Juicio contra Rocío San Miguel fue diferido: abogados piden medida humanitaria "urgente"

Caracas / Foto: Archivo.- El juicio contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida desde febrero de 2024, fue diferido por el Juzgado Especial Tercero en funciones de Juicio con competencia nacional en materia de terrorismo para el 31 de marzo, según Acceso a la Justicia.

Lea también: Ocho imputados en Tennessee por tráfico sexual de venezolanas

La decisión se tomó después de varias horas de espera por parte de sus abogados en el Palacio de Justicia de Caracas.

Theresly Malavé, abogada de Rocío San Miguel y representante de la ONG Encuentro Ciudadano, denunció que su defendida presenta inmovilidad en el brazo derecho debido a una fractura en el hombro que ha permanecido sin tratamiento durante seis meses.

La abogada solicitó al Gobierno de Maduro una medida humanitaria "urgente" que permita a San Miguel ser operada por sus médicos de confianza, así como recibir atención postoperatoria y recuperarse en libertad, rodeada de su familia. "Rocío es inocente", afirmó en un video compartido por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

"Tiene que ser operada por un especialista. Tiene 6 meses con esa fractura y no la pudieron llevar ni siquiera al médico; le detectaron la fractura por una jornada médica cuatro meses después", añadió.

También hizo un llamado al Reino de España para que actúe en defensa de la integridad de su ciudadana.

Denunció que Rocío San Miguel ha estado detenida "arbitrariamente" durante un año en El Helicoide, sin poder asignar a sus abogados de confianza y a la espera del inicio de su juicio, mientras continúa con defensa pública impuesta.

Caso Rocío San Miguel

La activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se disponía a abordar un vuelo. Las autoridades la vincularon a la denominada "Operación Brazalete Blanco", una supuesta trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Según información de Acceso a la Justicia, el 12 de febrero de 2024, el abogado Juan González Taguaruco, denunció que no se conocía su paradero, y que varios familiares de la activista también habían sido detenidos. Finalmente, se confirmó que San Miguel estaba recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A lo largo de 2024 la defensa de San Miguel insistió en que "no se le ha permitido designar abogados de su confianza, lo que la mantiene en estado de indefensión".

Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU han expresado su preocupación por el caso, calificándolo como una "detención arbitraria y un ejemplo de la represión contra defensores de derechos humanos en Venezuela".

El juicio contra San Miguel ha sido diferido en varias ocasiones. Originalmente programado para diciembre de 2024, fue pospuesto para febrero de 2025, y nuevamente aplazado hasta el 31 de marzo de 2025.