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Justicia de EE. UU. sentenció a exmilitar venezolano por lavado de dinero y soborno

Escalona Enríquez se declaró culpable y admitió que, en al menos una ocasión, los involucrados en la trama organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela

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Caracas/Foto: Cortesía.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este jueves que el venezolano Nepmar Jesús Escalona Enríquez, exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue sentenciado a un año y un día de prisión por participar en un esquema de lavado de dinero, sobornos y defraudación a instituciones financieras.

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En un comunicado, el organismo señaló que Escalona, de 47 años de edad, participó en un plan ilegal para financiar supuestas importaciones de alimentos a Venezuela y sobornó a varios funcionarios extranjeros para poder lograr su cometido.

El exmilitar, radicado en Florida, y otros investigados presentaron solicitudes fraudulentas a la extinta autoridad de regulación monetaria de Venezuela, la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), para “engañar” al Banco Banesco y al Banco Central de Venezuela y que estas entidades liberaran pagos en dólares a Escalona y sus aliados en el país y en el exterior. 

“Las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron un artificio para enriquecer a los conspiradores”, sostiene el departamento gubernamental. Las solicitudes resultaron en la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por Escalona y aliados. 

Sobornos a funcionarios venezolanos

En audiencia celebrada en marzo, el exfuncionario se declaró culpable y admitió que, en al menos un caso, los involucrados en la trama organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para “evitar” la detección del crimen en el país.

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Asimismo, Escalona ordenó que uno de sus aliados transfirieran los productos del fraude y fondos de sobornos a cuatro instituciones financieras de Estados Unidos. En total, se llevaron a cabo cinco transferencias electrónicas ilícitas, las cuales sumaron aproximadamente 420.847 dólares americanos. Esta trama operó entre 2010 y 2017.

El caso fue procesado por la fiscal general adjunta, Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal, Markenzy Lapointe del Distrito Sur de Florida; y la agente especial a cargo, Deanne L. Reuter, de la División de Campo de Miami de la Administración de Control de Drogas (DEA).



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