Connect with us

Internacionales

¿Justicia? La razón por la que condena de "narcosobrinos" fue menor a lo esperado

Publicado

/

Caracas, 18 de diciembre.- La condena de 18 años de prisión sin beneficios dictada por el juez Paul Crotty a los sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, ha generado una serie de especulaciones que van desde que los referidos acusados negociaron con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hasta que el juez recibió pagos por parte del Gobierno venezolano.

Lea también: ¿Finge demencia? La única vez que Maduro habló sobre los “narcosobrinos” (+Video)

Lo ocurrido el 14 de diciembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York corresponde a un acto de justicia ordinaria y que se ajusta a los parámetros establecidos en las normas procedimentales del derecho norteamericano. De acuerdo al reporte anual de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos del año fiscal 2016, el 20.8 por ciento de las sentencias impuestas en las cortes federales estuvieron por debajo del rango establecido por las pautas federales, en comparación con el 21.3 por ciento en el año fiscal 2015.

En opinión del abogado, Carlos Pérez, experto en justicia criminal, el magistrado Crotty actúo ajustado a lo establecido en las atribuciones que el Tribunal de Justicia de los Estados Unidos les otorgó a los jueces federales en el año 2007, en lo relacionado a su papel central tradicional en la sentencia penal, publicó la periodista Maibort Petit en Venezuela al Día. 

Explica el letrado que los jueces de distrito tienen amplia discreción para imponer lo que creen que son sentencias razonables, incluso si las pautas federales exigen que las condenas sean mayores, como ocurrió con el caso de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro.

En la causa de Campo Flores y Flores de Freitas la fiscalía expuso en su solicitud ante la corte que los dos acusados debían ser sentenciados a cadena perpetua, motivado a que los agravantes que presentaron mostraban que ambos tenían una conducta criminal, y que se habían aprovechado de sus conexiones políticas para traficar grandes envíos de cocaína a los Estados Unidos. Como mínimo, los fiscales habían pedido 30 años de prisión y multas que iban entre los 50 mil a los 10 millones de dólares.

Por su parte, la defensa de los acusados había exigido al juez una sentencia máxima de 10 años. Los abogados hasta el último momento negaron la gravedad de la ofensa y culparon a los informantes corruptos de la DEA de haber sido quienes empujaron a los acusados a cometer el delito y quienes —además— habían establecido todos los elementos para que los familiares de Cilia Flores fueran procesados por narcotráfico, incluyendo el monto de la droga de la conspiración.

Advertisement




Tendencias