La Lupa
La ley contra las ONG,s puede ser un tremendo autogol
Mientras el alto gobierno busca restablecer sus relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, un sector radical del Psuv insiste en aprobar una Ley que trata de fiscalizar y regular a las Organizaciones No Gubernamentales, la mayoría financiadas precisamente por la Unión Europea y EEUU. Algunos advierten que el proyecto no solo viola la Constitución sino que incluye hasta a las asociaciones de las escuelas, los clubes deportivos o cualquier otra forma de organización
Caracas. La exposición de motivos ya señala por dónde vienen los tiros: alli se asegura, palabras más palabras menos, que las Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil "actúan en beneficios del imperialismo reafirmando las premisas del neoliberalismo para promover o apoyar las intervenciones militares..." Es decir que, por definición, las ONG 's son un peligroso adversario y, en consecuencia, hay que fiscalizarlas y registrarlas y, sobre todo, conocer quiénes las financian. Y solo cuando el ente gubernamental decida que sus papeles están en regla, podrán funcionar.
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El proyecto de ley es muy parecido a los que han aprobado en Cuba, Rusia y Nicaragua, donde declararon ilegales a todas las ONG, y de allí la preocupación y advertencias de los organismos internacionales sobre este intento de la Asamblea Nacional de calcar semejante conducta. Desde Amnistía Internacional, Human Rights Watch hasta Naciones Unidas, todos coinciden en su preocupación por las implicaciones que pueda contener el proyecto de ley:
“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU cuando se aprobó en primera discusión.
Pero los optimistas tienen su propia versión. Llegan a decir que el gobierno de Venezuela se estaría metiendo un autogol con esta movida, porque mientras algunos representantes andan de gira por Europa tratando de normalizar las relaciones, estableciendo diálogo con la Unión Europea ( hasta el Vicepresidente de la Unión Europea Josep Borrell ha declarado su intención de adaptar la política europea a la nueva realidad del país sudamericano) y buscando aproximarse a Estados Unidos, la aprobación de la ley sería un escándalo que conspiraría contra la percepción que el gobierno quiere vender, según la cual el país "está mejorando". Y no solo eso: abre un nuevo frente contra la UE y EE. UU., porque en el proyecto de ley los mencionan con nombre y apellido como unos de los grandes financistas.
Y por si fuera poco, abre un boquete adicional en los gobiernos progresistas de América Latina, la mayoría de los cuales provienen o han sido apoyados por las ONG, como Gustavo Petro y Gabriel Boric en Chile o Alberto Fernandez, de Argentina, donde las ONG,s fueron fundamentales para luchar contra la dictadura militar en la década de los 70,s.
"Esto lo malpone contra el poco apoyo que tiene en la izquierda democrática de América Latina y tampoco lo ayuda en el diálogo de México", señala un dirigente de una ONG que prefiere el anonimato y asegura que, de aprobarse, la ley haría que las ONG dejarán de existir, sobre todo las que defienden los Derechos Humanos:
"Gracias a la documentacion de los crimenes de lesa humanidad y violación de Derechos Humanos que han hecho las ONG en Venezuela hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional", asegura.
Otros también recuerdan que en un gobierno caracterizado por la opacidad en las estadísticas y mucha de la prensa independiente sin acceso a información oficial, las ONG se han convertido en fuentes calificadas de informacion, porque son las unicas que estan acumulando data de lo que ocurre en las cárceles, en los hospitales y escuelas, en inflación y costo de la vida. Sin perder de vista que muchas asociaciones civiles se han convertido en una red organizativa de la sociedad cuando los partidos políticos están debilitados en esa área.
Para los pesimistas, la ley no solo buscará controlar a las ONG, sino que se aplicará retroactivamente a las que ya existen, lo que también viola otro derecho. A todas las que existen se les da un año para que se registren y después, las que no lo hagan no existen, quedarán ilegalizadas.
Y aunque falta un buen trecho para su aprobación definitiva, nunca es demasiado temprano para alertar sobre los riesgos que implica semejante paso.
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