosos honorarios y hay corrientes que están presionando para ejercer esa representación en nombre del Estado”.

Añadió que existen “poderosísimos intereses” detrás de las exploraciones que han sido exitosas en la parte norte de Guyana, “no tenemos pruebas de que haya allí un intento de soborno de funcionarios algunos, pero obviamente que esa cantidad de recursos puede deducir tentador frente a una dictadura que está caracterizada por la corrupción generalizada”.

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