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La Lupa

Intervención de cárceles: no hay poderes paralelos y Maduro sigue "etapa gomecista"

Entre septiembre y octubre el Estado realizó la toma de tres cárceles muy conocidas, con fama de centros de grupos malandros: Tocorón, Tocuyito, y Puente Ayala. El gobierno señaló que las operaciones fueron “limpias”. El ministro Ceballos Ichaso indicó que "Podemos decir que Tocuyito está cerrado; hemos acabado en Venezuela con las estructuras criminales mal denominadas 'pranatos', eso se acabó". En esta cita está la visión del gobierno: no hay poderes paralelos, aunque en el pasado aceptó los “pranatos” por diversos motivos. Hoy el Estado está en una estrategia de estatizarse para darle solidez al sistema político chavista, que cierra 2023 con una ofensiva para consolidarse. Es un mensaje del gobierno no solo para Venezuela sino hacia el exterior: será un Estado autoritario, pero hay orden y paz. Continúa el proceso de “Maduro en su etapa gomecista”

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Caracas.- El tema de la represión del Estado vía TSJ y fiscalía contra las primarias y el referéndum sobre el Esequibo, dominan la agenda pública. Debería escribir sobre sendos asuntos. Ya lo haré. Tampoco todos podemos estar al habla de lo mismo al mismo tiempo. Sería fastidioso.

En este artículo me salgo de los temas de la agenda pública y me paseo por uno que no es tan noticia, pero lo abordo porque considero va en línea con la “gran estrategia del gobierno” que es mantener la estabilidad política para consolidar el sistema político chavista. Una que es autoritaria, sin contrapesos, pero que todo el mundo disfruta. Lo que trataré son las operaciones que el ejecutivo adelanta en cárceles del país.

Para El Cooperante traté este tópico en artículos de 2021 cuando ocurrió la operación en la Cota 905. El argumento central fue que para el chavismo, sin hacerlo una política de Estado pero dentro de su idea de la izquierda insurreccional, la delincuencia es un subproducto de la explotación capitalista. Por eso no fue un tema importante para el ejecutivo. Hubo intentos como la Conarepol luego del horrendo crimen de los hermanos Faddoul en 2006. Pero el chavismo consideró la delincuencia como una proto-lucha de clases. Con Maduro eso cambió cuando el gobierno concienció que los grupos malandros también son “grupos en sí y grupos para sí”, y activó las OLP. En 2020 construyó la narrativa de la delincuencia como un “proxy” de la subversión política a partir de un enfoque de Francisco Ameliach. Esta visión es lo que lo llevó a estas acciones en tiempos recientes y es la que domina en el ejecutivo.

Es lo que el presidente Maduro dejó ver en su programa del 30-10-23 al hablar de las operaciones en Tocorón, Tocuyito, y Puente Ayala. Al momento de pensar este artículo, se desarrolló la operación para una cuarta cárcel: La Pica en el estado Monagas. No abordaré mucho esta cuarta acción porque “está en caliente”.

De acuerdo al mandatario, la cantidad de armas halladas pasan de las 600 las que -para la versión presidencial- serían empleadas en una especie de “subversión política malandra”.

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No creo en esta tesis de Maduro y, más bien, la veo como la paranoia que tienen todos los gobiernos autoritarios, más si vienen de la izquierda insurreccional, para atemorizar y desplazar contra la oposición. El ejecutivo quiere culpar a la oposición de su negligencia en el tema de la seguridad ciudadano. Tiene casi un cuarto de siglo en el poder y habla como si llegó ayer. Todavía le saca rédito a eso. El presidente de la República pretende cargar en la oposición lo que es la responsabilidad de su administración.

Pero el gobierno es el de Maduro, no lo que yo pienso. No puedo estar en la negación como anda cierta oposición que ahora está en un plano ontológico con chistes sobre la decisión del TSJ que no “puede invalidar un hecho consumado”. Ser o no ser, he allí el nuevo nivel del conflicto político venezolano.

En mi caso, lo veo desde una perspectiva más terrenal, más metodológica y epistemológica si es caso. El gobierno de Maduro gobierna y adelanta una estrategia de estabilidad política que tiene varias patas y que se ha desarrollado y desarrolla en el tiempo. Este año cierra con una ofensiva para consolidar al sistema político chavista. De la pata política, pasó a la pata para acabar con los grupos malandros, y ahora está en la pata del “gran acuerdo nacional” como llamó Maduro a su pacto presentado en la conferencia de paz del 26-10-23.

Lo político será para otros artículos para El Cooperante. En este, me quedo en el análisis de las operaciones en Tocorón, Tocuyo, y Puente Ayala efectuadas el 20-9-23, 25-10-23, y 30-10-23 respectivamente. Me concentro más en la de Tocorón porque fue la más noticiosa y en esa cárcel, en teoría, estaban “los papas” de los grupos malandros más conocidos como el Tren de Aragua.

En común, las tres operaciones tienen abonar a la estabilidad del sistema político chavista. No hay poderes paralelos, no hay “papas” fuera del alto gobierno (está lógica se aplicó en la operación “Caiga quien caiga” de marzo de este año. Sobre esta operación, hice un análisis para El Cooperante).

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El 20-9-23 autoridades realizaron una “operación” en la cárcel de Tocorón con fama de ser centro de “comando” de grupos, dentro y fuera de Venezuela (del “Tran de Aragua” y “El Niño Guerrero”). La gran pregunta en redes sociales fue ¿por qué en este momento?

Mi explicación es la siguiente. Tocorón ya estaba en los planes del gobierno. Se recuerda que desde 2020 el ejecutivo comenzó su respuesta a los grupos malandros y subversivos, que tomaron fuerza en 2021 con las operaciones en Apure -contra la guerrilla- y contra los grupos malandros en la Cota 905. Luego, el ejecutivo avanzó con las operaciones contra la minería ilegal en Amazonas y grupos malandros en el país. Principalmente, en los estados Aragua, Miranda, Guárico, y Sucre, donde “dio de baja” a conocidos y temidos choros.

Seguro que el gobierno esperaba el momento para ir contra Tocorón, más cuando informaciones daban cuenta de las actividades malandras planeadas desde esa cárcel. Lo hace sencillamente porque el gobierno puede y tiene la fuerza. Asumió el riesgo. De acuerdo a las informaciones de prensa, la toma de la cárcel se realizó con 11 mil efectivos lo que indica no solo el mensaje de fuerza que el gobierno envió, sino que está en capacidad para hacer una operación de esa magnitud sin enfrentamientos, que es lo que se esperaba dada la fama de Tocorón. Lo que se vio, más bien, fue unos malandros sorprendidos por la acción del gobierno, “pidiendo cacao”, asustados, y otros con imágenes de familiares que cantaban el himno nacional.

Tal vez los choros -como “El Coqui” en su momento- se confiaron de su poder, que son intocables por el mito alrededor de Tocorón y del “Tren de Aragua”, y no esperaban la acción del ejecutivo. Fueron sorprendidos con la operación y emprendieron la huida.

En otras palabras, el gobierno se siente fuerte y actuó contra Tocorón, prisión rodeada de un mito de invencibilidad, de “tierra de nadie”, en donde los presos-jefes llevaban una vida de resort. El gobierno se atrevió, dio el paso, y triunfó.

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Las razones oficiales las ofreció el ministro Ceballos. En sus palabras, el ministro del interior dejó ver que con esta operación también se puso a prueba el “sistema defensivo territorial”. Evaluar cómo funcionan las instituciones del Estado en una operación conjunta, que son escenarios que el ejecutivo tiene para otros hechos ¿El Esequibo, por ejemplo?

Un segundo motivo muy importante fue lo afirmado por el almirante en jefe: la operación en Tocorón se hizo para cumplir con las exigencias internacionales sobre la reforma de justicia.

En La Pica -operación ejecutada el 3-11-23- un enfático Ceballos Ichaso indicó que “hemos acabado con la mafia carcelaria”. Dicho de este modo, el ministro reconoció que hubo una “mafia carcelaria” lo que no indica que haya sido apoyada o promovida por las autoridades. Simplemente existió (o existe, con menos fuerza).

Con esta acción, se comunica a las instancias internacionales -principalmente a la ONU- que avanza en esas reformas y que, si bien una banda no es solo un lugar físico, la golpeó para complicar las actividades de los grupos malandros en general. El mensaje es que el ejecutivo tiene el control de las prisiones, y avanza en la reforma del poder judicial cuyo último intento viene de 2021 con la propuesta de la “revolución judicial”, comisión que encabeza Diosdado Cabello.

Pero hay razones de la coyuntura para que la acción sea en este momento. Veo dos.

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La primera, aunque no parezca, un coletazo del viaje a China a comienzos de septiembre y de los “5 consensos de Maduro”.

Las acciones que el gobierno hace desde 2021 tienen el propósito de “pacificar” al país con miras a que los agentes económicos foráneos -también los criollitos- sientan seguridad para venir e invertir. No tiene sentido invitar a empresas chinas a invertir en estados como Carabobo o Anzoátegui hermanados a ZEE de China, por ejemplo, y los inversionistas tengan que lidiar con grupos malandros que cobran “vacunas o peajes”, que es la forma de extorsión básica de estos grupos y así comenzó el Tren de Aragua. Con extorsiones cuando se construía el tren que recorrería Aragua y Carabobo, que al final no se hizo. Esta lesión fue aceptada durante la época de Chávez, porque no interesó al gobierno ir en contra de estos grupos -la “visión romántica acerca de la delincuencia”- o porque se asumió como parte de los “costos para invertir” en un país como Venezuela.

Para el gobierno de Maduro, una situación así -poderes paralelos en manos de grupos malandros- en este momento en que quiere desarrollar su “gran acuerdo nacional” es inaceptable.

La primera razón, entonces, es una de “Maduro en su etapa gomecista”. Derrotada la insurrección política, quedó la eventual respuesta malandra -que el gobierno la percibe como un “proxy” de la “subversión política”- y no lo tolerará.

Esta acción forma parte de “la paz autoritaria” de Maduro, que puede traerle rédito en la opinión pública si sale bien al meterse en la “onda Bukele” y captar al público que quiere orden, que no es solo chavista. Simplemente tocar el sentimiento que busca seguridad y orden. Padrino López felicitó la operación y tuiteó “por la paz y convivencia solidaria del pueblo de Venezuela”. Demás está decir que las FAN están totalmente ganadas a la idea de la estabilidad política. Ese es la nuez de la relación civil-militar entre las FAN y el gobierno: la estabilidad. 

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El gobierno envió mensajes a grupos políticos y delincuenciales. El mismo día de la operación en la cárcel, medios reportaron que personas acusadas de conspirar contra el gobierno recibieron penas muy duras. Algunos de hasta 30 años. Se recuerdan las sentencias de 16 años emitidas a comienzos de agosto a personas vinculadas al mundo sindical. El mensaje es muy simple: “no vamos a tolerar bochinches, sean para tumbar al gobierno o de grupos malandros. Vamos a castigar sin reparar en el qué dirán. Condenas ejemplarizantes”. Sentencias que tienen efectos si me atengo a las reacciones por la decisión del TSJ del 30-10-23. El miedo que el ejecutivo produce está internalizado -no hay consciencia sobre eso- por más “berrinches” que se hagan en tuiter. 

Lo anterior me lleva al segundo motivo. Es político. Cualquier señal de un poder paralelo al chavismo, el alto gobierno reacciona y lo acaba. Sea de grupos no chavistas como pudo ser el interinato -aunque aquí el chavismo respondió con paciencia- o internos, como los casos de corrupción en PDVSA, en los que actuó de manera fulminante. O cuando detuvo a diputadas chavistas vinculadas al tema de las drogas. Igualmente fue drástico. En corto, el chavismo no acepta poderes paralelos o que puedan vincular al alto gobierno con actividades delictivas o ilegales.

Cuando en mi artículo para El Cooperante se analizó la operación en la Cota 905, se explicó que el ejecutivo pudo aceptar a los grupos malandros en tanto no se metieran o no tuvieran idea de la política. Pero cuando “El Coqui” quiso ser un “poder político” -en redes sociales se coqueteó con este malandro y algunos lo llamaron el “verdadero alcalde de Caracas” y otros le “picaban quesillo” para oponerlo al gobierno- y pretendió controlar a El Paraíso -los túneles- ahí “firmó su sentencia de muerte” con el ejecutivo, que se cumplió.

Hoy no pienso que el gobierno sienta una amenaza directa a su permanencia en el poder, pero ve lo que pasa en el vecindario. Es otro atributo para comprender las acciones del chavismo. Observa lo que pasa a su alrededor ¿y qué ve ahora?

En Ecuador los grupos malandros son un poder político y actúan desde las cárceles. En Haití, las “gangs” llamaron a derrocar al presidente de ese país. No hay Estado. Es lo que el gobierno de Maduro ve y apela a otra característica del chavismo: actuar preventivamente. No a esperar a que desde Tocorón llamen a levantarse contra Maduro. Posibilidad o no, la corta, aunque nunca se vaya a dar, pero no va a esperar a que suceda para comprobarlo. Es la lógica de Diosdado Cabello de “no nos dejaremos tumbar así nos llamen como nos llamen”.

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El ejecutivo observa que países ceden poder y territorio a grupos malandros que tienen objetivos políticos. No son solo malandros -como fue el caso de Venezuela, que el gobierno lo aceptó y no actuó sino cuando estos grupos crecieron y algunos mostraron ambiciones políticas- sino actores políticos que afectan gobiernos y elecciones como es el caso de Ecuador o no permiten la presencia del Estado como es Haití, caso grave pero que no es noticia, a pesar que en la sesión de la asamblea general de la ONU del 19-9-23 Biden pidió una “fuerza humanitaria” para llevar orden a esa nación que hoy está dominada por bandas malandras. Biden justificó su planteamiento con la necesidad de buscar la paz en la isla caribeña. Propuesta que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 2-10-23. Expresó que “Ante la limitada capacidad de respuesta del Ejército y de la Policía Nacional, Ariel Henry, hizo hincapié en la violencia de las pandillas, señalando que ‘pone en peligro no solo al país, sino a toda la región”.

Es lo que el gobierno de Maduro ve: los grupos choros ya no son un problema policial o de orden público, sino político y de “seguridad de la nación”. No es el caso de Venezuela; pudiera ser el caso de Venezuela en un futuro. Actúa justamente para evitar que ese escenario se de en cualquier momento, con un Tren de Aragua fuerte, con conexiones en países, que pueda pasar a ser un movimiento político en Venezuela y fuera de Venezuela, pero más adentro.

Estos son los motivos que llevaron al gobierno a realizar estas operaciones que seguramente las tenía pensadas desde hace tiempo. Además, es muy probable que las haya planificado muy bien para que sean demostración no solo dentro de Venezuela sino fuera del país. Solo esperó el momento oportuno para hacerlas, en su cálculo, que es ahora, sea por la coyuntura o por su propio análisis estratégico. Un Maduro muy satisfecho con las operaciones en las cárceles en su programa del 30-10-23.

Todo tiene un mensaje, un símbolo: Maduro y su gobierno tienen fuerza. Son el poder en Venezuela y lo muestran. Es un mensaje para adentro pero también para afuera. Los asuntos de Venezuela se conversan con Maduro y su ejecutivo. El gobierno, entonces, se convierte en un factor de estabilidad no solo local sino regional. Desmanteló la “base de operaciones” de un grupo malandro que tiene actividades en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, y Perú. El mensaje del gobierno es “somos factor de orden, así nos digan autoritarios. Con nosotros tienen que hablar. Garantizamos la estabilidad de Venezuela”. 

“El gobierno se enseria”: define su modelo “chino”, su “gran acuerdo nacional”, recupera el control territorial que cedió a los grupos malandros, el país lleva su vida entre trabajar y las “rumbitas” -se prepara para un gran diciembre, sean los del gobierno, de la oposición, o los que no se doblan- y está en el ejercicio del poder (aunque con el referéndum sobre el Esequibo la seriedad no es tal; pero será el artículo de la semana que viene).

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En cualquier caso, el Estado se anotó unos tantos con operaciones “limpias”, con solo una baja, producto de un accidente, no por la toma (en Tocorón). Buscará que este éxito se le acredite.

En definitiva, el Estado avanza en su estatización y en construir estatidad para darle fuerza al sistema político chavista el que ya se siente seguro en el poder. Avanza a la etapa de mostrarse como un gobierno autoritario, pero gobierno efectivo, que tiene un orden político, y con el que se puede hablar. Maduro continua en su etapa gomecista. 



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