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Las sanciones de la Unión Europea

El 22-2-21 la Unión Europea sancionó a 19 personas de diferentes ámbitos de la política nacional. La decisión sorprendió al gobierno y alegró a buena parte de la oposición. Aunque no favorezco la política de sanciones, pienso que esta decisión de la UE tiene tres análisis: mostrar una voluntad para coordinar estrategias con los EUA, respaldar a Guaidó y al G4, e influir en la designación del nuevo CNE. En lo último, pienso pueden tener alguna influencia

Foto: Reuters

Caracas.- De entrada, no favorezco las sanciones. Ni las globales ni las personales, pero eso no impide analizarlas. El día 22-2-21 la Unión Europea (UE) sancionó a 19 personas de distintos ámbitos de la política nacional. Por ejemplo, está Indira Alfonzo del CNE, Bernabé Gutiérrez de AD-TSJ, y Ceballos Ichaso de la Fuerza Armada Nacional  (FANB). Hay variedad en los sancionados. Hasta la fecha, los castigados por Europa suman 55 individuos.

Lea también: Maduro dice que su gestión ha hecho «retroceder al machismo»

Empero, esta focalización no revela cambios en la lógica de la presión, pero sí comunica una voluntad de coordinación entre la UE y los EUA, principalmente porque los países de la región ya no tienen la fuerza de 2019 y hay cambios políticos. Por ejemplo, si Lasso no logra alianzas ganadoras, es probable que Arauz gane en Ecuador y será otro gobierno que tomará distancia con la oposición venezolana.

La idea de una mayor coordinación UE-EUA puede tener base luego de la visita digital de Blinken al consejo de exteriores de la UE el mismo 22 de febrero, para “discutir respuestas conjuntas entre los EUA y la UE a urgentes asuntos globales”. La nota del Departamento de Estado que informó acerca de llamada de Blinken a Guaidó el día 3-3-21, enfatizó un punto que dibuja uno de los puntales de la política de Biden hacia el gobierno de Maduro: lo que llama la “presión multilateral”. Sendos ejemplos sugieren que el tema de una mejor coordinación EUA-UE es tema de discusión y, lo más importante, se percibe viable por el cambio de gobierno en el Norte de América.

La segunda, la decisión significa un apoyo a Guaidó y a la oposición G4 que se perciben con menos fuerza política que en otros momentos, y estimular que refuercen su unidad. Con la disposición de la UE, se les da un respaldo para que no se vean tan solos políticamente hablando. Que recupere algo de su poder político. Que el juego esté en sus manos y sean los “grandes electores” de la oposición. No hay otros para negociar sino este grupo. Esta idea no es nueva, solo que al no cumplirse la estrategia de 2018-2020 centrada en el “quiebre”, el G4 se debilitó adentro y afuera del país. Con las sanciones de la UE, se busca reforzarlo y comunicar a otros grupos de oposición que no serán los facultados para ser la alternativa política al gobierno. Algo como, “no se vistan que no van” porque se exponen a ser sancionados.

Aquí puede entrar la lucha por la hegemonía dentro de la oposición. Es posible que la UE ponderó que se estabiliza un status quo que se edifica entre el gobierno y la oposición en la AN, el cual tiene como eje unas regionales y grupos no G4 que participarán en ellas. Con las sanciones, se busca romper este status quo y regresar a la situación previa al 6D: negociar elecciones presidenciales y parlamentarias.

Es posible, entonces, que las sanciones busquen evitar esta coexistencia en desarrollo. Su adopción puede explicar la euforia en ciertas cuentas de tuiter cuando se anunciaron. Algo como “recuperamos terreno y vamos en la dirección correcta, se fregaron los de la mesita”. Igual alegría se notó con la llamada de Blinken a Guaidó y la extensión de la Orden Ejecutiva de Obama de 2015 sobre Venezuela como “amenaza a la seguridad nacional de los EUA” aprobada por Biden. Quienes apoyan al G4 necesitaban este espaldarazo para sentirse “guapos y apoyaos”, por un tiempo que no va a durar mucho, a mi juicio.

En tercer lugar, y quizás es lo más relevante de la decisión, es que puede ser la manera en que la UE influya en la designación del nuevo CNE y en las próximas elecciones regionales y municipales. Con estos castigos, la UE define unos facultados políticamente para negociar que no están en la oposición que está en la AN.

Se enviaros sendos mensajes para lo anterior. Por una parte, a los que van a participar en las regionales. Un mensaje de cierta amenaza o intimidación porque las elecciones regionales no serán reconocidas como van, y la participación de grupos que no son del G4, tampoco será reconocida, a pesar que se vislumbra que más organizaciones de la oposición irán a las regionales. Por ejemplo, si al final Ocariz concreta su participación en las regionales ¿Dejará de participar por estas sanciones que no reconocen a la AN del 6D, la que a su vez designará un nuevo CNE? ¿Irá y al final se retirará, en una lógica parecida a la de Capriles con las parlamentarias de 2020?

Por la otra, tratar de influir en la designación del nuevo CNE. Al sancionar a Alfonzo, D’Amelio, y a Morales, la intención política puede ser invalidarlos, sacarlos de los elegibles para el nuevo CNE, y apostar a que sean otros los que entren en la discusión. Esto puede tener cierta base si se considera que ONG no gobierno presentaron 15 nombres para optar al nuevo CNE. La idea puede ser forzar algún nombre o nombres que no estén en la órbita del gobierno o de la oposición en la AN, sino más cercanos a la oposición G4.

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Queda ver si lo anterior es posible en el momento actual. Si bien no es la primera vez el choque UE-gobierno porque en junio de 2020 la representante de la UE fue expulsada pero la medida fue revocada y no se concretó. En ese entonces, los comunicados dejaron ver algo como que habría un “teléfono rojo” Caracas-Bruselas. Si existe, no funcionó porque en esta segunda ocasión la embajadora sí se fue de Venezuela. 

Esta decisión del gobierno muestra que el costo internacional no es importante para la administración si se siente forzado o amenazado, como es el caso ahora. Desarrolla una estrategia que persigue llevar “pulseao” el proceso político venezolano con la menor interferencia exterior posible.

Lo anterior se traduce en desafiar a países e instituciones. Lo llamo “brinkmanship”, que es una maniobra política para llevar las tensiones al borde para medir hasta donde llega el oponente u obligarlo a retroceder. Un ejemplo fue la incursión de la corbeta Caldas de Colombia la que en 1987 entró en aguas del Golfo de Venezuela posiblemente para medir la reacción del gobierno de Jaime Lusinchi. Este respondió con eficacia y capacidad de movilización militar, y el barco del vecino país se retiró de aguas venezolanas. Algo así hace el gobierno de Maduro: desafía a España y a Colombia.

El jefe de la REDI Los Andes señaló que si militares de la nación vecina “osan poner pie en Venezuela, llegaremos hasta Bogotá y San Andrés”. Por su parte, Maduro le dijo a la canciller de España que visitó recientemente la frontera colombo-venezolana, “go home” y anunció que se “revisarán las relaciones con España”. En otras palabras, Maduro le dice a España “no me importa lo que hagas”, y le planta cara seguramente para medir hasta dónde llegará el Reino, así como la declaración del general de la REDI es para medir hasta dónde responderá Colombia. El propósito del gobierno es disuadir la influencia externa al mostrar voluntad de lucha, incluso militar. 

La expectativa está en que si los “teléfonos rojos” funcionarán, la UE y el gobierno hablan tras bastidores, y se puede arreglar en algo la relación. Hoy no parece posible. No obstante, prestaría atención a la selección de los nuevos integrantes del CNE. Si hay algún diálogo se reflejará allí. El día 3-3-21 Guaidó expresó que valora a los postulados para el CNE hecho por varias ONG, pero que sin el concurso de la “AN legítima”, estas designaciones no tendrán sentido. Quizás sea un mensaje a estas ONG y sus candidatos para decirles que se prestaron a un juego que no controlan, o puede ser un mensaje de Guaidó al gobierno para decir “sin nosotros las designaciones no tendrá validez para países importantes”. Es decir, que lo tomen en cuenta para esta selección. En principio, pudiera haber un margen para negociar.

Al final, el PSUV puede imponer a los rectores. Pero también puede darse una situación similar a la de 2006. Ese año, Vicente Díaz fue la persona no gobierno postulada por la sociedad civil que ingresó al CNE. Este consejo estuvo conformado por Sandra Oblitas, Janetth Hernández, Germán Yépez, Tibisay Lucena, y Vicente Díaz. Hay que recordar que ese CNE fue elegido por una AN completamente chavista porque la oposición se abstuvo en diciembre de 2005. Para que Díaz fuera elegido, el chavismo tuvo que conversar o hacer alguna concesión a la oposición. Algo así puede pasar en 2021. El chavismo conversará -no sabemos con quién, si lo hace- y conceder espacios a uno o varios de los 15 postulados por la sociedad civil. Puede ser alguno de los que tienen más ruido en redes sociales -varios ya tienen sus “barras” y desde 2020 cambiaron su forma de tuitear, quizás con su postulación en mente- o uno menos conocido y con menos ruido. Eso no se sabe. O puede darse una negociación más paritaria y tener un CNE más “competitivo” gobierno-oposición.

Las sanciones de la UE crean una situación de distanciamiento entre el gobierno de Maduro y Europa. Sin embargo, pudieran influir en la selección del nuevo CNE en la idea que los dos quieren mantener la relación diplomática. El CNE es un buen espacio para probarlo. Puede ser mi “wishful thinking” o que se materialice en los hechos.



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