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Las recomendaciones de los profesores de Derecho Constitucional a la AN para enfrentar a Maduro

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Caracas.- La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, integrada por los profesores que imparten esta materia, emitió el comunicado "10 de enero: el despotismo apunta a la disolución de la República", en el que se detalla cómo Nicolás Maduro ha violado la Constitución desde su llegada al poder, instaurando un Estado Forajido, pero también un Estado Fallido.

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En el marco de la toma de posesión el próximo 10 de enero de Maduro, los integrantes de la cátedra ofrecieron varias alternativas para desconocer el acto ilegítimo, tanto a la comunidad internacional, como a la Asamblea Nacional, único poder que no está bajo el control madurista.

A continuación, parte de la misiva.

A la Asamblea Nacional, legítimo cuerpo representativo de la voluntad popular

1.- Recomendamos a la Asamblea Nacional que dicte acuerdo mediante el cual ratifique su pronunciamiento del 13 de noviembre de 2018 y proceda a la formal declaratoria como Gobierno de Facto del Régimen encabezado por
Nicolás Maduro.

2.- Proponemos que, en uso de las atribuciones previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo se declare en emergencia y en sesión permanente al momento de designar su nueva directiva.

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3.- Ante la absoluta ilegitimidad y la usurpación ejecutada por el Gobierno de Facto consideramos imprescindible que, en uso de las atribuciones previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de debates de la Asamblea Nacional, la plenaria proceda a la instalación del Consejo Consultivo presidido por el Presidente de la Asamblea Nacional, integrado por la directiva, las presidencias de comisiones permanentes y los ciudadanos representativos de los factores comprometidos en la restauración democrática de la República.

4.- Con el objeto de obtener un mandato soberano y vinculante para que la Asamblea Nacional restaure la institucionalidad democrática, consideramos que debe convocarse, mediante acuerdo del órgano legislativo basado en el artículo 71 constitucional, una consulta popular en que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre el ilegítimo e inconstitucional funcionamiento del cuerpo que pretende ser una Asamblea Nacional Constituyente, el cese de sus actividades y, en especial, el rechazo a todos los viciados actos que ha dictado.

Nuestro pronunciamiento institucional pretende orientar a la sociedad democrática en las tinieblas de este paréntesis del imperio de la Constitución y la ley que compromete nuestra soberanía, libertades y el sistema republicano. Un desafío que va más allá de la presente coyuntura.





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