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¡Impunidad! Denuncian que en Venezuela solo hay corrupción “cuando el Gobierno lo dice”

El Cooperante | 23 marzo, 2018

Caracas, 23 de marzo.– La directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, denunció que la institucional del país limita los procesos que podrían llevarse a cabo contra el presidente Nicolás Maduro y su entorno, ya que “sin controles se favorece la corrupción y la impunidad”.

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Pese a las denuncias que se han realizado sobre presuntos hechos de corrupción en empresas del Estado y de los señalamientos respecto a ilícitos en operaciones con moneda extranjera, la debilidad , dijo.





Añadió que desde el TSJ se han frenado las investigaciones como ocurrió en 2016 con Pdvsa, cuando se obstaculizó el proceso parlamentario a Rafael Ramírez. Louza recordó que el Ministerio Público solo avaló el caso cuando hubo la orden política: “Aquí solo hay corrupción cuando el gobierno lo dice”.

Por su parte la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, dijo que la lista de investigaciones por presunta corrupción debe comenzar por Maduro e incluir a quienes firmaron contratos para la adquisición de bienes y servicios importados, y los contratos gigantescos para obras de viviendas, entre otros. De Freitas sostuvo que en el país hay un Estado controlado y solo podría ocurrir una investigación independiente si se retoma el camino del Estado de Derecho.

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, informó por su parte que en los próximos días viajará a Brasil para solicitar copia certificada de las declaraciones que relacionan a Maduro y su entorno con la corrupción de Odebrecht. En el caso, también salió a relucir que la constructora entregó 11 millones de dólares al publicista Joao Santana para la campaña de Hugo Chávez en 2012, cuando Maduro fungía de canciller.





La AN investiga la venta del Banco Industrial de Venezuela, la compra de alimentos, la adquisición de agroquímicos por Agropatria por un monto de 2.7 millardos de bolívares en 2013, además buscan más elementos de convicción sobre los ilícitos en la industria petrolera y en el sector eléctrico, entre otros.

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