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La Lupa

Informe de la FFMM de la ONU: persiste la agresión institucional

El día 20-9-22 la misión de la ONU nombrada en 2019 para investigar la violencia del Estado contra ciudadanos que se oponen al gobierno (conocida como la FFM), presentó su tercer informe. El primero, en septiembre de 2020, analizó casos de violaciones a los DD.HH de tipo político y de seguridad ciudadana, como la de las FAES. El segundo, en 2021, examinó cómo el sistema de justicia opera en contra de la oposición. El tercero -que es el que se comenta aquí- examina cómo el Sebin y la DGCIM reprimen a la oposición. Igualmente, el tercer informe analizó la situación de los DD.HH en el Arco Minero. El informe de la FFM fue presentado en la comisión de los DD.HH de la ONU el día 26-9-22. Su mandato fue renovado por dos años en la sesión de esta instancia del día 4-10-22. En este escrito, me centro en la responsabilidad política del gobierno que se deriva de lo hallado por la FFM

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Caracas.- Cuando la FFM de la ONU presentó su primer informe el 16-9-20, en ese entonces no escribía para El Cooperante. Hay que recordar que esta misión fue designada el 27-9-19 por el consejo de DD.HH de la ONU “para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas” (informe corto de la FFM de septiembre de 2020, punto 1). Por eso sus siglas “FFM” que significan, “Fact Finding Mission”, algo como una misión para encontrar o validar hechos relacionados a la agresión institucional del Estado contra la oposición y ciudadanos (para la psicología social, se define como toda forma de violencia que se hace de manera intencional; la que tiene “nombre y apellido” y no es “random”). 

El día 17-9-20 en mi blog “Mesa de trabajo” escribí un largo artículo sobre el primer informe y sus implicaciones políticas. La entrada se llamó, “El informe de la misión de la ONU con fecha 16-9-20” (una de las entradas con mayores vistas del blog, por cierto).

Hace dos años destaqué que, “Este documento marca de por vida la reputación y destino de Maduro, de su gobierno, y todos los señalados. La represión desde el Estado es una constante en la historia de Venezuela, no es nueva; sea por motivos políticos (la lucha armada), sea para abordar la inseguridad (el ‘plan unión’ o la ‘ley de fuga’ de los 80’s). Pero tal vez sea el primer caso en donde se documenta de forma tan detallada, lo que lo hace un documento testimonial el cual será de referencia obligada en el futuro y para el momento de la alternancia en el país, sobre lo que el Estado no puede hacer o si ocurre, lo que no debe hacer frente a un conflicto político”.

¿Qué ha pasado en dos años? El día 20-9-22 la misión entregó un tercer informe. Como en 2020, la FFM elaboró un informe corto y uno largo. Tanto en 2020 como en 2022, el informe corto es de 21 páginas. En los largos hay diferencias en la extensión: 443 y 118 páginas respectivamente. Los informes de este año se pueden obtener haciendo click aquí.

En el informe de 2022 se detallan las acciones de la DGCIM y del Sebin en sus actividades de represión contra personas opuestas al gobierno de Maduro. Es un informe acotado a cómo reprimen estos organismos, cómo es su organización, y cuáles son los procedimientos y métodos para agredir a opositores.

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El de 2020 fue un informe transversal en el sentido que se analizaron casos en donde estuvieron involucrados cuerpos de seguridad civiles y militares, tanto en la represión política como en la represión policial. Es decir, la unidad de análisis fueron casos de personas. En 2022 el enfoque es diferente. La unidad de análisis son estructuras de seguridad del Estado que reprimen, torturan, y extorsionan a personas que se oponen al gobierno de Maduro.

El informe de 2022 incluyó la situación de los DD.HH en el arco minero. Sobre esta parte no haré comentarios. Me limito a examinar lo relativo a la violencia política desde el Estado a través de la DGCIM y del Sebin.

En el punto 23 del informe corto de 2022 la misión concluyó que, “En su informe de 2020, la Misión llegó a la conclusión de que había motivos razonables para creer que las violaciones y los delitos cometidos en la República Bolivariana de Venezuela formaban parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, en el contexto de una política de supresión de la oposición al Gobierno. La Misión identificó seis estructuras principales responsables de la comisión de violaciones de los derechos humanos y delitos comprendidos en el mandato de la Misión”.

Me llamó la atención el revuelo causado por el tercer informe. No por el estremecimiento en sí, que está justificado porque son documentos que detallan cómo el Estado trata a los ciudadanos que se oponen al gobierno. Sobre esto haré un comentario polémico más adelante.

Por lo pronto, los informes de la misión tanto de 2020 como de 2022 evidencian la brutal violencia del Estado contra ciudadanos de una manera muy detallada. En más de 500 páginas -si se suman las páginas de los informes de 2021 y 2022- hay detalles y precisiones sobre casos de violación a los DD.HH que indudablemente tienen que estremecer por lo violento y cruel. No solo porque se salen de la constitución y de los valores que deben regir una sociedad democrática, sino por la situación de indefensión, humillación, y vulnerabilidad a la que fueron sometidos ciudadanos por parte de policías dirigidas por el ejecutivo de Maduro.

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Da coraje cómo el Estado acaba con la vida -física o moral, o las dos- de personas. Puede hacerlo cuando quiere, como quiera, y sin rendir cuentas. Incluso, la misión documentó casos de extorsión a detenidos. No solo hay casos de agresión institucional –torturas- sino que son robados por funcionarios del Estado. Un pillaje amparado en instituciones de seguridad. El botín que se saca a quienes no pueden defenderse. Una verdadera cobardía. El revuelo de la sociedad por el tercer informe -que estremece tanto como el primero, aunque éste parece olvidado- está más que justificado. Es inmoral, es cobarde emplear todo el poder del Estado contra ciudadanos, y hacerlo de manera organizada como revela el informe de la FFM.

Aquí viene mi comentario polémico. Si no soy el único, debo ser de los pocos opositores que le da a Maduro una razón en el tema del conflicto político. Esa es mi principal diferencia con la oposición que tuvo el poder entre 2013 y 2021, distancia que es y será insalvable. Ojala algún día podamos decirnos “cuatro vainas bien dichas”. Hace mucha falta.

El punto a favor de Maduro es que esa oposición optó por una estrategia insurreccional, desde distintas maneras, políticas o violentas, abiertas o encubiertas. Partió de un mal análisis, acicateado por un clima de opinión que se sintió poderoso. Esa oposición hizo una trágica evaluación a la luz de hoy pero también de ese pasado: “Chávez murió, no hay chavismo sin Chávez, Maduro es un bolsa, lo impusieron los cubanos, y no va a durar. Es ahora o nunca”. De allí La Salida hasta la Operación Gedeón, pasando por otros hechos insurreccionales sustentados en la tesis de la “presión y el quiebre”.

Esa oposición dominó a las otras oposiciones con el chantaje y la estigmatización, tanto en la versión de los “policías buenos” como la de los “policías malos” que existían durante esos años. Hoy todavía existen, pero están venidos a menos, como se observa en redes sociales.

Lo que hubo fue una lucha por el poder. La oposición quiso tumbar al gobierno y éste no se dejó.

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La misión dejó ver esta posibilidad en su informe de 2020 al puntualizar que (punto IV.A.21 página 4 del informe de 21 páginas), "(…)También (la oposición, N. R) ha involucrado a elementos dentro de las fuerzas armadas venezolanas, que intentaron por la fuerza derrocar al Gobierno. Ante las amenazas de desestabilización, el aparato estatal venezolano respondió con tácticas y medidas represivas" (subrayados míos).

Pero no solo en 2020 se dejó ver esta política insurreccional por parte de cierta oposición. En la resolución para prorrogar el mandato de la FFM por dos años hasta septiembre de 2024, el consejo afirmó que la solución al conflicto político es de los venezolanos, “(…)sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de inteligencia”. Esta oposición demandó una acción militar de países en contra de Venezuela (la famosa “intervención humanitaria” con el cuento de “esto es peor que Siria” o invocar el TIAR). Que ahora no sea “políticamente correcto” hablar de eso porque se quiere imponer el “clima unitario” y la “promoción y defensa del voto”, es otra cosa, pero son los hechos que no se pueden borrar.

En ese evitar que lo tumbaran el ejecutivo pasó la línea de las normas y cometió actos brutales contra los DD.HH y trató a opositores como “enemigos” en la lógica de la terrible Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Eso es responsabilidad del presidente Maduro y de su gobierno.

Saltarse los límites de las instituciones tuvo como consecuencia el deterioro de éstas lo que, a su vez, potenció que se violaran los DD.HH de todo tipo y se crearan estructuras represivas como las que analiza el informe de la FFM. Ya en 2020, la misión lo había detectado. Por eso, también, me sorprendió el revuelo en la opinión pública. Como si el informe de 2020 no hubiera existido. Sus casi 450 páginas estremecen por la impotencia que se siente al hacer un “role playing” con la vulnerabilidad de los detenidos.

Un Estado democrático y social de derecho y de justicia como define la constitución al Estado venezolano, tiene -es obligatorio- que saber cómo tratar situaciones de amenazas a la estabilidad política que no sea repetir la vergonzosa historia de la represión política venezolana. Sea la de Gómez, sea la de Pérez Jiménez, sea la de la democracia de AD-Copei, o la del chavismo. La constante en la historia de Venezuela es la agresión destructiva contra opositores a gobiernos.

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La brutal respuesta del Estado a la insurrección de la oposición produjo la desinstitucionalización que potenció la violencia del Estado. En 2020 la FFM expresó que "Las violaciones documentadas en este informe se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela desde 2014. El debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales dio lugar a una creciente impunidad, lo que exacerbó las violaciones"(subrayado mío. Punto III.12 página 3, informe corto).

Que le conceda y reconozca al gobierno de Maduro que tuvo que enfrentar una oposición insurreccional que buscó derrocarlo desde que asumió en 2013 -con la participación de países como los EUA y grupos como el de Lima- no exime a su gobierno de responsabilidades penales si vienen al caso, pero principalmente políticas. Penales para personas con autoridad en las policías, que abordará la justicia local o externa –espero sea la local- o alguna instancia de justicia transicional como la que uno observa en Colombia con la JEP, en donde agresores dan la cara a las víctimas por sus actos de agresión, que también espero suceda en nuestro caso.

Otra afirmación polémica. No voy a hablar de Maduro, Cabello u otras figuras políticas como “torturadores” para los aplausos en tuiter o en la vida real. Reitero que no me interesan ni las ovaciones, ni el reconocimiento, ni el respeto en la vida real o digital. 

Sencillamente, mi motivo para no hacerlo es porque el mismo informe señaló -tanto en 2020 como en 2021- que “La Misión siguió utilizando el criterio de ‘motivos razonables para creer’ como estándar de prueba. Este estándar probatorio es inferior al exigido en los procedimientos penales para una condena (más allá de toda duda razonable), así como al requerido para mantener una acusación. Este estándar se cumple cuando se ha reunido información fáctica capaz de satisfacer a un observador objetivo y normalmente prudente de que el incidente se ha producido tal como se ha descrito, con un grado razonable de seguridad” (subrayado mío. Informe corto de 2022, punto 16).

El criterio usado no tiene la resistencia para una acusación penal. Es una suerte de criterio de plausibilidad ¿Es razonable pensar que el gobierno de Maduro cometió graves violaciones a los DD.HH para evitar ser derrocado? Sí es plausible ¿Es razonable pensar que los detenidos son maltratados (torturados y extorsionados)? También es plausible. Ese fue el criterio de la FFM cuyos hechos deben ser sustanciados y probados. La plausibilidad no es prueba, pero sí un indicio o hipótesis para investigar hechos y posibles responsables.

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Todos podemos tener una experiencia directa o indirecta con situaciones de violencia o extorsión desde el Estado (las alcabalas o la “matraca”, por ejemplo). Incluso, no es necesario que exista una FFM para documentar esas experiencias. Investigadores venezolanos han registrado la represión del Estado con la misma precisión que la FFM, como es el caso de investigador de la UCV, Keymer Avila, quien ha producido artículos e informes acerca de la agresión institucional contra ciudadanos que habitan en zonas populares durante operaciones policiales. 

En mi caso, tengo dos experiencias directas, tanto durante AD-Copei con como el chavismo.

Durante AD-Copei, cuando estudié en la UCV, fue una época de protestas -hacia el final del gobierno de Jaime Lusinchi- y tenía compañeros “ñángaras” ¡Ah, esa formación para la agitación, que tanto los de la “derecha” como los de la “izquierda” se precian incluso hoy, como si fuera la gran cosota! y eran detenidos por la PM y la Disip. Aunque “no eran de los míos” -soy socialdemócrata, no soy “ñángara”, ni “cabeza caliente”, ni le “tiré molotov a tombo”, ni “cerré calle”, ni “esquivé lacrimógenas”, ni creo en la “agitación”, no es mi historia- por “el servicio” pude entrar a las policías. Fui a una cosa que se llamaba “la Disip de Los Chaguaramos” y también asistí a otra cosa horrible, espantosa, que llamaban “la zona 7 de la PM” cerca de un edificio que denominaban “el Giorgio”, para ver el estado de los compañeros, si necesitaban algo, y si querían que llamara a alguien. No sé si todavía existirán, pero por el informe de la FFM, en 35 años las cosas no han cambiado mucho. Al menos en la “estética de la seguridad y la represión”.

Nuestras élites serán muy viajadas, cultas, y educadas, pero son básicas, patrimonialistas, extractivas, autoritarias, incompetentes, y chafarotas. 

Durante el chavismo, la primera, cuando las elecciones presidenciales de 2018. El CNE todavía no había dado los resultados y por alguna razón, el DGCIM llegó a donde vivo. Buscaban conspiradores. En esa “búsqueda”, el despliegue de los funcionarios fue extremadamente agresivo, para asustar y paralizar a civiles, como si fueran dueños de las personas.

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La segunda, fue en la época de Chávez. En ese entonces, un dirigente político me planteó explorar la posibilidad de hacer con los comisarios de la PM -Vivas, Forero, y si la memoria no me falla, Simonovis- algo parecido a lo que la izquierda hizo con David Nieves en las elecciones de 1978. Postularlos como candidatos a diputados para lograr su libertad. La propuesta tenía una debilidad porque era para diputaciones regionales -en las elecciones de 2008- pero igual se intentó porque se quería hallar una vía para liberarlos.

Con este dirigente político fui al Sebin el día de la visita. Lo que me impresionó fue no ver luz natural. Como es una cúpula a la que se sube como una hélice, subimos, subimos, subimos -es lo que creo- porque no vi luz natural, hasta llegar a lo que creo fue una parte alta con celdas y un espacio para visitas. Había un comedor y allí nos reunimos con los comisarios para hacer la propuesta. Al final la idea no cuajó. No sé por qué. Tal vez porque eran elecciones regionales. Todo este cuento para decir que me llamó la atención que no había luz natural en donde estaban los comisarios. Yo perdí el sentido del tiempo en el rato que estuve. Por eso digo “creo” que subimos o llegamos. Hubiera enloquecido inmediatamente si me detienen y me llevan a un sitio así.

La falta de luz no ha cambiado en casi tres lustros. En el informe de 2022 se halló que “Exdetenidos describieron las condiciones de detención como indignas, con celdas hacinadas. Las celdas carecían en su mayoría de luz natural y de agua y como a las personas presas sólo se les permitía una visita diaria al baño, muchas tenían que orinar en botellas de plástico” (subrayado mío. Informe corto de 2022, punto 64) Entonces ¿Me parece plausible ese hallazgo del informe de la FFM de 2022? Sí, lo vi en 2008 (la falta de luz natural).

También conozco a personas cuyos familiares murieron en el Sebin, luego de ser detenidos. Personas con problemas de salud. Murieron apresados y la vida de esas familias giró y cambió en torno a la represión del Estado ¿Que si me parece plausible que la represión del Estado cambió la vida a familias y en sus actividades cotidianas? Sí, absolutamente. 

¿Qué si me parece plausible que Maduro, Cabello, Cilia, o Delcy, ordenaron de manera directa agresiones a personas? No. Por dos razones.

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La primera que, en sus recomendaciones a la comunidad internacional, la FFM planteó iniciar “acciones legales” contra las personas responsables de violar DD.HH. Pero no dice los nombres, aunque están a largo del informe ¿Por qué no hizo la lista al final, en las recomendaciones, si hay esa certeza de los nombres?

La repuesta no es por el “debido proceso”, porque ya lo recomiendan en el punto 461 del informe largo de 2022. Pudieron poner los nombres con la acotación del “debido proceso” si hay una seguridad. Justamente ese es el punto: para una acusación de ese tipo se necesitan certezas, no solo hechos plausibles. Plausible puede ser -a Maduro le gusta “entrompá”- pero ¿hay certezas que realmente fue así? No es solo decir que Maduro “daba órdenes verbales o por teléfono” a Hernández Dala. Es evidente que, si los hechos sucedieron como la FFM afirma que pasaron, las órdenes no serían por escrito. Al menos, no órdenes de ese tipo. No lo esperaría y no hace falta un informe de 118 páginas para decirlo ¿Hay otros elementos para, al menos, una “plausibilidad más sólida” en el punto de las “órdenes directas”?

La segunda es porque una de las fuentes, el exdirector del Sebin, Christopher Figuera, no me produce confianza alguna. El general señaló que Maduro daba órdenes de manera directa (punto 269 del informe largo de 2022), y que le dijo “trata de mantener buenas relaciones con Diosdado Cabello”, porque éste solicitaba del Sebin informes de inteligencia (punto 271 del informe largo de 2022).

Tanto en 2020 como en 2022 la misión expresó reservas hacia Figuera. En 2020 la FFM comentó que “La Misión habló con el ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el General Christopher Figuera. La Misión es consciente de su papel reconocido en el intento de golpe de Estado de abril de 2019 y de su intención expresa de implicar al Presidente Maduro en la perpetración de graves delitos. La Misión observa que no ha recibido ninguna información del Gobierno, a pesar de las solicitudes, y por lo tanto no tiene información compensatoria que contradiga los puntos alegados por el General Figuera. La Misión se ha basado en parte de la información proporcionada por el Sr. Figuera, citada a lo largo del presente informe, aplicando el estándar de prueba razonable. Al hacerlo, la Misión observa que otra información recibida, incluso por otras personas con información privilegiada, corrobora partes de las declaraciones proporcionadas por el Sr. Figuera y que la información proporcionada por el General Figuera era, a primera vista, internamente coherente y plausible (subrayados míos). Este tema nuevamente lo reiteró el informe de 2022 (punto 24 del informe largo).

La FFM le otorgó credibilidad a Figuera solo porque el gobierno no respondió a sus solicitudes para que diera su versión y porque otras fuentes no identificadas corroboraron lo que Figuera dijo. En mi opinión, no es suficiente para señalamientos de ese calibre. Más en el caso de Figuera, quien tiene motivos para justificarse y decir lo que dice, ahora que está en los EUA y lucha por salvarse.

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No creo plausible que hayan dado órdenes directas. Sin embargo, dar órdenes directas es una cosa, pero eso no excluye la responsabilidad del gobierno de Maduro en la represión. Por una razón importante: el lenguaje público tanto de Maduro como de Cabello pudo promover la agresión de funcionarios a opositores detenidos. Es un lenguaje bastante bajo y destructivo, que hoy les pesa tanto a Maduro como a Cabello.

En el primero -Maduro- en una entrevista -a Semana o Bloomberg- el embajador de Colombia, Benedetti, comentó que Maduro le solicitó plantear a los más importantes empresarios de Colombia que vinieran a reunirse con el presidente venezolano en persona. Benedetti señaló que los empresarios no accedieron porque Maduro “tiene detalles con los DD.HH”. Con este tercer informe de la FFM, tendrán menos ganas de venir.

Con Cabello, también le pesa. Su “operación tun tun” –que tanta gracia causaba en su programa de los miércoles- o lo que hoy dice en su programa, ahora le pesa (punto 61 del informe largo de 2022). A partir del lenguaje de Maduro y Cabello, luce plausible pensar que funcionarios los hayan usado como pretexto para agredir a detenidos (punto 73 del informe corto de 2022).

Un presidente y un diputado con un lenguaje tan arrabalero con el que creen que impresionan y asustan –aplaudido por los “jalabolas habituales” que juran que así van a ascender en la “escalera del poder”- el cual promueve la agresión institucional. Hay una responsabilidad política y moral por eso.

Eso no se va a acomodar al atacar a Boric, por ejemplo, como hace Cabello. Los hechos no pueden revertirse, y queda la responsabilidad política tanto de Maduro y Cabello en el uso de un lenguaje deshumanizante y estigmatizante. “Shame on them”.

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Incluso, si se obvia lo de las “órdenes directas”, ya el informe de la FFM tiene elementos para que el presidente Maduro hubiera pedido una investigación. Al menos eso.

Entro en lo que me parece más importante del informe de 2022. No es que lo demás no lo sea, pero ya en 2020 se ofrecieron precisiones sobre la sanguinaria represión del Estado. En 2022, en cambio, con el tema de las instituciones, hay novedades que son relevantes y que, a mi modo de ver por la respuesta del gobierno, muestran debilidades y vacíos, por lo que le doy crédito al informe de la FFM en esos puntos en particular. Veamos.

Los puntos 10 al 13 del informe corto de 2022 señalaron -los cito in extenso porque no pueden resumirse, por lo que quiero plantear- lo siguiente:

“Las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia siguen siendo un motivo de especial preocupación para la Misión. Las reformas que han venido anunciándose desde 2021 se han implementado de forma parcial —en el mejor de los casos— y no han abordado las graves deficiencias del sistema de justicia, que socavan su independencia e imparcialidad.

“En enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, reduciendo el número de magistrados de 32 a 20. La ley permite reelegir a las y los magistrados activos, que de otro modo no habrían podido seguir ejerciendo su cargo más allá del límite de 12 años estipulado en la Constitución. Como resultado, 12 de los magistrados que estaban en activo fueron reelectos y siguen ejerciendo poderes discrecionales sobre los nombramientos y ceses de jueces y juezas provisionales . Además, el nombramiento provisional de fiscales sigue sin resolverse. Ello se da en un contexto de preocupación por la independencia del Comité de Postulaciones Judiciales , tal como la Misión ha señalado anteriormente .

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“Los plazos de los procedimientos penales, incluida la detención preventiva, se han reducido mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal adoptada en octubre de 2021 . Sin embargo, en los casos documentados por la Misión, en la práctica, dichos plazos, sistemáticamente, siguen sin cumplirse.

“En septiembre de 2021, la Asamblea Nacional también modificó el Código Orgánico de Justicia Militar, estableciendo que ningún civil puede ser juzgado por tribunales militares. La Misión, sin embargo, lamenta la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de diciembre de 2021 que permite que los tribunales militares sigan ejerciendo la jurisdicción sobre personas civiles, con el único requisito de que medie un auto motivado por parte de un juez militar (subrayados míos).

La respuesta del gobierno, vía cancillería, me parece pobre y en su generalidad, dejó ver que lo hallado por la FFM de la ONU tiene base. Esto puntualizó el ejecutivo en un comunicado con fecha 26-9-22, del que hago una versión:

“La República Bolivariana de Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

“(…)Es muestra patente del doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía de aquellos Estados que no se someten a los designios de control hegemónico anhelado por algunas potencias.

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“(…)En esta ocasión, a través de un nuevo pseudo informe, sin el más mínimo sustento metodológico ni contacto directo con la realidad del país, se pretende seguir atacando a las instituciones venezolanas(…)

“(…)Venezuela reitera su absoluto desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas que, a través de sus pronunciamientos, aúpa y alienta a los sectores más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y la desestabilización del país.

“(…)Finalmente, Venezuela ratifica que continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, siempre sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo” (subrayados míos).

Ya el lenguaje para descalificar sugiere debilidad en la posición del gobierno. Como cierta oposición, cree que con negar la realidad y esconderse detrás de un discurso “auténtico”, es suficiente para evadir los hechos.

En vez de afirmar que la FFM “no tiene contacto con la realidad venezolana”, el ejecutivo y el parlamento -el informe de la FFM cuestiona las reformas de la asamblea nacional porque no se llevan a la realidad- deben ofrecer información concreta, con un sí o un no. Así de sencillo:

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¿Siguen los nombramientos provisorios de fiscales y la discrecionalidad con jueces que magistrados del TSJ tienen? Sí o no.

¿Se cumplen los nuevos plazos para las detenciones que estableció la reforma del COPP? Sí o no.

¿Se ha aplicado la sentencia del TSJ de fecha 9-12-21 en el caso de los juicios a civiles por parte de la justicia militar? Sí o no.

Son respuestas para un sí o un no. Importantes porque no solo es la necesidad de justicia, que no haya impunidad, sino construir las instituciones que eviten que hechos como los descritos en el informe de la FFM se repitan en el futuro como es probable que suceda. Por ejemplo ¿Hay algún cuadro que muestre las detenciones versus los plazos establecidos en el COPP? X detenidos, tantos de Y procesados en los plazos Z, y así por el estilo. 

La bancada de la oposición en la AN puede solicitar un derecho de palabra y preguntar a la presidencia del parlamento o a las comisiones respectivas, si lo señalado por la FFM en cuanto a la reforma judicial es así o no. Aunque la mayoría de la bancada oficial negará el punto, hay cosas que hay que preguntar, así sean incómodas o al gobierno no le vayan a gustar. Igualmente puede demandar la interpelación de los funcionarios de seguridad señalados. Así sea una interpelación a puerta cerrada, pero demandar ejercer la función contralora que la carta magna estableció para la asamblea nacional. 

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También la defensoría del pueblo pudiera decir algo. Aunque sea bajito para que nadie del gobierno se moleste. Pero afirmar algo. Puede preguntar por el tema de los lapsos del COPP o los juicios militares a civiles. O pudiera hacer un compendio de los artículos más importantes sobre DD.HH en la legislación venezolana que se pueda bajar por internet. Algo como el “Human Rights Act” de 1998 promovida por el gobierno de Tony Blair, al que hay que criticar pero esta ley es uno de los mejores aportes de su gobierno no solo para UK.

En la resolución que aprobó renovar el trabajo de la FFM, hay una indirecta tanto al gobierno como a la oposición que es muy interesante en lo político.

Expresó el documento que, “Afirmando su profunda convicción de que solo puede haber una solución pacífica y democrática a la crisis actual de la República Bolivariana de Venezuela y de que esa solución incumbe al pueblo venezolano, sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de inteligencia, y requiere la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y limpias, de conformidad con las normas internacionales, y expresando apoyo a las gestiones diplomáticas pertinentes al respecto, como las conversaciones en curso en Ciudad de México” (subrayados míos).

El texto afirma que la salida a la crisis política es la negociación para acordar unas elecciones presidenciales (y parlamentarias). La resolución destacó que esta búsqueda es sin intervenciones externas. El espacio es México.

En otras palabras, se le envía tanto al gobierno como a la plataforma un mensaje para que retomen México. Puede ser lo que los países ven. Una regularización del conflicto pero que debe conducir a una negociación política.

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Este tono también se observó en las exposiciones de países en la asamblea general de la OEA que terminó el 7-10-22. Por ejemplo, lo afirmado por Ecuador. Lo que me llamó la atención es que se separa a Venezuela de otros casos como Cuba o Nicaragua.

Tengo una hipótesis bien osada para explicarlo: ven que en Venezuela no se llegó al punto de Nicaragua o Cuba. Los países reconocen que el gobierno de Maduro abusa, pero al mismo tiempo ven un espacio de pugnacidad política. Sin decirlo, invitan tanto al gobierno como a la oposición a aprovecharlo.

En otras palabras, que Venezuela todavía no es un caso perdido sino que se puede actuar desde el punto de vista político. El mensaje tanto al gobierno como a la oposición es algo como, “no pierdan esta oportunidad”. Ojalá la aprovechen y no se dejen atrapar, otra vez, por los “duros”, grupo que está muy, pero muy bien y cómodos, aunque hablan como si estuvieran “en las trincheras de la lucha”. 

Termino este artículo con la cita con la que finalicé la entrada del blog de septiembre de 2020. A la luz de este tercer informe de la FFM, no es mucho lo que cambiado.

Fue una cita de un discurso de Andrés Eloy Blanco en 1936 en Puerto Cabello, cuando echaron al mar los grillos de la represión gomecista. El “poeta del pueblo” transmitió con sentimiento y convicción de quien sufrió la represión del “benemérito” que, “Hemos echado al mar los grillos de los pies. Ahora, vayamos a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza, porque la ignorancia es el camino de la tiranía. Hemos echado al mar los grillos en nombre de la Patria. Y enterraremos los de la Rotunda. Será un gozo de anclaje en el puerto de la esperanza. Hemos echado al mar los grillos. Y maldito sea el hombre que intente fabricarlos de nuevo y poner una argolla de hierro en la carne de un hijo de Venezuela".

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Parece que los grillos no los terminamos de lanzar al mar en 1936. Siguen con nosotros. En lo que al gobierno de Maduro se refiere, los grillos de su represión de 2020 persisten en 2022. Parafraseando al poeta sucrense, “malditos sean los hombres que ponen grillos a quienes se oponen a un gobierno”.



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