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Juez español abre investigación contra funcionarios de Maduro y Chávez por lavar dinero del petróleo

El Cooperante | 20 abril, 2019

Caracas/Foto de portada: AP.- El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, inició una investigación contra altos funcionarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por el delito de presunto lavado de dinero proveniente del petróleo, según Roberto Ballesteros en una nota para El Confidencial de España.

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La investigación, que aún se encuentra en un momento incipiente y bajo secreto de sumario, supone la mayor causa que emprende el mencionado juzgado de instrucción desde que está al frente el juez Peinado y, según fuentes judiciales consultadas, este magistrado dedica la mayor parte de su tiempo a sacar adelante el procedimiento. No en vano, incluso durante estos días de Semana Santa el instructor ha estado practicando diligencias para hacer avanzar el asunto, en el que hay decenas de personas investigadas, apuntan las mismas fuentes consultadas, que hablan de más de 40 imputados.

En concreto, el juez rastrea más de 70 contratos firmados por la petrolera estatal PDVSA con empresas de la trama. Parte de ellas estarían vinculadas a la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que de momento aún no ha venido a España para declarar. Estos convenios, muchos de ellos obtenidos tras un soborno previo, habilitaban a estas sociedades para extraer y comercializar el crudo de Venezuela, según apuntan las primeras investigaciones, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción. Las mercantiles, explican otras fuentes ligadas a la causa, eran contratadas a dedo por el Gobierno de Maduro con el fin de que éstas explotaran los yacimientos petrolíferos y vendieran luego el material a Europa.

El procedimiento que instruye el Juzgado 41 comenzó en España después de que a lo largo de la investigación realizada en otra causa abierta por un juzgado de Houston las autoridades norteamericanas descubrieran que la trama contaba con una derivada en Europa. En concreto, la justicia vinculó la organización con mercantiles en Portugal. La colaboración internacional permitió posteriormente descubrir que los fondos derivados a este último país pasaban luego a Andorra y de ahí a España. Cuando las autoridades de Estados Unidos descubrieron esta circulación del dinero, se lo comunicaron a la justicia portuguesa, que abrió las correspondientes diligencias por blanqueo de capitales, y ésta a la española.

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No en vano en 2017, a petición de las autoridades lusas, la Audiencia Nacional coordinó una serie de registros en propiedades del hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández en España por el desvío de 6.000 millones de euros procedentes de Pdvsa a actividades en España con el fin de ser blanqueados. Sin embargo, la red era de tal magnitud que era necesario iniciar una nueva causa coordinada por un juzgado español para investigar la derivada de la trama. La Fiscalía Anticorrupción la puso en marcha y ahora se encuentra en el citado Juzgado 41 de Madrid. Los investigadores estiman que el entramado societario podría haber blanqueado 500 millones de euros solo en España a través de los negocios que los venezolanos vinculados a la trama abrieron aquí.

 El Gobierno de Maduro está preocupado por la causa y por eso tiene la intención de personarse en la misma a través de un bufete de abogados francés con el que ya ha entrado en contacto. El magistrado Peinado, sin embargo, aún no ha resuelto sobre este extremo, que permitiría al Ejecutivo acceder a toda la información sobre investigación que no esté bajo secreto de sumario a través de la figura de la acusación particular o popular.El juez ya ha tomado declaración a varios investigados, como Luis Carlos de León -exresponsable financiero de Electricidad de Caracas, empresa pública dependiente de Pdvsa- o Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y una persona cercana a los ministros Rodríguez. Ambos fueron detenidos hace más de un año en España en relación con la trama que dirige el juzgado de Houston, dado que se encuentran también en el centro de esa causa, que sigue procedimiento contra otras personas igualmente imputadas en España, como Rafael Reiter -exjefe de seguridad de Pdvsa- o Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández, entre otros.

La Unidad contra los Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ya detuvo el pasado junio a Rincón Bravo en el marco de un procedimiento que inició el Juzgado 27 de Madrid, que posteriormente derivó su investigación al 41. Su padre Rincón Fernández confesó su implicación en el pago de sobornos a PDVSA a cambio de contratos de la petrolera con empresas ubicadas en Estados Unidos y otros países, entre los que parece ahora que estaba España. Según apuntó un escrito del juzgado de Houston en agosto de 2017, Rincón Fernández y su socio Abraham José Shiera pagaron 27 millones de dólares a funcionarios del Gobierno bolivariano y a directivos de la petrolera para asegurarse contratos para sus empresas.

 

 

 

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