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Investigan a empresas vinculadas a enchufados de Mujica que hicieron negocios con Venezuela

Caracas, 20 de mayo.- Cuatro empresas vinculadas a dirigentes del Movimiento de Participación Popular de Uruguay que realizaron negocios con Venezuela durante el Gobierno de José «Pepe» Mujica, fueron denunciadas en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado por los diputados Jaime Trobo, Rodrigo Goñi y Gonzalo Mujica. La acusación fue firmada el jueves 4 por el abogado penalista Enrique Moller y ya se encuentra a estudio del fiscal especializado, Luis Pacheco.

«Nuestra denuncia alude a lo que podemos definir como intervenciones arbitrarias y/o abusivas en el comercio exterior con Venezuela, al margen de los procedimientos de derecho público en beneficio de particulares vinculados a jerarcas de gobierno en una primera parte y a la concesión de fondos públicos en la segunda«, señala el documento al que tuvo acceso El País.

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Los hechos que se denuncian se produjeron a partir del 7 de abril de 2010, fecha en que se dan los primeros acuerdos en el marco de la visita realizada por el entonces presidente, José Mujica, a Venezuela. El 30 de marzo de 2011, en el marco de la visita del entonces presidente venezolano Hugo Chávez a Uruguay, ambos países firmaron siete acuerdos. Uno de ellos refería al compromiso entre la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas de Venezuela y la empresa GAU S.A. (Atlansur S.A.) por Uruguay.

Otro acuerdo se firmó entre el Ministerio para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de Venezuela y la Asociación Civil «21 de Abril» y Envidrio de Uruguay para la asistencia técnica y acompañamiento para la producción de vidrio asociada a la construcción de viviendas en Venezuela. Firmaron el convenio Daniel Placeres y Ricardo Menéndez, ministro venezolano.

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Los denunciantes señalan que las empresas Envidrio, Aire Fresco, Grupo Atlansur y Urutransfor participaron en negocios con empresas estatales venezolanas vinculados a la confección de productos de vidrio plano y envases, ventas de alimentos, logística portuaria y desarrollo de plantas de acopio de granos para producción alimentaria animal y en el sector eléctrico.

«En estas empresas recayó la representación en nuestro país para desarrollar dichas actividades sin que se encuentre una explicación que justifique por qué razón, en función de qué antecedentes y por qué procedimientos transparentes y competitivos fueron designadas para convenir con la contraparte estatal y monopólica venezolana», expresa la denuncia.

Trobo, Goñi y Mujica entendieron que es indudable que jerarquizar la contraparte privada de Uruguay, al punto de incluirla como única en cualquiera de estos rubros, en la relación con entidades públicas y monopólicas en una economía centralizada, como es el caso de Venezuela, supone concederles un «beneficio incalculable» a saber por los montos que eventualmente se han manejado y se pueden manejar con aquel país.

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