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La magistrada Miriam Morandy montó una empresa estrenándose en el TSJ

Jose G Martinez

José Gregorio Martínez.- Ser complaciente con el Gobierno le ha garantizado al menos beneficios económicos, pues en tiempos de rivalidades entre grupos de poder, ni la protección de la primera combatiente le ha valido para llegar a la cúpula judicial. Miriam Morandy se quedó con las ganas de ser fiscal general de la República y también vio frustrado su eventual nombramiento como presidenta de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). La mayor posición que ha escalado ha sido como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un año después incursionó como empresaria.

Miriam del Valle Morandy Mijares, cédula de identidad V-6.363.852, nació en Maturín, estado Monagas, el 27 de octubre de 1961. Obtuvo su título de abogada en la Universidad Santa María en 1988 y seis años más tarde finalizó un postgrado en Criminalística en el Instituto Universitario de Policía Científica. Su trayectoria laboral la inició en 1981, mientras cursaba sus estudios de pregrado, como sumariador en el extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ). Entre 2006 y 2010 ejerció como magistrada de la Sala de Casación Penal del máximo tribunal.

El 27 de septiembre de 2007, mientras se desempeñaba como magistrada, constituyó la empresa Comercializadora Jomira, C.A, RIF J-294438881, con un capital suscrito de 150 millones de bolívares, junto con dos socios, siendo poseedora de 35% de las acciones. La empresa ubicada en la avenida Urdaneta, La Candelaria Este de Candilito a Urupal, edificio Dilcan, piso 6, ofician 6-C, tiene la particularidad de que sus operaciones son muy variadas, va desde la comercialización de materiales de construcción; compra, venta e importación al mayor de equipos de oficina; venta de línea blanca, marrón; así como ropa y calzados hasta distribución y venta de alimentos. Su cotización en el Seguro Social por su labor en el TSJ se ubica en 43.768,02 Bs. por un total de mil 246 semanas.

Entre sus polémicas decisiones –alabada por oficialistas y repudiada por opositores- se encuentra haber declarado inadmisible la solicitud de avocamiento del caso de los ocho policías metropolitanos y los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas por los sucesos del 11 de abril de 2002. También negó el avocamiento al diputado José Sánchez “Mazuco” y al presidente de 6to Poder, Leocenis García.

La carrera judicial la lleva en las venas. Su hermana es la jueza Reina Morandy Mijares, quien también tuvo en sus manos del caso del diputado “Mazuco” y ordenó encarcelar al exgobernador del Zulia, Manuel Rosales. La carrera como penalistas sin duda tiene un alto precio. Y es que el 24 de abril de 2009 encontraron en las puertas de su residencia, ubicada en la urbanización Vista Alegre, presuntos explosivos con panfletos que decían que ambas hermanas “explotarán como Danilo (Anderson)”.

Previo a la renovación de los cargos en el Poder Ciudadano, 6to Poder aseguró que Miriam Morandy sería la nueva fiscal general de la República, y si esto no era así, quedaría demostrado que no es Nicolás Maduro quien manda en el país. Tal hipótesis parece haberse demostrado, pues a pesar de que Morandy es muy cercana al entorno del Presidente, ya que es comadre de Cilia Flores, se impuso nuevamente Luisa Ortega Díaz. Lo mismo ocurrió en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La primera dama promovió el año pasado a Morandy como sustituya de Argenis Chávez, en vista de que el hermano de Hugo Chávez estaría incurso en irregularidades administrativas, pero –según La Razón- Diosdado Cabello y Pedro Carreño metieron la mano para garantizar que se mantuviera la cuota de poder que exigía la familia Chávez.

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