Las preguntas que nunca respondió la CEV sobre casos de abuso sexual

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- Tuvieron que pasar dos semanas para que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en la voz de su primer vicepresidente, monseñor Mario Moronta "rompiera" el silencio en medio del escándalo que desató la investigación de The Washington Post. Sin duda, una barbaridad debido a que los casos de pederastas no son nada nuevo para la iglesia católica. La indignación del país ante tal atropello fue manifestada a través de un comunicado que firmaron más de 60 Organizaciones No Gubernamentales, quienes exigen que sacerdotes acusados de abuso sexual sean castigados, sin que haya complicidad del Estado y la élite eclesiástica.

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No basta con un pronunciamiento en rueda de prensa 15 días después, que además, fue disfrazada bajo el nombre de "Protocolo de la Iglesia en Venezuela para la Prevención de Abusos en ambientes eclesiales". Nunca se habló de los 10 casos perturbadores que expuso la periodista del medio web Ana Herrero.

Fue el pasado 21 de junio, cuando Herrero develó que miembros del clero que abusaron sexualmente de niños cumplieron poco o ningún tiempo de su sentencia en cárceles venezolanas. Señaló principalmente el caso del sacerdote Luis Alberto Mosquero quién abusó de un niño que tenía el sueño de convertirse en monaguillo.

Mosquera le dijo: "Si quieres ser monaguillo debes pasar una prueba". Años después, en 2006, su testimonio de lo que pasó esa tarde en la casa parroquial fue crucial para que el sacerdote fuera condenado por abuso sexual, y sentenciado a pasar más de 7 años en la cárcel.

Sin embargo, le dieron libertad condicional, pese a que este tipo de delitos no es compatible con medida sustitutiva de libertad. Un atropello más a la víctima.

Mosquera fue liberado solo dos años después de haber sido encarcelado, y lo peor, es que volvió a la iglesia en el estado Lara donde todavía es sacerdote y se fotografía junto a niños, como lo muestra una publicación de Facebook del año 2017, precisó The Washington Post.

El caso del clérigo de 63 años se encuentra entre los 10 que involucran denuncias de abuso sexual infantil examinados por The Washington Post en los últimos dos años. Este diario entrevistó a líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas, y revisó documentos policiales y judiciales. En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, encontró sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ningún tiempo en prisión. En al menos tres casos, a los sacerdotes se les permitió regresar al ministerio.

"Los entrevistados señalan que hay un patrón que sugiere la colusión entre un sistema judicial corrupto y la Iglesia para proteger a los perpetradores en lugar de a las víctimas. El elemento común en los 10 casos: los niños involucrados procedían de entornos pobres y vulnerables".

Tarde e insuficiente

“Como pastores del Pueblo de Dios, nos sentimos profundamente consternados y dolidos ante las situaciones de abusos que se presentan en diversas instancias de nuestro país, como las familias, las instituciones sociales, educativas, culturales y religiosas” y afirman que “los abusos sexuales, constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afectan a los más débiles”, suscribe parte del comunicado que leyó Moronta junto a Monseñor Ángel Caraballo, Obispo de Cabimas; Monseñor Ricardo Barreto, Obispo auxiliar de Caracas y Fray Eddy Polo, Presidente de la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas.

Según el escrito, lamentaron que miembros de la Iglesia hayan cometido estos abusos “provocando profundas heridas en la vida de las víctimas” e indican que la Iglesia en Venezuela “consciente de la gravedad de estos hechos y de acuerdo con las directrices y normas establecidas por los últimos Papas, ha recibido, en las diócesis, las denuncias que se le han presentado”.

Además, informan que el episcopado venezolano se ha comprometido a hacer de la Iglesia "lugares seguros para todos”, por lo que realizan diversas iniciativas para la formación de los agentes de pastoral sobre cultura de buen trato y prevención de abusos.

Moronta ni siquiera intentó excusarse por los casos que especificó la periodista Herrero y se pronunció "por encimita", sin dar demasiada información.

No habló del sacerdote que en el Zulia fue condenado por abuso sexual agravado a una niña de 12 años y fue liberado meses después; tampoco habló del sacerdote del estado Falcón que se declaró culpable de llevar a cabo un acto carnal contra una joven de 14 años, pero que se le dio arresto domiciliario y hoy está en la iglesia.

Mucho menos, refirió al caso del sacerdote que en el estado Mérida, intercambió mensajes con una niña de 13 años, la llevó a una habitación de hotel y la besó. La víctima en el tribunal contó que él trato de levantarle la camisa. Sus abogados argumentaron que ella quería irse con él y no se consumó ningún acto sexual. Fue declarado no culpable de actos lascivos agravados en 2006.

El sacerdote Carlos Viña, vicario de Barcelona en el estado de Anzoátegui, ha estado a cargo de investigar las denuncias de abuso en Venezuela durante 10 años. Dijo que ha encontrado evidencia probatoria en ocho casos, aunque la Iglesia no ha hecho público ninguno. “Un sacerdote que comete un delito representa un riesgo para los niños y adolescentes, y no se puede tolerar”, dijo Viña en entrevista al medio web.

Lo que más preocupa es que se intenten poner pañitos de agua tibia cuando no existe la intención real de reconocer y señalar estos delitos. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels condenó que la iglesia católica no esté dando muestras suficientes de querer abordar este grave problema.

Acceso a la Justicia es una de las 60 ONGs que en días recientes pidieron que se investigue y se sancione a los sacerdotes venezolanos responsables de los abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. En entrevista concedida a El Cooperante, Daniels resaltó que la iglesia ha actuado "demasiado tarde y está dando muy poco para demostrar que está asumiendo, realmente la responsabilidad en estos hechos".

"Es muy lamentable que no haya disculpas públicas a los feligreses que estuvieron en esa situación. Lo mismo que con las víctimas y no se hayan tomado medidas cautelares. No es novedad para la Iglesia Católica porque van más de dos décadas, lidiando con esto y llama la atención que tenga que ser un reportaje que dé la voz de alarma", expresó. "Se necesita más que una declaración de intenciones para asumir esta situación, deben tomarse pasos más concretos".

Daniels expuso que ante las denuncias de este tipo, las autoridades eclesiásticas deben remitirlos a las autoridades civiles para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y subrayó "por supuesto, nada de esto exime al Estado venezolano de su responsabilidad porque muchas veces, estos perpetradores tienen penas que son incompatibles con la gravedad de la situación, por un poder judicial que no cumple con su papel. Hay que señalar su terrible responsabilidad, ya que no actúa con debida diligencia para proteger a las víctimas".

"Los protocolos ya están hechos, solo tienen que actuar"

Durante los últimos años, acusaciones de abuso por parte de sacerdotes han salido a la luz pública como una epidemia. Se han reportado denuncias en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Los casos han terminado en condenas y renuncias en los más altos niveles de la institución. Pero no pasa lo mismo en Venezuela.

“Se han pospuesto tantas cosas debido a la agitación social y política”, dijo a TWP David Smilde, sociólogo de la Universidad de Tulane cuya extensa investigación sobre el país se ha centrado en parte en la religión. “Una de las instituciones que más respetan los venezolanos es la Iglesia católica. Eso limita cuánto puedes actuar”.

Un reporte de El País -febrero 2019- reseñó que la Iglesia católica en Estados Unidos estaba inmersa en el ojo del huracán laico.

En ese entonces, la bomba que detonó la racha de escándalos sobre curas pedófilos fue la publicación (agosto 2018) del informe de un gran jurado de Pensilvania sobre los abusos sexuales de 300 clérigos a más mil menores de edad durante siete décadas.  "Las pesquisas le quitaron el velo a una maquinaria de encubrimiento a crímenes cometidos por sacerdotes a menores de edad en 54 de los 67 condados del Estado. También se informó de que desde 1.963, el Vaticano conocía algunos de esos casos y se mostró tolerante, aunque no se pudo precisar si estaban al tanto de todos los detalles".

No hay excusas para que la CEV haya manifestado sorpresa ante estos casos y mucho menos para que haya guardado silencio en las últimas dos décadas. Si lo saben los medios de comunicación, por supuesto que lo sabe la iglesia.

Daniels recalcó que la CEV debe garantizar la protección de las víctimas con medidas de prevención y "no es actuar contra hechos consumados porque lo correcto es que se protege a las posibles víctimas antes de que esto pase, debe haber acciones mucho más contundentes de lo que ha prometido la CEV".

En este orden de ideas, destacó que existen otras experiencias, como la de la CEV Norteamericana donde existe la obligación de que si un obispo tiene conocimiento de un abuso, esta debe trasladarse a las autoridades civiles.

"No hablamos de algo que se está inventando ahora, no es nada nuevo, porque existen protocolos de acción en otros países que han aprendido de estas situaciones terribles y que el episcopado venezolano solo debe replicarlo. Me extraña que se pida tiempo y se estén tomando supuestas acciones, cuando existen ejemplos de los que aprender y simplemente hay que aplicarlos a Venezuela", remató.

A principios de enero de este año, el papa Francisco reiteró ante el Vaticano que deben tomarse muy en serio estos crímenes.

"Debe haber una firme voluntad de esclarecimiento, examinando los casos individuales para determinar las responsabilidades y hacer justicia”.

Las palabras de Francisco contrastan con el enrocamiento de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ante la investigación que debería llevar a cabo —así lo exige la ley promulgada por el Pontífice— de los 251 casos de abusos entregados por el medio español El País a la institución española y al propio Francisco, luego de que se hizo público el informe el 19 de diciembre de 2021.

En ese entonces, la CEE se desentendió de la investigación y le dejó la responsabilidad al Vaticano.

El dosier de 385 páginas entregado al Vaticano hace referencia a abusos que, sumados a los casos conocidos previamente, afectaron a más de 1.200 víctimas. El caso más antiguo del informe data de 1943, y el más reciente, de 2018. Todos son inéditos, salvo 13 ya publicados, que se han incluido porque han surgido nuevas denuncias contra esos clérigos.

"La Santa Sede, a través de un breve comunicado, mostró la cercanía y atención del Pontífice con todas las víctimas el mismo día que se publicó la información. La respuesta de la CEE fue de un largo silencio, primero, y de un ataque a este periódico, después, achacando falta de rigor a la investigación y escudándose en el fallecimiento de muchos de los abusadores para no proceder a la investigación, como es su obligación", rechazó El País.

"Es el momento de la vergüenza", dijo Francisco durante la audiencia general en el saludo a los fieles franceses, cuando expresó a las víctimas su "tristeza y dolor por los traumas que han sufrido".

"Deseo expresar a sus víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas que han sufrido, mi vergüenza, nuestra vergüenza, por la larga incapacidad de ponerlas en el centro de sus preocupaciones", subrayó el papa. "Por desgracia son números enormes", dijo el papa en referencia al informe, Francisco también animó "a los obispos, a los fieles, superiores y religiosos a continuar todos los esfuerzos para que dramas parecidos no se repitan" y expresó apoyo a los religiosos franceses para que superen "esta prueba dura, pero qué hará bien".