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La multimillonaria obra inconclusa del chavismo que tiene a la Gran Caracas sin agua

El Cooperante | 12 julio, 2018

Caracas.- Venezuela es uno de los diez países con más reservas de agua dulce en el mundo, pero la desidia gubernamental ha hecho de nuestro sistema de aguas, uno de los más precarios del planeta. El último sistema surtidor del servicio por tuberías, se concluyó en el año 1981, durante la administración de Luis Herrera Campins, y a pesar de que durante los casi 19 años que el chavismo ha permanecido en el poder ha destinado una fortuna a surtir al país de agua corriente, semejante cifra solo ha significado derroche, fracasos y penurias para la población.

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Basta con apelar a algunas cifras para entender la magnitud de la incompetencia. El año 2009, el entonces llamado Ministerio del Ambiente, había retomado la creación de una estructura propuesta en los años 80, la cual, estaría compuesta por un gran embalse, una moderna estación de bombeo y un sistema eléctrico potente, suficientes para paliar las fallas del servicio de agua en la Gran Caracas, Miranda y Vargas por los siguientes 50 años.

Dinero y más dinero

La construcción fue aprobada con un presupuesto de 291 millones de bolívares y, a dos años de su inicio, el presidente Hugo Chávez autorizó otros 2,47 millardos de bolívares, lo que hace un total de dos millardos 338 bolívares. Pero para la fecha cuando se había prometido la entrega, la obra apenas alcanzaba un avance de 48%.

“La gran obra del acueducto, del sistema de agua potable Tuy IV, le va a dar agua a partir de 2013 a Guarenas, Guatire, todos los Valles del Tuy, Petare, Caracas”, volvió a prometer Chávez, esta vez en su última campaña presidencial. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder todo empeoró. Se asignaron nuevos fondos y a mediados de 2015, Guillermo Barreto, entonces ministro de Ecosocialismo y Aguas, prometió la culminación y activación del nuevo surtidor para octubre de 2017. Como es obvio, tampoco cumplió.


Con el gobierno de Maduro el gasto se ha multiplicado. Se pagaron 233 mil 717 millones de dólares y otros 18 mil 996 millones de bolívares en obras que siguen inconclusas: en noviembre de 2016, Maduro había autorizado 126.716.356 millones de dólares y 16 mil 197 millones de bolívares para la continuación del Sistema Tuy IV. El abono fue realizado a través de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, (Corpomiranda), el intento de gobernación paralela a la de Henrique Capriles Radonski instalada por Elías Jaua tras la derrota sufrida en las elecciones regionales.

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El Jefe de Estado, destinó otros 2.799 millones de bolívares y 96 millones de dólares adicionales a través del Fondo Chino-Venezolano para la misma obra pero, según dijo entonces a la prensa José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, estaba paralizada debido a la crisis económica que ya azotaba al país. El Gobierno nunca aclaró las razones de la paralización del trabajo que estaba a cargo de la brasilera Camargo y Correa, empresa con la cual Venezuela mantiene una deuda de varios miles de millones de dólares. Obviamente la historia se repitió y a finales de 2017 la obra no fue entregada.

Tras varios años de silencio, la construcción del Sistema Tuy IV fue mencionada a finales de marzo por el extitular del Ministerio, Ramón Velásquez, quien dijo que la obra presentaba avances, pero no especificó en qué porcentaje y tampoco adelantó la fecha de culminación. A casi diez años desde que se inició, se desconocen los detalles de ejecución del cuarto surtidor, al igual que de otros innumerables proyectos de gran envergadura.

Crisis latente

Los estados Falcón, Zulia, Nueva Esparta, Vargas Miranda y el Área Metropolitana de Caracas, fueron los más afectados por la sequía el año 2013, que se debió, según en el Gobierno, al fenómeno climático El Niño. La carencia de agua se extendió hasta enero de 2017, y azotó fuertemente a la población venezolana, la cual, básicamente dependía de camiones cisternas de agua.

Las largas colas y las quejas por los altos costos del servicio generaron molestias en las comunidades que, en más de una ocasión, salieron a las calles para exigir a los gobernadores locales que dieran respuesta a la crítica situación. Sin embargo, los llamados nunca fueron atendidos.

Para aliviar la sequía y mermar las denuncias que ya se oían fuera de las fronteras venezolanas, el Ejecutivo nacional decretó la reducción de la jornada laboral, nuevo horario para centros comerciales y prohibición de avisos luminosos, esto debido a que el sistema eléctrico, soportado en gran medida por centrales hidroeléctricas, también se vio afectado fuertemente. Pese a esto, los efectos de la crisis en el servicio de agua potable no se pudieron minimizar.

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Durante 2017, aunque no se registró sequía por fenómenos climáticos, los problemas relacionados con el suministro del líquido no mejoraron. Los racionamientos se hicieron cada vez mayores y parroquias que nunca habían sido afectadas fueron incluidas en estos programas, tal como las pertenecientes a la Gran Caracas. Para diciembre, a la ciudad capital estaban ingresando 15 mil litros de agua por segundo, cinco mil menos que en 1999, según explicó el expresidente de Hidrocapital, José María de Viana a El Nacional.

“Casi toda la ciudad está sometida a racionamiento. Más de la mitad de los habitantes tiene que hacer maniobras y quienes viven en los sectores más humildes están peor. Cada vez hay más averías y entonces más personas se quedan sin servicio. Ya no pueden decir mentiras: hacen las reparaciones o Caracas se quedará sin agua”, explicó de Viana, quien aclaró que las fallas en el servicio se deben principalmente a la falta de inversión y mantenimiento, lo que se evidencia también la calidad de este.

A través de las redes sociales, ciudadanos denunciaron que el color del agua que llega por las tuberías es generalmente amarillo, y en ocasiones, de color marrón, además, tiene olor y sabor, lo que pone en tela de juicio si se está realizando el procesamiento de aguas debidamente.

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De acuerdo con la colección Guías Para la Calidad del Agua Potable emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), “los cambios en el aspecto, olor y sabor del agua de consumo de un sistema de abastecimiento con respecto a sus características organolépticas normales, pueden señalar cambios en la calidad del agua bruta o cruda (sin tratar) de la fuente, o deficiencias en las operaciones de tratamiento, y deben investigarse”.

Asimismo, según este compilado, “la turbidez en el agua de consumo está causada por la presencia de partículas de materia, que pueden proceder del agua de origen, como consecuencia de un filtrado inadecuado, o debido a la resuspensión de sedimentos en el sistema de distribución”.

Desde que inició 2018, nada ha cambiado positivamente. Habitantes de varias zonas de la ciudad, como El Cafetal, 23 de Enero, Cotiza y Antímano, han denunciado estar varias semanas sin el servicio de agua, mientras que los camiones cisternas cobran hasta 100 millones de bolívares por surtir, lo que equivale a 100 salarios mínimos.

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“Llega cada 20 días”, dijo una residente del Kilómetro 8 de El Junquito a esta redacción. Entretanto, zonas como Chacao, están sometidas al régimen de recorte desde el año 2014. “Nos llega una vez por semana, y ha empeorado. Antes de 2014 teníamos agua todos los días”, contó una vecina.

La respuesta de Hidrocapital, filial de Hidroven adscrita al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, por la constante interrupción del servicio, es que surgen, constantemente, nuevas averías en las tuberías y plantas surtidoras. Por su parte, el exministro de la mencionada cartera, Ramón Velásquez, adjudicó el racionamiento de agua a la sequía, por lo que, a finales de mayo, preveía que la situación mejoraría.

No obstante, ya casi a mitad de julio, la crisis ha llegado ha su punto más álgido. Hasta tres meses, han estado comunidades, no solo en Caracas, sino en otras regiones del país, como los Valles del Tuy, sin agua. A la fecha, ni los alcaldes, ni los gobernadores han dado respuesta al respecto.

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Entre sus varias alocuciones, el exministro de Ecosocialismo y Aguas, reportó que el embalse de Camatagüa, principal surtidor de la ciudad capital, alrededor de un 70% de esta, estaba lo suficientemente lleno como para surtir el vital liquido por los próximos 500 días sin interrupción alguna, lo que contradice la versión de que es la temporada lo que ha ocasionado los, cada vez más constantes, racionamientos.

La crisis del agua llegó a tal punto, que Maduro finalmente se vio presionado a pronunciarse al respecto. El pasado 14 de junio creó el Ministerio de Atención de Aguas, y designó a Evelyn Vásquez para llevar la cartera, quien fue presidenta de Hidrocapital en 2016. El nuevo ente fue fundado con la tarea de dar prioridad al servicio de distribución de aguas y garantizar el vital líquido a todo el país.

A casi un mes del anuncio, el Jefe de Estado volvió a referirse al tema, y aprobó los recursos para ejecutar la recuperación del Sistema Tuy a través del Plan de Aguas 2018. “Las lluvias están llegando a los embalses pero hacía falta invertir, aprobé todos los recursos en dólares, en petros y en bolívares, todos los recursos señores empresarios que están comprometidos en el trabajo”, dijo días atrás.

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Por su parte, la vicepresidenta de la República, Delcy Eloína Rodríguez, reiteró que con los recursos aprobados se hará un mantenimiento completo que, en los próximos seis meses, permitirá a los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital, disfrutar del servicio plenamente.

El soñado Sistema Tuy IV

Actualmente, en Venezuela existen tres sistemas surtidores de agua: Tuy I, II y II, no obstante, según de Viana, el I no está operativo y el II, funciona a medias, por lo que el III, es el que se está utilizando para surtir Caracas, Miranda y Vargas.

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Este sistema, no cuenta con equipos modernos, por lo que tampoco se da abasto. Aunque los embalses no están vacíos, explica, “el problema se encuentra en que el agua está cada vez más lejos y mucho más abajo”. Entretanto, los venezolanos hacen colas para llenar, por lo menos, un tobito de agua, mientras se aferran a la promesa incumplida por el exministro Velásquez, y que ahora vuelve a prometer el Ejecutivo, de que en seis meses el problema se solventará.

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