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La Lupa

La complementariedad entre el Estado venezolano y la CPI no funcionó

Este es mi tercer artículo para El Cooperante en donde hago un seguimiento a la relación entre el gobierno y la Corte Penal Internacional (CPI). Pasó lo esperado. El Fiscal de la CPI solicitó a la sala de cuestiones preliminares de esa corte, “reasumir la investigación” que adelanta por las violaciones cometidas por funcionarios del gobierno de Maduro en protestas. La complementariedad entre el Estado y la CPI no funcionó. Al menos hasta ahora. El gobierno, a través de la Cancillería, había solicitado a Khan la inhibición de su oficina en favor de las autoridades venezolanas. En su solicitud, Khan argumentó que el gobierno no ha presentado nuevos avances sino los mismos datos que ofreció cuando la investigación se abrió en 2020. El balance que ofrece la Cancillería es, a mi juicio, muy pobre. De 124 “asuntos” que vienen de 2014 acordados con la CPI para investigar, apenas cerca del 3% tiene sentencia. En 8 años ese es el balance de la justicia venezolana en cuanto a casos de violaciones a los DD.HH por parte del gobierno de Maduro. Con este tema, no hay que jugar ni hacer demagogia. Asumo el interés del poder ejecutivo, legislativo, judicial y de la fiscalía para resolver los 124 “asuntos”, pero la decisión del fiscal Khan me parece la correcta dada la evidencia mostrada por el gobierno

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Caracas.- Continúo con el seguimiento a la relación entre el Estado y la Corte Penal Internacional. Es mi tercer artículo para el portal de la casa, El Cooperante, en el cual sigo el caso.

Pasó lo que debió suceder. No hubo sorpresas. El día 21-4-22 el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Khan, remitió a la sala de cuestiones preliminares un escrito en el cual consideró que su oficina debe seguir con la investigación que la fiscalía de la CPI comenzó en 2020. Para el fiscal Kahn, el gobierno solicitó que la fiscalía de la CPI se inhibiera de seguir con su propia investigación, pero Khan estimó que el Estado venezolano no ofreció nuevas evidencias para sustentar su petición. De acuerdo a la CPI, lo presentado por el gobierno son soportes que ya fueron mostrados previamente. No agregó nada nuevo. Por eso su solicitud a la sala de cuestiones preliminares, a la que corresponde “decidir el procedimiento que debe seguirse tras haber presentado yo mi solicitud de seguir adelante con la investigación, con inclusión de posibles respuestas de Venezuela y de observaciones pertinentes formuladas por las víctimas, sus representantes jurídicos y otras partes interesadas”, de acuerdo a la nota de prensa de la CPI con fecha 21-4-22. 

No me sorprende la petición del fiscal y es la que me parece correcta a la luz de los documentos aportados por el gobierno de Venezuela. Si éste pensaba que con la atención prestada al fiscal de la CPI en sus dos visitas y el memo firmado el 3-11-21, éste se inhibiría, el ejecutivo calculó mal. Sus propios datos muestran su mala previsión, si efectivamente hizo alguna. 

En una comunicación de 15 páginas firmada por el canciller Félix Plasencia, con fecha 15-4-22, el gobierno solicitó a la CPI “se inhiba de investigar en favor de los procedimientos ante las autoridades judiciales y competentes de Venezuela y les brinde asistencia y apoyo en general”.  

Para fundamentar su solicitud, el gobierno ofreció varios motivos. Uno, las reformas en el sistema de justicia que desde 2021 adelanta la AN. Afirmó el canciller que, “de manera simultánea, la República Bolivariana de Venezuela ha venido adoptando un conjunto de reformas normativas e institucionales para reforzar las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia, conforme a los estándares internacionales en esta materia”. Como ejemplos, Plasencia citó las reformas a los códigos Orgánico Procesal Penal y Orgánico de Justicia Militar.

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Sin ser conocedor del tema, estas dos reformas me parecen las más importantes, y las comenté en un artículo para El Cooperante cuando fueron sancionadas por el parlamento en 2021, titulado “¿Maduro lanza otra señal de liberalización del sistema político autoritario?” con fecha 29-9-21. No obstante, el abogado Alí Daniels opinó que el TSJ anuló la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar porque la sala constitucional del tribunal “confirmó que, si un juez militar quiere juzgar a un civil, sólo debe motivar su decisión, obviando de este modo la prohibición del Código”. Busqué la sentencia en la web del TSJ y es la N° 0735, expediente N° 19-0479 con fecha 9-12-21.

Veamos las cifras aportadas por el gobierno que respaldan su solicitud para que la fiscalía de la CPI se inhiba a favor de las instancias internas para que prosigan con las investigaciones por violaciones a los DD.HH por parte de funcionarios del gobierno de Maduro en protestas.

Un dato importante de la comunicación firmada por el canciller es que se refiere a casos desde 2014. Cuando escribí mi primer artículo acerca de este tema para El Cooperante, luego de firmado el memo entre la CPI y el gobierno el día 3-11-21, tenía la duda si los casos son desde 2014 o desde 2017. Para el gobierno, son desde 2014. Plasencia escribió que, “de igual forma, se transmitió a la Fiscalía información detallada sobre los hechos ocurridos a partir de febrero de 2014, en los cuales se pretendió, mediante disturbios geopolíticamente auspiciados, subvertir el orden constitucional y generar un enfrentamiento entre la población venezolana”. El canciller se refiere a los hechos de La Salida de febrero de 2014. 

El gobierno hace una crítica elegante a la fiscalía de la CPI. Expresó que, si bien la información transmitida por aquélla es confusa, y basada en fuentes de internet, el gobierno accedió a cooperar e investigar. El canciller señaló que, “el 13 de enero de 2022, la fiscalía de la CPI proporcionó alguna información sobre los posibles asuntos que se están investigando como se detalla en los anexos I y II adjuntos a su comunicación. El anexo I hace referencia a un conjunto de informes en materia de derechos humanos publicados en internet. Por su parte, el anexo II facilitaba una lista de supuestos asuntos concretos extraídos de esas y otras fuentes públicas(…)De acuerdo a la información aportada por el Ministerio Público de Venezuela, la información enviada por la Fiscalía (de la CPI, N. de R.) a veces carecía de elementos suficientes para identificar plenamente a las presuntas víctimas y las circunstancias de los hechos. Muchas de las personas se identificaban con seudónimos. Por otra parte, en lista del anexo II algunas presuntas víctimas se encontraban repetidas(…)”. En esta parte de la carta, aparecen los números que el gobierno presentó como soportes de lo que las autoridades judiciales venezolanas han hecho con los casos que examina la CPI.

Luego que la fiscalía de Venezuela evaluara la solicitud de la CPI junto a sus soportes, los “asuntos remitidos” quedaron en 124. Aquí está el balance que no es bueno, si se toma como fecha de corte 2014. Expresó el canciller, “de este universo, para la fecha, ciento dieciséis (116) asuntos se encuentran en fase preparatoria y cinco (5) en fase de juicio y tres (3) asuntos cuentan con sentencia condenatoria. El proceso penal venezolano está compuesto de cuatro fases: preparatoria, intermedia, juicio, y ejecución, siendo la fase preparatoria aquella donde se realizan las diligencias orientadas a determinar las circunstancias del hecho e identificar a presuntos responsables”. El funcionario añadió que “hasta la fecha de la presente carta, un total de treinta (30) funcionarios han sido imputados y veintisiete (27) acusados por su presunta responsabilidad en los hechos investigados. En total, catorce (14) funcionarios permanecen actualmente privados de libertad(…)”.

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Si se hace un balance, el desempeño de la justicia venezolana es muy pobre. En 8 años, apenas hay 3 sentencias que son el 2,4 por ciento. Asumo que la fiscalía venezolana no esperó a la carta de la CPI para investigar, sino que comenzó a hacerlo por iniciativa propia desde 2014. Si comenzó en 2020 a petición de los casos suministrados por la CPI, igualmente pensaría que el balance no es bueno. 

La mayoría de los asuntos están en “fase preparatoria” (116 asuntos, que equivalen al 93,5% del total). Hablamos que, si la fecha de corte de los asuntos que se investigan -como expresa la carta del canciller- es 2014, van ocho años.

La complementariedad Estado venezolano-CPI no funcionó. Al menos en este momento. La importancia de la solicitud de la fiscalía de la CPI está en una expresión que Khan usó en su solicitud, “reasumir la investigación”. Es “reasumir”. Es decir, asumir algo que se había detenido. La CPI había dejado que las autoridades venezolanas investigaran y sancionaran en los casos aplicables, las violaciones a los DD.HH durante protestas, pero no está satisfecha con los avances y por eso Khan planteó a la sala de cuestiones preliminares de la CPI volver a comenzar la investigación.

Interpreto que lo que quiere decir es que se dio la oportunidad al Estado para avanzar -con base en lo complementario- y, además, hay que recordar que la CPI extendió el tiempo para que el Estado demostrara que investiga los hechos previstos en el artículo 5 del Estatuto de Roma -a saber: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, y crímenes de agresión- del 16-1-22 al 16-4-22. El artículo 18.2 del Estatuto de Roma otorga 30 días para acreditar que el Estado parte indaga y no sea necesaria la investigación por parte de la CPI, pero para el caso Venezuela, se llevó a 120 días. Es decir, 4 meses.

En ese tiempo, la CPI estima que no se progresó en las investigaciones, sino que el gobierno presentó los mismos avances que ha mostrado desde 2020, con promesas de desarrollos a futuro. La Fiscalía de la CPI puntualizó algo importante, “(…)la evaluación de la complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que pueden ocurrir en el futuro”. En sencillo, la Fiscalía de la CPI no se puede inhibir sobre la base de hechos o promesas -agrego yo, que hace el gobierno de Maduro- para el futuro. No hay una inhibición en futuro, sino en el presente, con base en hechos. En este caso, pienso que la CPI hubiera otorgado la inhibición que planteó el gobierno de Maduro si los 124 asuntos se hubiesen investigado completamente.

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Quizás la crítica de Pedro Carreño al TSJ, la comisión para la “revolución judicial” que encabezan Diosdado Cabello y Cilia Flores, y la designación de Gladys Gutiérrez al frente del TSJ -viene de ejercer como embajadora de Venezuela ante la OPAQ y la CPI, por lo que debe tener información de primera mano sobre la investigación que adelanta la fiscalía de la corte- lo que indican es la urgencia del Estado en que los casos se procesen lo que, también, llama la atención porque al ser un gobierno autoritario y el sistema político igualmente ser autoritario, no tiene control efectivo sobre la justicia. Por ejemplo, la designación como magistrado del TSJ de un expresidente de la Corte Marcial quien fue removido en 2017 ¿es prueba de la independencia de poderes o del poder de grupos internos dentro del TSJ que lograron imponerse a la voluntad del Comité de Postulaciones Judiciales del parlamento?

Un Estado autoritario que pugna con intereses corporativos dentro del sistema judicial, que no son nuevos, pero que el chavismo prometió erradicar. Este ya suma cerca de un cuarto de siglo en el poder con varias reformas judiciales, el poder concentrado en el ejecutivo con decretos de emergencia y habilitantes, y lo que la administración de justicia puede exhibir como balance de sentencias en 124 asuntos sobre las protestas ocurridas desde 2014, es apenas el 2,4 por ciento. Desempeño demasiado mediocre pero que revela el fondo político de intereses que hay en estos casos y que se enfrentan al poder legislativo, moral, e incluso ejecutivo, poderes a los que atribuyo interés para abordar los 124 asuntos enviados por la CPI.

Así, es lógico que el fiscal de la CPI anunciara la solicitud a la sala de cuestiones preliminares para “reasumir la investigación”. Con una novedad. Si se reasume la investigación, el Fiscal solicitará, con base en el 55.1 del Estatuto de Roma, se invite a las víctimas, a sus representantes legales en su defecto, y a “otras partes interesadas”.

Recuerdo que cuando vino el fiscal en marzo de 2022, no pocos se quejaron que no se reunió con las víctimas y sus representantes. Si la sala de cuestiones preliminares autoriza el procedimiento, tendrán la oportunidad para exponer sus casos ante la Fiscalía de la CPI.

Hasta ahora, en esta tercera evaluación que escribo para El Cooperante de la relación entre el Estado y la CPI, el fiscal Khan mantiene su autonomía y personalidad. Al hacer la solicitud de reasumir su investigación, lo muestra. No está conforme con lo que el gobierno le presentó como avances, a pesar que accedió a prorrogar el tiempo para demostrar que el Estado investiga de 1 a 4 meses.

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Es la primera diferencia entre el gobierno de Maduro y la CPI. Veremos cómo el conflicto se canaliza o regula. El Estado dice que investiga. La CPI opina que no lo suficiente. Que está en lo mismo. No avanza. Veremos si se mantiene la “alta política” que tanto el presidente Maduro como el fiscal Kahn mostraron en noviembre de 2021 y en marzo de 2022. Es lo deseable.

Los abusos cometidos por el gobierno de Maduro demandan un enfoque de “alta política” como la exhibida en noviembre por Khan y el presidente, para que la justicia no sea un discurso o una consigna demagógica, sino algo real para quienes vivieron la agresión del Estado en protestas que si bien buscaron una insurrección y desalojar a Maduro del poder -este punto es lo que desde 2013, igual fue en 2001, me alejó de la oposición que hoy domina, la que busca o ¿buscó? una salida del ejecutivo por la fuerza. Aún en el supuesto que señala Plasencia en su carta que comparto y para mí le da una razón política al gobierno de Maduro –“subvertir el orden constitucional y propiciar un enfrentamiento entre la población venezolana”- es deber del Estado, más si tiene la constitución que tiene y Venezuela forma parte del Estatuto de Roma, no agredir a los manifestantes como ha sido documentado por las ONG de Venezuela y las misiones internacionales sobre los DD.HH.

En la relación Estado-ciudadanos, el último es la parte débil. Aunque quiera derrocar al gobierno, éste no debe tratar a sus ciudadanos como enemigos internos que es lo que sucede en Venezuela a partir de 2014. La investigación de la CPI debe proseguir y por eso la decisión del fiscal Khan para “reasumirla” me parece correcta y necesaria.



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