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Karim Khan anunció que la CPI firmó un "plan de trabajo" con el Gobierno de Maduro

Este programa podría significar la apertura de manera “inmediata” de una oficina del fiscal en el país, la cual tendría funciones de “cooperación y asistencia técnica”

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CPI, Venezuela

Caracas. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan anunció este lunes que su oficina firmó un “plan de trabajo” con el Gobierno de Nicolás Maduro para “facilitar la colaboración” entre ambas partes. 

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En medio de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma (ASP22), que se lleva a cabo desde este 4 hasta el 14 de diciembre en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Khan detalló que el acuerdo de colaboración se firmó el pasado 2 de diciembre.

Este programa podría significar la apertura de manera “inmediata” de una oficina del fiscal en el país, la cual tendría funciones de “cooperación y asistencia técnica”, como se acordó en junio de 2023 con la firma del Memorando de Entendimiento.

El plan incluye el desarrollo de actividades en conjunto con el Ministerio Público, específicamente con la oficina del fiscal general de la República, Tarek William Saab.

“En materia de rendición de cuentas, hace dos días, por ejemplo, en Venezuela, nuestra fiscalía firmó un plan de trabajo con el gobierno para facilitar la colaboración con las autoridades venezolanas y con la oficina del fiscal en Caracas”, dijo en la asamblea.

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Memorando

El pasado 9 de junio del corriente año, Venezuela y la Fiscalía de la corte suscribieron un Memorando de Entendimiento que acuerda el establecimiento de una oficina para apoyar la “colaboración con las autoridades venezolanas” y facilitar la asistencia técnica.

“Este acuerdo es la realización de nuestros esfuerzos, de todo el esfuerzo que usted ha hecho (…) Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar a Venezuela con la asistencia técnica”, precisó Khan en ese momento.

Sobre la asesoría técnica, Khan destalló que el consenso permitirá que el gobierno de Nicolás Maduro “pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”, además de habilitar a los especialistas de la Fiscalía de la CPI para capacitar a los funcionarios del país en las “reformas judiciales” que Venezuela "quiere poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y paz sostenible”.

Oenegés piden que se publique el memorando

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), la Organización de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales, Torturas (Orfavide), Madres Poderosas, Civilis y a Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) exigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores divulgar el memorando de entendimiento suscrito por el gobierno y la CPI.

Marino Alvarado, coordinador de Provea, aseveró que las víctimas, sus familiares y las organizaciones defensoras de derechos humanos deben saber en qué consiste el segundo memorando de entendimiento, en el que se planteó el establecimiento de una oficina del fiscal de la CPI.

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“El principio de la complementariedad no se ha cumplido”, dijo Alvarado en un video divulgado en redes sociales en horas de la mañana. “Las víctimas y organizaciones de derechos humanos seguiremos exigiendo que en Venezuela haya justicia ante los crímenes de lesa humanidad.

Investigación sobre crímenes de lesa humanidad

El pasado 8 de noviembre, la fiscalía desmeritó las supuestas investigaciones que el gobierno venezolano dice adelantar sobre los casos de presuntos crímenes de lesa humanidad. La declaración se dio en la segunda audiencia en la Sala de Apelaciones, en la que se evalúa la solicitud hecha por el Estado venezolano para detener la investigación en su contra por la comisión de presuntos delitos contra los derechos humanos (DD. HH.)

La representante señaló que de los 62 casos, 59 se homologan a los 124 incidentes. Basándose en la propia información aportada por Venezuela, destacó que en 47 de ellos no se identificaron a perpetradores, 46 se encuentran en fase intermedia y en 21 casos se identificaron caracterizaciones jurídicas inadecuadas.

«El material venezolano mostrado en la Sala Preliminar no mostró que se habían investigado estos elementos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La Sala fue razonable e hizo lo correcto (sobre autorizar la investigación)», aseveró

Subrayó que para los 62 casos sobre los que hubo expediente, la Sala Preliminar consideró que en los que se identificó y acusó a un sospechoso, los autores eran de bajo nivel y las investigaciones reflejaban que no había intención de investigar a los autores de rangos altos.

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«Si los Estados no tienen la voluntad de investigar estos crímenes de lesa humanidad, para eso está este tribunal, para combatir la impunidad en los crímenes más horribles reconocidos por la comunidad internacional», sostuvo.

Venezuela reconoce que hay impunidad

El abogado de Venezuela, Aitor Martínez reconoció que ninguno de los casos concluyó con una condena definitiva. Sobre los 124 incidentes, dijo que están representados en una nota verbal y 64 expedientes que reflejan 62 casos.

Precisó que 113 están en fase de investigación y que se logró individualizar a 166 funcionarios públicos; tres en fase intermedia, con acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco culminaron con condenas a 14 funcionarios públicos.

De acuerdo con Martínez, las personas condenadas van desde oficiales de la policía a sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Apuntó que entre los funcionarios acusados o que están en fase de juicio, “18 comisarios, 39 inspectores, nueve detectives, nueve supervisores, dos oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar tres tenientes coroneles, siete tenientes, un mayor, seis capitanes y 31 sargentos”.

Ben Emmerson, que encabeza la representación de Venezuela ante la Fiscalía, señaló que “evidentemente” en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, “porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”.

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Admitió que «ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua».

Investigación

A inicios de julio, Venezuela apeló la decisión de la CPI de reanudar la investigación por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Nicolás Maduro consideró que la decisión se sustentó en "falencias".

"En las próximas semanas y de conformidad con el procedimiento establecido, Venezuela consignará los elementos que respaldan su apelación, denunciando cada una de las falencias de la citada decisión, que resulta claramente contraria a la verdad y la justicia", informó el gobierno en un comunicado divulgado por la Cancillería.

La Sala de Cuestiones Preliminares del máximo tribunal decidió el 27 de junio autorizar la reanudación de la investigación por las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Esta investigación arrancó en noviembre de 2021 por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos en Venezuela.

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Sobre las indagaciones, el Ejecutivo venezolano ha aseverado que los atropellos a los derechos humanos fueron castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial.

Pese a lo reiterado por las autoridades venezolanas, la CPI, la Corte mantiene la postura de que Venezuela "no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad".





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