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La OEA no se rinde en la lucha por recuperar la democracia de Venezuela

El Cooperante | 30 abril, 2018

Caracas, 30 de abril.- La Organización de Estados Americanos (OEA), convocó a su Consejo Permanente este lunes, para debatir en sesión extraordinaria la situación humanitaria en Venezuela y su impacto en los países de la región. De acuerdo con EFE, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, fueron los países que convocaron la reunión, en la que instaron al presidente Nicolás Maduro a que permita el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.

 





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Sin embargo, no es la primera vez que los países miembros de la OEA, sesionan para discutir abiertamente la situación venezolana. Fue en mayo de 2016 cuando el secretario general de la organización, Luis Almagro, activó el Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, con el fin de “solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros” para discutir un informe de 132 páginas, en el que detalladamente se explicaba la situación económica, social y política que se vivía entonces en Venezuela.

Aunque la Carta Democrática no fue aprobada, como lo establecen las normas, por dos tercios de los 34 Estados miembros, a diez meses de su exposición, Almagro solicitó nuevamente sesionar para discutir el informe, en una versión ampliada, que en ocho puntos resumía lo que sucedía y cómo impactaba esto, no solo en Venezuela, sino en la región.


Diálogo fracasado, negativa a realizar elecciones regionales y municipales, número creciente de presos políticos, agudización de la crisis, paralización y creciente deuda de Pdvsa, deuda externa del país al límite, niveles de pobreza en aumento e inseguridad, eran las temáticas que Almagro explicaba en el reformado informe, con que el se esperaba, no solo demostrar a las naciones del continente la avanzada de la crisis en manos de Nicolás Maduro, sino animarlos a asumir una postura favorecedora para los venezolanos.

“Invocar dicha carta no significa suspender y aislar a un país, sino utilizar las diversas opciones que ofrece para comprometerlo en la solución del problema”, dijo el entonces canciller peruano, Ricardo Luna, sin embargo, la discusión fue pausada por un tiempo, tomando en cuenta que era una decisión de gran envergadura para el país. Una vez más, el Ejecutivo nacional evadió la situación, sin embargo, pocos días después de esta sesión, el pueblo se volcó en las calles para rechazar las políticas antidemocráticas que ejecutaba entonces el Tribuna Supremo de Justicia (TSJ), que pretendía usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.

Tras tres meses de intensas protestas en todo el país exigiendo la salida de Maduro, el Gobierno nacional instauró, contra todo pronóstico, la Asamblea Nacional Constituyente. La aplicación de la Carta Democrática quedó fuera del escenario, luego de que la mayoría de países que conforman la OEA se negaran a tomar esta medida, lo que generó la creación del Grupo de Lima, liderado por Perú.

Conformada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Paraguay, y apoyada por otras cinco naciones, entre ellas Estados Unidos, esta coalición se creó para generar políticas que contribuyeran en la restitución del orden constitucional en Venezuela y la liberación de los presos políticos, entre otras medidas del mismo índole político en beneficio a la población venezolana.

Por su parte, Almagro, en representación de la OEA continuó presionando y, una vez más, llamó a sesión al Consejo Permanente para discutir la instauración de la Constituyente, y poco más tarde, inició varias audiencias para determinar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en contra de miles de venezolanos durante las protestas por parte del Gobierno.

“Hoy ponemos a disposición de los Países Miembros de la OEA y la opinión pública hemisférica el cuarto informe sobre Venezuela, que demuestra que la democracia fue completamente eliminada el 30 de julio de 2017, tras la instauración de una ilegítima Asamblea Constituyente”, dijo entonces el máximo representante de la organización, quien hizo entrega de cuatro informes en los que quedaron registradas todas las irregularidades referentes al tema.

A las presiones internacionales, se sumaron las reiteradas sanciones del Departamento de Estado. Congelación de bienes y prohibición de ingreso a Estados Unidos, han afectado a un centenar de personeros del Gobierno nacional. Asimismo, la Unión Europea (UE), se unió a las labores para frenar el avance de Maduro en el poder y de sus políticas anticonstitucionales, emitiendo sanciones similares a las del país norteamericano y haciendo llamados de alerta para la cúpula que, de no cumplir con la restitución de la democracia, más penalizaciones serán ejecutadas en contra de sus dirigentes.

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