Informe de la ONU revela profunda crisis de derechos humanos en Venezuela

Caracas/Foto: Cortesía.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) publicó este viernes su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco del 56° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional.

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El informe reportó que los venezolanos “continuaron enfrentándose a importantes desafíos para ejercer y disfrutar de sus derechos”, entre el periodo de mayo de 2023 y abril de 2024. En el mismo, la oficina documentó los avances y obstáculos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, al ambiente sano, Estado de derecho, espacio cívico y la aplicación de recomendaciones previas.

“Las deficiencias en el acceso y el suministro de servicios públicos, como agua, electricidad y combustible, siguieron agravándose. A pesar de que las cifras oficiales indican un crecimiento del producto interno bruto del cinco por ciento en 2023, los desafíos económicos reportados como la alta inflación y la devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, persistieron y continuaron restringiendo el poder adquisitivo, afectando desproporcionadamente a los grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad”, destaca.

La oficina también expone que la escasez de fondos y personal sigue debilitando los sectores de la sanidad y la educación, los cuales reportaron menor capacidad monetaria entre 2022 y 2023, que en estos últimos 13 meses. El salario mínimo oficial se ubica en 3,61 dólares mensuales, lo que "reduce efectivamente las pensiones y contribuye al aumento de los niveles de pobreza y a la falta de acceso a productos esenciales". Tal situación genera -detalla- “gran preocupación” sobre el derecho a un nivel de vida adecuado de la población.

Derechos a la salud y espacio cívico en Venezuela

La ONU comunica que en el último año, el sector sanitario tuvo que sortear retos adicionales, lo que limitó el acceso y la prestación de servicios asequibles y de calidad.

“Había una escasez del 27,2 % de los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades comunes como la diabetes, las convulsiones y las infecciones respiratorias. El ACNUDH documentó cuatro casos de pacientes con fibrosis quística con acceso limitado al tratamiento debido al elevado coste, unido a la falta de disponibilidad de los medicamentos necesarios. También se informó de la escasez de equipos y suministros médicos en los hospitales, con aproximadamente un 35 % de escasez”, sostiene.

Además, manifiesta que las zonas rurales y los territorios indígenas se ven “particularmente afectados” por las limitaciones en la distribución y suministro de los medicamentos. La Oacnudh exhortó al Estado a que adopte medidas para prevenir los abortos inseguros, así como la actualización de la información sobre la salud sexual y reproductiva en el país. 

En cuanto al espacio cívico y democrático, expresa preocupación por “diversos incidentes” que limitan la participación ciudadana; así como, la detención de dirigentes opositores a semanas de la elección presidencial, y la persecución y hostigamiento, mencionando casos como los de Rocío San Miguel y Javier Tarazona.

“Entre enero y marzo de 2024, 1.243 protestas y manifestaciones fueron registradas. Según una organización de la sociedad civil, el 73 % de las protestas registradas en este mismo periodo, levantaron preocupaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales”, se lee. 

Derechos ambientales y de las poblaciones indígenas

La OACNUDH documentó denuncias de degradación medioambiental, asesinatos, violencia sexual y trata de personas que afectan la vida y derechos de los pueblos Indígenas que habitan, especialmente, en territorios donde se desarrolla la minería ilegal.

“Los pueblos Indígenas de Venezuela se ven desproporcionadamente afectados por la malnutrición y la pobreza extrema, así como por la exposición a enfermedades y la degradación medioambiental, en parte debido a las actividades extractivas que se llevan a cabo en sus territorios”.

Por último, llamó al Estado a promover un “espacio pluralista” propicio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, a establecer garantías para la libertad de asociación, y a liberar a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente.