Incluida la presidenta del TSJ: EE. UU. sanciona a 16 funcionarios venezolanos

Caracas / Foto: Archivo.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, sancionó este jueves a 16 funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, por su implicación en "obstrucciones al proceso electoral presidencial y violaciones de derechos civiles y humanos en Venezuela".

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Entre los funcionarios sancionados se encuentran altos líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes "habrían impedido un proceso electoral transparente y veraz, además de intensificar la represión mediante intimidaciones y detenciones arbitrarias".

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, declaró en un comunicado que su Gobierno está tomando "medidas firmes contra Maduro y sus colaboradores debido a la represión del pueblo venezolano y su negativa a permitir elecciones libres y justas".

Además, Adeyemo destacó que el país continuará empleando sus recursos para exigir responsabilidades y respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano.

Según EE. UU., desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes "han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición".

Ente estos actos incluyen la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador, Edmundo González Urrutia (González), que lo "obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España".

Con estas nuevas restricciones de visas impuestas, casi 2.000 personas han sido sujetas a restricciones de visas "por su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos", según señala el escrito.  

Lista de sancionados

La OFAC detalló que la medida se lleva a cabo en virtud de la Orden Ejecutiva 13692, que busca "bloquear propiedades y suspender la entrada de aquellos que contribuyen a la crisis en Venezuela".

Entre los designados se encuentra Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde 2014, quien ha sido acusado de "apoyar la legitimidad de la victoria electoral de Nicolás Maduro".

Otras figuras clave incluyen a Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ, y Juan Carlos Hidalgo Pandares, vicepresidente de la misma sala, ambos acusados de "descalificar a importantes candidatos de la oposición".

Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ desde enero de 2024, y Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ, también figuran en la lista. Se les atribuye haber "respaldado afirmaciones infundadas de Maduro sobre su victoria electoral":

La lista también incluye a Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia, así como a Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal del Ministerio Público, quienes han sido acusados de "perseguir y detener arbitrariamente a opositores y candidatos presidenciales".

Otros sancionados son Rosalba Gil Pacheco, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del CNE, ambos por implementar "reglas restrictivas que han afectado la transparencia electoral".

Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela, ha sido acusada de "utilizar motivaciones políticas en las detenciones de opositores".

Las sanciones también se extienden a altos mandos de la fuerza armada y del aparato de inteligencia del país, incluyendo a Domingo Antonio Hernández Larez, comandante operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), este último señalado por "tortura y violaciones de derechos humanos".

Otros sancionados son: Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN); Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por presuntamente liderar la “detención de miles de manifestantes pacíficos en favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio”; Johan Alexander Hernández Lárez, comandante de la REDI Capital, y Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 

¿Qué implicaciones traen las sanciones?

Según el comunicado, esta acción afecta a todos los activos que se encuentren en territorio estadounidense o que estén bajo el control de personas estadounidenses.

De acuerdo con las regulaciones, "todas las entidades que posean, directa o indirectamente, más del 50 por ciento de una o más de las personas bloqueadas también verán sus activos afectados".

Las transacciones por parte de personas estadounidenses que involucren estos bienes están prohibidas, salvo que cuenten con una licencia específica o general de la OFAC. Las consecuencias de violar la Orden Ejecutiva 13692 pueden incluir sanciones civiles o penales.

La OFAC también advirtió que las personas no estadounidenses "tienen prohibido contribuir a que ciudadanos estadounidenses violen las sanciones, ya sea de manera consciente o inconsciente".

Las instituciones financieras y otros organismos que interactúen con los individuos y entidades sancionadas "corren el riesgo de enfrentar sanciones o acciones coercitivas".

Sanciones anteriores

Esta medida se suma a las numerosas sanciones previamente implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conforme a la Orden Ejecutiva 13692, en su forma enmendada.

Desde el inicio de estas sanciones en 2017, la OFAC ha señalado a más de 140 individuos y 100 entidades en Venezuela. Entre los funcionarios sancionados se destacan figuras claves del gobierno, como el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido objeto de sanciones desde 2017. Otros nombres notables incluyen a Tarek William Saab, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, todos sancionados por su papel en la "erosión de la democracia y la represión de la disidencia".

La lista de afectados también incluye a altos mandos militares y funcionarios del Consejo Nacional Electoral, así como exmiembros del Tribunal Supremo de Justicia, todos identificados por su implicación en "actividades que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos".