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José Ignacio Hernández ratificó legalidad del Fondo de Litigios aprobado por el Parlamento

Foto: @Presidencia_VE

Caracas/ Foto: @Presidencia_VE. El procurador especial de la República, José Ignacio Hernández, tras poner su cargo a la orden del presidente Juan Guaidó, ratificó que la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de un Fondo de Litigios para proteger activos de la República, es absolutamente legal, aunque acotó que el cuerpo colegiado debe “implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela”.

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"Quiero aclarar que no he renunciado, he puesto mi cargo a la orden, a consideración del Presidente (E) Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional si ello contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el límite máximo del Fondo de Litigio", publicó en su cuenta Twitter.

Hernández aseguró que para defender los activos de la nación, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar de manera efectiva y adecuada los intereses del país.

"La aprobación de la Asamblea Nacional al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República", expresó.

Por último ratificó que el Parlamento debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela.

Sobre el fondo de litigio 

Los diputados a la Asamblea Nacional (AN) aprobaron este martes la creación del Fondo de Litigio propuesto por el presidente encargado,Juan Guaidó, con el fin de “rescatar y defender” los activos de Venezuela en el exterior. En la discusión, el parlamentario Alfonso Marquina, en nombre de su organización política Primero Justicia (PJ) salvó su voto tras ser rechazada su solicitud de diferir el acuerdo por siete días para “corregir” algunos errores en el proyecto de ley; y evitar que se señalara a la oposición de “incurrir en prácticas similares a las del régimen”.

El plan debatido cubrirá los honorarios de quienes emprenderán la defensa de los activos del país en el extranjero. El legislador Piero Maroun (AD) pidió no se postergara la aprobación del proyecto, puesto que a su juicio, los pleitos internacionales sugieren “una respuesta inmediata”, y propuso que los errores se corrigieran posterior a la aprobación del acuerdo.

Desde la AN consideraron necesario conformar una Comisión que verifique el uso correcto del dinero que se manejará para estos fines. Además, responsabilizaron a Maduro por poner en “riesgo”  los recursos pertenecientes a los ciudadanos del país.

 



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