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La escasa evidencia que existe en contra de Roberto Marrero

El Cooperante | 11 junio, 2019

Caracas.- Aproximadamente a las 2 de la madrugada del 21 de marzo, ocho agentes de inteligencia venezolanos fueron a la casa del principal asesor del líder opositor Juan Guaidó y derribaron la puerta.

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Registraron el dormitorio de su sospechoso, el jefe de personal de Guaidó, Roberto Marrero, y encontraron dos rifles de tipo militar y una granada, dijeron los agentes en registros judiciales reservados revisados ​​por Reuters y hechos públicos por primera vez.





Los agentes del Sebin detallaron sus pruebas contra Marrero en dos informes que dijeron que habían recopilado seis días antes, el 15 de marzo, según los registros judiciales.

Los informes incluían una acusación de que Marrero había contrabandeado armas y explosivos desde Colombia, así como publicaciones en redes sociales que los fiscales llamarían más adelante como un acto de traición.

Pero los informes se contradicen de una forma que sugiere que la evidencia de las redes sociales se improvisó después del operativo policial, no seis días antes, como dijeron agentes y fiscales en los registros judiciales.





Y un juez otorgó la orden para buscar armas basándose en la palabra de un solo agente de Sebin que nunca detalló ninguna evidencia de contrabando en la solicitud de revisar la casa, según la orden revisada por Reuters.

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Un informe del Sebin incluye una captura de pantalla de una búsqueda en Google con los términos “Roberto Marrero Instagram” que los agentes dijeron que se realizó a las 8:37 a.m. del 15 de marzo, pero en realidad se realizó al menos seis días después, como lo demuestran tres noticias incluidas en la busqueda que informaron del allanamiento el 21 de marzo a la casa de Marrero.

Los agentes y fiscales confirmaron en los registros judiciales habían presentado esa búsqueda, incluidas las noticias sobre la redada, en una solicitud de orden judicial presentada seis días antes de que ocurriera el allanamiento.

La solicitud de orden, con fecha del 15 de marzo, fue aprobada por la jueza Carol Padilla el 20 de marzo.

En abril, Padilla fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos por actuar en la justicia “en nombre de este régimen ilegítimo”, mientras preside un tribunal de Caracas a cargo de hechos de terrorismo y delincuencia organizada.

La evidencia vaga y contradictoria siembra dudas sobre el caso en contra del opositor y cuya detención marcó el inicio de una represión más amplia por parte del gobierno de Maduro contra partidarios cercanos a Guaidó. Estados Unidos ha pedido la liberación de Marrero, describiéndolo como uno de los 800 presos políticos en Venezuela.

El abogado de Marrero, Joel García, dice que su cliente niega todos los cargos. García alegó, sin proporcionar pruebas, que los agentes plantaron las armas en la casa de Marrero.

García dijo que el tribunal no le había permitido revisar el archivo del caso, incluidos los informes de Sebin, en violación de la ley de Venezuela. Cuando Reuters le mostró los documentos, García dijo: “Es evidente que el informe es un hecho posterior a su detención, y no anterior”.

BUSCANDO “VECINOS” EN PUESTO DE PERROS CALIENTES

Dos kilómetros antes de llegar a la casa de Marrero, los agentes dijeron en su reporte que se detuvieron en un puesto de perros calientes en Las Mercedes, una zona de restaurantes y vida nocturna, y recogieron a dos personas para atestiguar la redada, un intento de cumplir con el requisito legal de que esas búsquedas sean presenciadas por dos “vecinos” del sospechoso.

Varios abogados y expertos legales dijeron que se entiende que el requisito se refiere a las personas que viven en las inmediaciones de la dirección que las autoridades allanan, normalmente en la misma cuadra.

Ambos testigos, según el informe del Sebin, no informaron de irregularidades y dijeron que los agentes llevaron a cabo la redada “con respeto y profesionalismo”. El Sebin ocultó los nombres de los testigos en su informe y Reuters no pudo identificarlos.

Después de romper la puerta de la casa de Marrero, los agentes escribieron en su informe que encontraron dos rifles y una granada en su dormitorio, junto con 2.406 dólares y 1.360 euros en efectivo y varios teléfonos celulares.

El arresto de Marrero el 21 de marzo marcó el primer paso en un acoso del gobierno de Maduro contra los aliados más cercanos de Guaidó, que se ha intensificado en las últimas semanas.

En 8 de mayo el Sebin capturó al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano, mientras estaba dentro de su auto y los agentes usaron una grúa para arrastrar el carro con el legislador dentro hasta un centro de detención.

La Corte Suprema ha acusado a Zambrano a otros 13 diputados de la oposición de delitos que incluyen traición y conspiración, lo que llevó a la mayoría a huir al extranjero o refugiarse en embajadas extranjeras en Caracas.

Los abogados de Zambrano han negado que el diputado cometiera un crimen y dicen que su detención viola su inmunidad parlamentaria.

Los funcionarios venezolanos no han comentado públicamente las acusaciones de la oposición de que Marrero fue detenido arbitrariamente.

Tras el arresto de otras figuras de la oposición, los funcionarios dijeron que el sistema de justicia está procesando a los delincuentes que intentan expulsar violentamente a Maduro.

 

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