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Ley de Amnistía de la Constituyente, ¿el mismo disparate condicionado de Chávez?

Caracas, 25 de octubre.- Carlos Andrés Pérez cumplía con su segundo mandato y no habían transcurrido más de dos años desde que la población había manifestado su descontento a través del “Caracazo”, el cual fue el suceso más relevante que precedió la "intentona del 92", un acontecimiento histórico que culminó en una fatídica insurrección encabezada por Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta.

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Tras el contraataque del Gobierno, Chávez se vio obligado a rendirse. "Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados", dijo Chávez en un corto discurso que fue transmitido en señal abierta de televisión. Luego de esto, fue juzgado y enviado al Cuartel San Carlos, donde solo permaneció pocos días. Finalmente, trasladado a la cárcel de Yare, donde estuvo dos años prisionero junto a los demás militares de la sublevación, a la espera de su juicio.

En 1993, una carta fue redactada y enviada a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), en la cual, se pedía una medida de amnistía o un indulto penal para los privados de libertad implicados en los hechos, quienes, incluido Chávez, firmaron la misiva. En 1994, Rafael Caldera aprobó una medida de sobreseimiento a los juicios de los militares de la intentona golpista, dejando así en libertad a Chávez y sus aliados.

Ley de Amnistía 2007

En el año 1998, Chávez logra convertirse en el presidente de la República, y en 2002 sufre un derrocamiento que duró apenas 48 horas, antes de que la fuerza militar recuperara el poder. De estos hechos, se desencadenaron los sucesos del Puente Llaguno, donde murieron chavistas y opositores en una balacera que, hasta la fecha, pese a dimes y diretes, y acusaciones de ambos lados, no se ha aclarado si fue iniciada por los adeptos al Gobierno o por los contrincantes de estos.

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Sin embargo, algunas de estas muertes fueron adjudicadas a Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y otros cinco funcionarios de la extinta Policía Metropolitana. Asimismo, fueron arrestados militares y enjuiciados políticos por su participación en los diversos procesos del golpe, y fue en 2007, tras perder el referendo sobre la segunda reforma de la Constitución, que el líder del PSUV hizo alusión a una Ley de Amnistía para quienes habían participado en los sucesos de 2002.

El decreto establecía que, dependiendo de los delitos por los que hubiesen sido procesados los implicados en el suceso, estos serían indultados y sus antecedentes serían borrados. Sin embargo, esta ley no hacía mención con respecto a los exiliados políticos. Según un análisis publicado entonces por Analítica, esta amnistía era una "farsa" de Chávez, quien ante la derrota sufrida por la segunda reforma constitucional, intentó dar un aire democrático a su gestión, decretando esta ley que solo favoreció a quienes ya estaban próximos a culminar sus condenas. Para Yajaira Castro de Forero, esposa de Lázaro Forero, esta ley solo benefició a los llamados "pistoleros del Puente Llaguno". Es decir, fue solo un sin sentido. 

¿Un nueva Ley de Amnistía condicionada?

Tras la llegada de Nicolás Maduro al poder, se creyó que podría suscitar una nueva Amnistía para lograr la reconciliación nacional, sin embargo, este se negó rotundamente, asegurando que su predecesor, Chávez, ya había dado el perdón a los quienes se les tenía que dar. En 2016, la Asamblea Nacional (AN), presidida por la bancada opositora, discutió  y aprobó el  Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitió un comunicado en el que tildaba de inconstitucional la decisión del Parlamento, derogando así la misma.

Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), considerada por sectores adversos y la comunidad internacional como "fraudulenta", instaurada el pasado 30 de julio, asomó la pronta discusión de una Ley de Amnistía, que se está trabajando en conjunto con la Comisión de la Verdad. La Comisión para la Verdad ha venido trabajando de forma silenciosa, levantando cada expediente de privados de libertad en razón de la violencia política y sus delitos conexos (…), esto porque tiene una finalidad, (…) presentar a la plenaria de la Asamblea Constituyente una propuesta de Ley de Amnistía”, indicó el pasado 04 de octubre, la presidenta del poder oficialista, Delcy Rodríguez.

 

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Ante esto, el Foro Penal Venezolano (FPV) se pronunció alertando que este tipo de leyes solo las puede aprobar la Asamblea Nacional (AN), no obstante, debe cumplir un seriado de normas que permitan a todos los encarcelados y perseguidos políticos, ser favorecidos. De acuerdo con el comunicado emitido por la organización no gubernamental, "una Amnistía que solo refleje el sentir de un sector político o que recoja las opiniones de unos pocos no pasará de ser un reconocimiento expreso de la realidad de la persecución por motivos políticos en Venezuela, y no es ni será legítima ni vinculante".

El Foro Penal destacó que todos los privados de libertad, exiliados y que cumplen libertad condicional, desde el mandato de Hugo Chávez, hasta el de Nicolás Maduro, deben ser beneficiados con la Ley de Amnistía. Al igual que en 2007, en un momento de tensión para el Gobierno venezolano, esta nueva discusión de la Ley, podría significar una estrategia para intentar demostrar que aún existe democracia.

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La esposa del oficial Simonovis, Bony Pertiñez, denunció en días pasados a través de su cuenta en Twitter, que se estarían chantajeando a los presos políticos para que admitan responsabilidad por hechos en los que no son culpables, a cambio de incluirlos en Ley de Amnistía. En este sentido, alertó que el poder oficialista no tiene las facultades para decretar dicha ley.



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