Justicia estadounidense acusa a diez personas por evasión de sanciones a Venezuela

Caracas / Foto: Referencial.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una imputación formal que acusa a diez personas de conspirar para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) por su participación en un plan para evadir las sanciones impuestas a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), en enero de 2019.

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En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones, incluidos motores Honeywell Turbofan, de Estados Unidos para dar servicio a la flota de aviones de PDVSA, en violación de las sanciones y los controles de exportación de Estados Unidos.

Los acusados habrían ocultado a empresas estadounidenses que los bienes tenían como destino Venezuela y PDVSA exportándolos a terceros en otros países. Entre los implicados se encuentran personas asociadas con PDVSA, Novax Group SA y Aerofalcon SL.

Acusados

Según documentos judiciales, entre los acusados se encuentran cuatro personas vinculadas a PDVSA: Gilberto Ramón Araujo Prieto, 54 años, gerente de transporte aéreo de PDVSA y coronel del ejército venezolano.

Además de Guillermo Ysrael Marval Rivero, de 62 años, y Fernando José Blequett Landaeta, de 52 años, ambos gerentes de transporte aéreo de PDVSA y analistas logísticos responsables de adquisiciones; y Semerene, jefa de logística, adquisiciones y almacenamiento de PDVSA.

Ootras cuatro personas asociadas con la empresa Novax, con sede en Costa Rica, han sido acusadas, incluyendo a Luis Alberto Duque Carvajal, 63 años, propietario de la empresa;

También se vieron involucrados: Melvin Alemán Espinoza, 39 años, director de operaciones de Novax; Mikhail Largin, 60 años, director de proyectos especiales de Novax; y Pedro Elías Sucre Salazar, de 58 años, empleado de Novax ubicado en Venezuela.

Dos personas más vinculadas a la aerolínea Aerofalcón también han sido acusadas: Juan Carlos González Pérez, 60 años, propietario de Aerofalcón; y Juan David Guerra Viera, 54 años, director de Aerofalcón.

Cargos

De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados enfrentan cargos por conspirar para violar la IEEPA, que acarrea una pena máxima de 20 años de prisión.

Algunos de ellos también están acusados de otros delitos relacionados con falsificación de información de exportación y contrabando de mercancías, que podrían significar penas adicionales de hasta 10 años de prisión.

La investigación está a cargo del Departamento de Comercio y está siendo procesada por fiscales federales del Distrito Sur de Florida.

La entidad federal destaca que es importante recordar que una acusación presume la inocencia de los implicados hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Asimismo, informó que además de los diez acusados, fue arrestado George Clemente Semerene Quintero, de 60 años, en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Reimposición de sanciones a Venezuela

Desde el año 2017, Venezuela ha estado bajo sanciones por parte de Estados Unidos. Estas medidas, especialmente aquellas relacionadas con las exportaciones de petróleo y la empresa PDVSA, serán reforzadas a partir de junio debido a la falta de cumplimiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a la realización de elecciones competitivas este año.

El pasado 17 de abril, Estados Unidos anunció la reimposición de las sanciones petroleras a Venezuela, debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro a medida que el país se acerca a las elecciones del 28 de julio.

De acuerdo a lo publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés, a partir del 17 de abril de 2024, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reemplazó la Licencia General (LG) 44, relacionada con operaciones en el sector petrolero o gasífero en Venezuela.

En su lugar, emitirán la Licencia General 44 A, que autoriza un período de gracia de 45 días para cerrar transacciones relacionadas con operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela.

Según la LG 44A, los estadounidenses tendrán hasta el 31 de mayo de 2024 para liquidar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por la LG 44 y, Estados Unidos continuará evaluando la política de sanciones hacia Venezuela en función de las acciones tomadas por Maduro y sus representantes a medida que el país se acerca a las elecciones del 28 de julio.