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Industriales sostienen que decreto económico de Maduro ocasiona pánico en el sector

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El Cooperante.- El estado de emergencia económica decretado el viernes por el presidente Nicolás Maduro representa una nueva arremetida contra los empresarios, pues amplía las atribuciones del Ejecutivo y pone en riesgo la libertad económica y el derecho a la propiedad privada, afirmaron directivos de Conindustria y Cedice Libertad, reseñó El Nacional.

“Son muy delicadas las restricciones a la libertad económica y a la propiedad privada que se establecen en el decreto. Esto es como darle un cheque en blanco a un gobierno que ha sido el creador de las distorsiones que hay en el país. Pedimos que no se apruebe tal cual como fue presentado, eso implicaría un enorme riesgo de desacelerar aún más la economía.”, afirmó Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria.

El directivo aseguró que uno de los errores que hay en el decreto, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6214, es catalogar la situación económica actual como excepcional, extraordinaria y coyuntural, pues a su juicio el gobierno abonó el camino para que ocurrieran los desequilibrios actuales con la implementación de controles de cambio, de precios y de distribución de alimentos.

“Los preceptos del decreto son equivocados y lo que deriva de allí es peligroso. Dicen que hay una inflación inducida, cuando el aumento de los precios es el resultado de la política del Banco Central de Venezuela de emitir dinero inorgánico cuando no hay suficiente producción de bienes. También dicen que hay un valor ficticio de la divisa, cosa que no existe. Ficticio es el dólar a 6,30 bolívares, que cuando se va a solicitar no está”, indicó.

Señaló que el numeral 7 del artículo 2 que le da al Ejecutivo la potestad de pedirle a las empresas que produzcan más es una burla. “El gobierno tiene en sus manos los mecanismos para que las empresas aumenten su producción. Una de las primeras cosas que pueden hacer es pagar la deuda que hay con los proveedores extranjeros de materias primas”.

Rechazó que el numeral 8 del mismo artículo le permita al gobierno requerir bienes privados que considere necesarios para atender la emergencia económica. “Con esto se abre la posibilidad de que se pueda expropiar cualquier bien. Lo que hay que hacer en este momento es generar confianza, no pánico”, dijo.

Garantizar la seguridad jurídica para que los empresarios nacionales sientan confianza, así como para atraer inversiones extranjeras que ayuden a aumentar los niveles de producción actual ha sido una de las peticiones constantes, dijo.

Por su parte, Isabel Pereira, sociólogo y directora de políticas públicas de Cedice Libertad, coincidió con Olalquiaga sobre las restricciones que establece el nuevo decreto y aseguró que se trata de un  texto político que no busca solucionar los problemas económicos.

Anticipó que con la normativa ocurrirán más actos de violencia contra empresas, productores, procesadores, transportistas y cadenas de distribución existentes en el país. 

 

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