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Justicia estadounidense acusó a Maikel Moreno de lavar y recibir sobornos

Moreno habría recibido sobornos a cambio de influir en acciones en casos penales, incluida la desestimación de cargos penales y órdenes de arresto

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Caracas. La justicia de Miami acusó el jueves en la noche al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez de conspirar para lavar y recibir sobornos a cambio de usar su cargo para resolver asuntos civiles y penales.

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Moreno, de 57 años de edad, presuntamente entre 2014 y 2019 tenía el poder de influir en las decisiones judiciales, porque tenía la autoridad para determinar el panel de jueces que escucharían casos en la Corte Suprema y el poder para nombrar o destituir a menores, jueces de los tribunales de primera instancia y de apelación.

En total, se calcula que Moreno recibió más de 10 millones de dólares en sobornos, principalmente de contratistas venezolanos que habían recibido contratos de entidades estatales venezolanas, refirió el medio estadounidense El Nuevo Herald.

Así las cosas, habría supuestamente recibido el ingreso de los sobornos para comprar o renovar inmuebles: una villa en la Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por 1,5 millones de dólares, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por $1,3 millones, y un apartamento en Miami por $1,3 millones. 

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe y el agente especial interino a cargo, Michael E. Buckley fueron los encargados de hacer el anuncio, sin embargo aclaran que Moreno es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.

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En definitiva, Moreno es acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.

Los cargos de lavado de dinero conllevan una sentencia máxima de 20 años, mientras que los cargos por participar en transacciones en bienes derivados de actividades delictivas tienen una sentencia máxima de 10 años. 



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