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Informe de la ONU dice que Dgcim y Sebin cometieron crímenes de lesa humanidad

La Misión sobre Venezuela reveló que las torturas de los organismos de inteligencia fueron “un plan” de Maduro “para reprimir a la disidencia”

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Caracas. La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV) presentó este martes su tercer informe anual, en el que advirtió sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

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También se centró en la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar, además los investigadores determinaron que las torturas de los servicios de inteligencia no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.

El informe concluye que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.

Martha Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU dijo: “Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”.

La Misión documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a “tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” ejecutados por efectivos del Dgcim en la sede del organismo de inteligencia ubicada en Boleíta, estado Miranda, “y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.

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Asimismo, detalló que el Sebin perpetró actos de tortura y maltrato contra detenidos, incluyendo políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos, en el centro de detención de El Helicoide, en Caracas.

“Hicieron un amplio uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos (...) Fueron parte de una maquinaria orquestada por el gobierno de Maduro para reprimir a la disidencia”.

El informe subrayó que los responsables de los hechos fueron el actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón y a Ronny González, meintras que sobre la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko, quienes habrían actuado por ordenes directas de Maduro y de Diosdado Cabello.

¿Qué más dice el informe?

Por otra parte, la Misión de la ONU registró la privación ilegal de la vida, desapariciones, extorsión, castigos corporales, violencia sexual y de género en el Arco Minero del Orinoco.

“Las autoridades no sólo no han impedido ni investigado estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que indica la connivencia entre el Estado y los agentes de la ANS en algunas partes del estado Bolívar”.

Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión dijo que la situación en el estado Bolívar y otras zonas mineras es preocupante, debido a que las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en la violenta batalla entre el Estado y los grupos criminales armados por el control del oro.

"Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona del país casi olvidada que, al mismo tiempo, genera grandes cantidades de riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales".

En su primer informe presentado en septiembre de 2020, la Misión había denunciado los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, perpetrados por agentes estatales desde 2014, al tiempo que en el segundo reporte, presentado en 2021, los expertos centraron su investigación en la respuesta del sistema de justicia a las violaciones de derechos humanos.

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