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¿Juego trancado? En choque de poderes, Gobierno y MUD enfilan artillería constitucional

Jose G Martinez

José Gregorio Martínez.- Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, al verse vencido en el campo electoral el Gobierno decidió llevar la batalla al terreno judicial, planteando un conflicto de poderes que sumerge al país en la ingobernabilidad. La designación exprés de 13 magistrados principales y 21 suplentes para atrincherarse en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituyó la primera detonación con la que el Gobierno le declaró la guerra a la oposición.

Los 112 diputados de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no tardaron en invocar el artículo 263 de la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ, en vista de que la bancada oficialista habría incurrido en varias ilegalidades para garantizar que el máximo tribunal estuviera a sus pies antes de que se instalara la nueva Asamblea. Entre las irregularidades se cuentan la violación de los lapsos establecidos por la ley para designar a los magistrados, así como el desacato al requisito de no tener militancia partidista y contar con un mínimo de 15 años de ejercicio de carrera judicial.

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La segunda estocada también vino de las filas del chavismo cuando en tiempo record y estando en receso judicial, la Sala Electoral emitió una sentencia que ordena dejar sin efecto la juramentación de los diputados del estado Amazonas, atendiendo a la solicitud de impugnación introducida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la cual había sido introducida por la abogada Ligia Carolina Gorriño Castelar, quien es funcionaria activa de la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas, lo que contraviene el artículo 12 del Reglamento Legal de Abogados.

La oposición se mantenía como observadora hasta el 5 de enero, cuando finalmente tomó posesión del Poder Legislativo y en la segunda sesión juramentó a los tres diputados impugnados, invocando el artículo 200 de la Constitución, que otorga inmunidad parlamentaria desde el momento de la proclamación, desacatando así la sentencia de la Sala Electoral y dando su primera demostración de fuerza que no tardó en recibir una respuesta aún  más agresiva, cuando el máximo tribunal del país decidió declarar nulos todos los actos de la Asamblea Nacional mientras estén incorporados los tres diputados de Amazonas.

El diputado Diosdado Cabello no tardó en anunciar que los actos que apruebe la AN no serán publicados en Gaceta Oficial, lo que constituye el último requisito para su promulgación, según establece el artículo 215 de la Constitución. También sugirió que la Sala Constitucional del máximo tribunal debía asumir las funciones del Parlamento y, en este sentido, el presidente Nicolás Maduro presentaría la Memoria y Cuenta ante el TSJ y no ante la AN; sin embargo, el artículo 237 de la Constitución establece que es únicamente la Asamblea Nacional.

A partir de este momento el Ejecutivo concreta su jugada para desconocer a la Asamblea Nacional y el juego comienza a trancarse. El Parlamento no acata las sentencias del TSJ porque considera ilegal la designación exprés de los nuevos magistrados y el TSJ no reconoce los actos emanados de la AN con los tres diputados impugnados, pero la mayoría opositora en el Poder Legislativo sostiene que lo contrario sería irrespetar la voluntad popular, violar el artículo 200 de la Constitución y desconocer el Poder Electoral. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) guarda silencio.

La oposición no se cruza de brazos y saca una carta bajo la manga que constituye una jurisprudencia que estaría violando la Sala Electoral, ya que en 2013 el máximo tribunal emitió una sentencia que establece que ningún poder constituido puede desproclamar a un funcionario electo por el voto popular. La batalla judicial continúa y podría elevarse al campo internacional con la entrada en escena de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en palabras de su secretario general Luis Almagro, amenaza con aplicar la Carta Democrática Interamericana si se afecta el proceso político institucional. 

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