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La Lupa

La muerte de Raúl Isaías Baduel

El fiscal Tarek Saab informó que el día 12-10-21 falleció el general en jefe Raúl Baduel por motivos asociados al COVID. Es la primera figura simbólica del chavismo que muere en prisión, a donde fue llevado por sus compañeros que antes lo llenaron de elogios. Fue un preso político de Chávez y Maduro. Si Chávez le tuvo miedo al áurea misteriosa del general y por eso cayó en desgracia o el Baduel cometió una de las faltas más delicadas en política que se paga caro –conspirar- lo validarán los hechos. El artículo destaca mi percepción sobre este caso: un encono contra el militar, no tuvo el juicio ordenado en 2018, y fue humillado, incluso degradado como soldado. Falleció en custodia del Estado. El odio como política de Estado es inaceptable. Baduel fue víctima de esto. El odio es una constante en nuestra historia desde la Independencia. Lo debimos haber enterrado hace mucho tiempo, pero la historia se repite

Foto: Última fotografía de Raúl Isaías Baduel

Caracas- Aleksandr Solzhenitsyn escribió que “No todo asume un nombre. Algunas cosas van más allá de las palabras”. El día 12-10-21 el fiscal Tarek Saab escribió un trino en el cual informó la muerte del general en jefe Raúl Baduel. No hay palabras para abordar este caso. Solo el ahogo moral porque volvimos a fallar. Que este yerro nos aleja de una salida política. Digo “volvimos” porque si bien el general estaba bajo la responsabilidad del Estado, se esperaba que este tipo de situaciones vividas en otros momentos del chavismo y de la historia de Venezuela, no se repetirían. Que ya son muchas las heridas a sanar. Que la cura no será fácil. Que tal vez la sociedad venezolana nunca las cierre o quiera cerrarlas.

Se exige que un detenido no reciba más de lo que la constitución establece: respeto a su integridad y el debido proceso. Baduel no los recibió. Se esperaba –y espera- que la lucha política existencial que caracteriza las últimas décadas de Venezuela –y goza de buena salud- pudiera dar paso a una agonal con ciertas reglas. Que cesara la tortura, el abuso del Estado, y que se institucionalizaran procedimientos para llevar nuestro conflicto político. Esta mala noticia aleja esa posibilidad. La convierte en más trabajosa para lograr. Se ensanchó una herida abierta que costará cerrarla o no curará. Un motivo más para separar. Una razón más para acumular agravios y alimentar la ira. Por eso no hay palabras. El conflicto político venezolano actual tiene un sino trágico: cuando se atisba alguna posible vía para abordarlo, de repente aparecen situaciones que frustran esa búsqueda, lo que es celebrado por grupos y personas –bastantes e insospechados- que no desean una solución a la guerra. Aplaudidos por un público digital que cree que una guerra no los afectará más de lo que ya les toca o la verán en “streaming”. O tal vez buscan a Tánatos y no lo saben. Pero nos arrastran a todos con su “yo no fui”.

Saab informó en su tuit que el militar falleció por “un paro cardio-respiratorio producto del Covid19, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna”.

Un tuit que abre muchas preguntas. El fiscal debió escribir otro trino con algo como, “mi despacho designó a XXX con competencia nacional para abrir una investigación que informe al país las condiciones de reclusión del general y las causas de su fallecimiento, incluyendo el ambiente previo a su muerte, para tomar las acciones penales si es el caso”. Es lo que se espera si hay independencia de poderes como establece la constitución. Que el fiscal haya dicho en el programa de Vladimir Villegas del día 13-10-21 en el canal Globovisión que si la familia “desea una segunda autopsia con médicos privados que puedan enviar, la pueden hacer”, es un primer paso para comenzar a responder las muchas preguntas que deja la muerte del general.

No es el primer preso político que muere en una cárcel del chavismo. Esta noticia impactó. Por el significado de Baduel para el chavismo. Quizás sea la primera figura simbólica que muere detenido. Antes de Baduel fue Nelson Martínez, pero era un civil, que venía de afuera, de Citgo, acusado de corrupción, sin la carga simbólica de Baduel, no era político o con dolientes en ese mundo. La muerte de Martínez también dejó muchas preguntas que no han sido respondidas, pero su partida no generó mayores reacciones. Con Baduel es distinto no solo porque es militar, sino por la influencia que tuvo en la política nacional aunque luego durante los años de Chávez la fortuna política se le volteó, y fue destruido por sus propios compañeros. Ruina que llegó a su punto máximo con Maduro, cuando en febrero de 2018 lo degradó y le retiró su grado militar. La lucha por el poder no respeta amistades, compadrazgos, o compañerismos. Las peleas políticas entre familias son las peores y cruentas. La historia universal está llena de ellas. Viene a la mente “Juanchito” y “Vicentico” durante Gómez. Es una dura lección que el caso Baduel nos vuelve a enseñar.

Pero hay otra enseñanza más dura. No voy a condenar al general pero tampoco a romantizarlo como cierta opinión en tuiter. No sé si fue él quien defendió se respetaran los resultados del referendo de 2007 como se dice o fue el general en jefe Jesús González González (el referéndum fue el 2-12-07 y Baduel entregó el ministerio de la Defensa en julio y pasó a retiro ese año; si lo hizo, fue como civil); no sé si Baduel sea “el último militar nacionalista” que quedaba en las FAN. Corresponderá a sus biógrafos determinarlo. Sí observé aplomo y entereza durante su suplicio político y judicial, frente a las múltiples humillaciones de sus antiguos camaradas.   

Para un analista, cuando alguien de ese peso es acusado de corrupción es porque hay una pugna por el poder. Posiblemente Chávez resintió del áurea misteriosa del general –incluso escribió su libro donde fija su posición sobre el país con un sugestivo nombre, “Mi solución”- y como ciertos sectores de la sociedad venezolana muy civilistas pero no por eso dejan de buscar su “cachucha”, coquetearon con Baduel y por temor a ese símbolo Chávez lo sacó del camino cuando el general exteriorizó sus críticas al autoritarismo de Chávez o el soldado acarició ser un contrapeso a Chávez, quizás acicateado por uno de los tantos “doctores” del chavismo, Heinz Dieterich, quien le vendió a Chávez la tesis “de la economía de las equivalencias” que experimentó en ese laboratorio social llamado Venezuela para sufrimiento de sus habitantes, como cobayas de experimentación. Fallecido Chávez, Dieterich fue muy crítico hacia Maduro, y vaticinó su pronta caída. Si Dieterich influyó y Baduel intrigó, éste pasó un límite en política muy serio: conspirar.

En todas partes hacerlo se paga caro. En Venezuela y en los EUA. Lo que uno espera, si efectivamente ocurrió porque existe la presunción de inocencia, es el debido proceso para probarlo. Es la diferencia entre el Estado de derecho y el odio como política de Estado. A Baduel, los gobiernos de Chávez y Maduro le aplicaron el tratamiento del odio como política de Estado y no el Estado de derecho.

De acuerdo a los datos del informe de la FFM de la ONU, el militar fue condenado en 2009 por cargos de corrupción y terminaba su condena con una medida de libertad cuando en 2017 fue detenido sin que hasta el presente se sepa por qué estuvo preso. A pesar que en marzo de 2018 se ordenó el juicio del general y de otras personas básicamente por conspirar, el juicio no se hizo. El militar murió sin ir al tribunal. La indignación que causó la noticia es porque fue una muerte que dejó un sabor a venganza. Ya el chavismo lo había abochornado desde el punto de vista simbólico. El “caso ejemplarizante” de lo que un “revolucionario” no debe ser.

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A la política venezolana le falta magnanimidad. Es una política baja, que cree que con arrestos “de malandro” impresiona y asusta. Será a los jalabolas y cagatintas de los políticos. A más nadie. Pudieran los políticos venezolanos de cualquier pelaje leer a Mandela y cómo reaccionó cuando supo que una figura importantísima del CNA no se comportó a la altura durante un juicio, y “traicionó la causa”. Pero bueno, Mandela parece ser una excepción en la política.

Quizás el general tuvo su coqueteo para conspirar contra el gobierno de Maduro. Si fue así, no comparto esa manera de ver la política –es lo que me aleja de la oposición insurreccional, a la que también responsabilizo de la situación de Venezuela, en menos grado que al gobierno, pero tiene su parte- pero no justifica que con Baduel se haya incumplido el extremo del artículo 43 de la carta magna, que establece que las personas detenidas están bajo la responsabilidad del Estado y su bienestar protegido. Baduel murió bajo la custodia del Estado. Es un hecho. No se puede despachar con un tuit que “murió por efectos del COVID”. Surgen las preguntas ¿Se informó a la familia que el general tenía COVID? ¿Se atendieron sus llamados a medidas humanitarias a favor del militar? Porque la imagen que uno tiene es la de un Baduel ruleteado por diferentes centros de detención sin que se le abriera juicio. No quedó la idea de un detenido que recibió el debido proceso y fue respetado como hombre. Quedó el amargo sabor de un preso para cobrar facturas políticas de dirigentes chavistas muy poderosos pero políticamente pequeños.

Es una muerte amarga porque posiblemente a Baduel se le atendió tarde. Que los llamados de auxilio de su familia no fueron escuchados porque privó más el deseo de venganza que la magnanimidad con el antiguo compañero que cayó en desgracia. Tampoco actuó alguna institución del Estado para velar que el debido proceso se cumpliera o evaluar las condiciones del detenido y de su prisión. La Defensoría del Pueblo brilló por su ausencia, como casi siempre pasa. Es una institución silente, decorativa. Nadie le pide que desafíe al gobierno porque no está en sus atribuciones hacerlo, pero sí un poco de aplomo institucional para cumplir con sus tareas. Pero el silencio de no hacer nada retumba como pusilanimidad institucional.  Recuerdo el numeral 1 del artículo 281 de la constitución acerca de las facultades de la defensoría, “Velar por el efectivo respecto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados, convenios, y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la república, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento” (subrayados míos).

El chavismo restriega –con razón- la muerte por la violencia del Estado durante los gobiernos de AD-Copei de Alberto Lovera, Jorge Rodríguez padre, y puedo agregar, un militar que murió en circunstancias parecidas a la de Baduel: detenido y su familia expresó que sus llamados de atención médica no fueron escuchados en ese entonces. Se trata del capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, uno de los cabeza de la insurrección contra el gobierno de Rómulo Betancourt, El Porteñazo, en junio de 1962. Llevado tarde al hospital militar, cuando ya no había nada qué hacer de acuerdo a los testimonios de esa época, el marino murió en el Cuartel San Carlos en 1964. Uno no esperaba volver a ver esta película 60 años después, como no esperó la repetición de la película de Jorge Rodríguez padre. Asesinado a golpes por la policía política en 1976, 40 años después se repitió la historia con el capitán de corbeta Acosta Arévalo.  

Que la oposición cuya única preocupación es afirmar que “nada de lo que pasa hoy es comparable” con nada del presente o del pasado, y quien sabe si del futuro, bajo su tesis de la “no equivalencia moral”, no se ponga nerviosa ni se tire al piso por esta memoria histórica. No busco tal “equivalencia moral” sino recurrencias en la violencia del Estado. La aspiración es que la represión del Estado se supere. Pero no. En parte eso explica por qué somos una sociedad violenta. La crisis venezolana pone de relieve que no somos ese “melting pot” criollo del que tanto nos jactamos. Salvo el mundo feliz de tuiter que construye un pasado que no existió, la violencia del Estado es una constante en la historia de Venezuela. Constituciones van y vienen, códigos van y vienen, instituciones van y vienen, personas honorables van y vienen, comisiones de reestructuración del sistema judicial van y vienen, cambios de nombre de la policía política van y vienen, pero la agresión institucional es la constante como un monstruo de mil cabezas.

Uno espera de la fiscalía alguna investigación más allá de un tuit y un pésame. De la AN alguna comisión para conocer este grave hecho. Del gobierno alguna información sobre la situación de Baduel previa a su muerte, ya que estaba recluido en una instancia de la policía política del Estado. El tiempo olvidará el caso como todo en Venezuela, país de frágil memoria. Pero no borrará la responsabilidad del Estado y del gobierno en no ajustarse al artículo 43 de la carta magna para cuidar a Baduel como a todos los detenidos, por causas políticas o no, que están en las cárceles de Venezuela bajo su cuidado.



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