Jueces venezolanos denunciaron la "sistemática parcialidad" de la justicia en Venezuela

Washington, 17 de octubre. EFE.- Jueces venezolanos denunciaron este lunes la "sistemática parcialidad" de la Justicia venezolana al servicio del Gobierno de Nicolás Maduro, en la tercera audiencia de la OEA sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

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La primera en declarar fue la jueza que emitió la orden de privación de libertad del líder opositor Leopoldo López, ahora en prisión domiciliaria. La exjueza del área metropolitana de Caracas Ralenis Tovar, que intervino a través de Skype desde Canadá, dijo que firmó esa orden judicial "por miedo a salir presa" y al sentirse "amedrentada".

"Entonces era madre sola con una niña de 15 años, eso me llevó a firmar esa orden judicial", indicó. Preguntada por si en Venezuela existe un "patrón de intimidación a los jueces de forma amplia y sistemática", aseguró que "sí, por supuesto", ya que "hasta que no logran lo que quieren, intimidan constantemente".

En su opinión, la Justicia de Venezuela "se ha convertido en un poder totalmente complaciente a los caprichos del Ejecutivo nacional". Ese punto de vista lo compartió Pedro Troconis, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo que designó en julio el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y cuyos miembros están desde entonces perseguidos por la Justicia venezolana.

"En 2015 una Asamblea Nacional en salida eligió en escasos 15 días a un grupo de magistrados y dejaron de cumplir ciertos pasos para la correcta elección de esos jueces", dijo en su intervención. Más concretamente, días después de la victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, el Parlamento chavista saliente invistió, antes de ceder el control a la nueva mayoría, a 33 magistrados del Supremo.

El malestar de los embajadores con las insólitas iniciativas de Almagro sobre Venezuela en la OEA volvió a ser patente este lunes en las audiencias, ya que solo hubo representantes de 11 delegaciones y solo dos embajadores, los de Panamá y Costa Rica, asistieron en algún momento de la sesión.

Tampoco acudió Almagro, igual que no asistió en las dos sesiones de septiembre, ni la misión venezolana, que considera estas audiencias una actividad "ilegal".

Las audiencias de este lunes estuvieron a cargo de los tres juristas independientes que determinarán si hay base para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI). Se trata del exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hasta ahora estaba a cargo de las audiencias el ex fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, cuya marcha no ha sido explicada por la OEA pero que llega tras informaciones periodísticas que siembran dudas sobre su trabajo en esa corte y sus finanzas.