Kai Ambos: Documento de Maduro para pausar investigación CPI es "muy bueno" pero la realidad es otra

Caracas / Foto Portada: Anaisa Rodríguez.- El pasado 1 de noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional -CPI-, Karim Khan pidió a una Sala de Cuestiones Preliminares reanudar el caso Venezuela I, que consiste en la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro. Khan alegó que no se justifica el aplazamiento que pidió el Estado venezolano, y pese a que reconoce que ha habido esfuerzos en llevar a cabo reformas judiciales, eso no es suficiente. El director del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (Cedpal), Kai Ambos evaluó que el documento de 18 folios que presentó el gobierno de Maduro para intentar paralizar la investigación es muy bueno y está "bien hecho", pero la realidad es que no han aplicado las medidas correctas para impulsar investigaciones que cumplan con los estándares internacionales sobre crímenes de lesa humanidad y esto se traduce en que las víctimas no recibirán justicia.

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El foro "La Justicia transicional y la Corte Penal Internacional" tuvo lugar este jueves en la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (Cavenit), ubicada en Altamira. Durante el evento se dieron cita diferentes ponentes expertos en derecho que explicaron el status de la investigación que viene haciendo la CPI sobre Venezuela desde febrero de 2018.

Durante su intervención, Ambos, catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Georg-August-Universitat Gottingen de Alemania, subrayó que ahora es la Sala de Cuestiones Preliminares la que deberá decidir si la investigación seguirá su curso o si será suspendida como lo pidió Venezuela.

"El procedimiento es lento y da la oportunidad de dilatar la investigación. El Estado alega que no necesita a la CPI porque el mismo puede investigar estos crímenes que se han denunciado. Y en esta fase, la CPI no podrá seguir investigando hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares tome una decisión", declaró a los presentes en la sala.

A su juicio, esto es un poco "vago" porque la investigación ya se inició hace más de un año, pero como el Estado pidió suspenderla, la sala podría recibir observaciones de víctimas, Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, que constaten lo que se ha denunciado ante la CPI: que en Venezuela se han cometido durante años crímenes de lesa humanidad, tratos crueles, torturas, persecución política, entre otros y esto lo sabe el Estado venezolano.

Ambos precisó que el documento que entregó el gobierno es de 18 mil folios y lo consideró una manera de dilatar el proceso, pese a que reconoció que es "muy bueno".

"Es un documento muy técnico, legal, bastante rigurosa, contiene literatura citada. Me parece muy convincente y muy bueno, pero después tenemos la realidad de los hechos y evidentemente ustedes conocen mejor la realidad de su país, no sé si eso pasa o no pasa, pero las denuncias dicen otra cosa. Creo que la Fiscalía de la CPI ha estudiado las 18 mil páginas y tomó en cuenta muchas informaciones de organizaciones venezolanas. Es sabido que el gobierno no coopera con la Misión Internacional Independiente de determinación de los Hechos sobre Venezuela y lo que hace es dilatar la investigación de la CPI. Pero más allá de eso, hay mucha información objetiva que confirma la posición de la fiscalía".

Asimismo, enfatizó que Venezuela podría presentar más documentos para demostrar que tiene razón y que si han investigado y si están tomando medidas por juzgar a los responsables.

¿Qué pruebas tiene la Fiscalía para decir que en Venezuela no hay justicia?

La CPI, explicó Ambos, maneja información proporcionada por el Estado venezolano y la Fiscalía ha basado su investigación en testimonios directos de víctimas, familiares y abogados que por supuesto son confidenciales para proteger su integridad. Las comunicaciones con confidenciales.

El fiscal Khan ha dejado claro que la propia información que da el Estado revela una falta de voluntad para sancionar a responsables de estos crímenes: solo 23 condenas de 893 casos, es apenas 2,5% del total. No se ha investigado a las cadenas de mando, ni se investiga si los delitos son generalizados y sistemáticos.

Además, muchos informes sobre la situación de DDHH en Venezuela dan cuenta de que el sistema de justicia venezolano no es independiente, que el Ejecutivo interviene en procesos judiciales y que quiere interferir en el trabajo de los jueces. "Las investigaciones no se hacen con buena fe", lamentó.

En este orden de ideas, recalcó que es el Estado quien maneja la información de cuerpos de seguridad, centros de detención, de todo lo que ocurre en el país.

"En La Haya no hay información, depende del Estado y de grupos de la sociedad civil, por eso solo puede ser el Estado que de esa información. Podríamos compararlo con un espejo, La Haya tiene la información sobre los crímenes cometidos y el Estado deberá proporcionar la información que muestre que está investigando estos crímenes. Debería ser exactamente como un espejo".

La Sala de Cuestiones Preliminares deberá analizar según el artículo 17 del estatuto de Roma y responder si seguirá o no con la investigación.

Gobierno acusó a la CPI de no tener "rigurosidad" en investigación sobre Venezuela

El canciller Carlos Faría rechazó el sábado 5 de noviembre que el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan haya solicitado continuar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En un comunicado publicado en Twitter, la Cancillería dijo que Venezuela "ha aportado amplia y suficiente información que demuestra, cómo a través de las instituciones competentes, el país se encuentra o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos".

Además, criticó que a pesar de la información enviada y los intercambios entre la justicia venezolana con el organismo con sede en La Haya, el fiscal Khan "mantenga una visión claramente con prejuicios en relación con la situación de Venezuela, haciéndose eco de las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos".

Asimismo, tildó de "altamente preocupante" que la solicitud de Khan se fundamente en "fuentes secundarias carentes de credibilidad", ya que considera que están políticamente parcializadas, razón por la cual cargó contra la instancia internacional, acusándola de no tener "rigurosidad".

En ese sentido, la administración de Nicolás Maduro anunció que acudirá ante la Sala de Cuestiones Preliminares para "defender la verdad y mostrar la productiva labor de las autoridades nacionales en la investigación de todas las denuncias de delitos graves contra las personas".

Por último, ratificó que continuarán colaborando "de buena fe" con la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, para cumplir con sus compromisos internacionales.