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Liquida la Constitución: Parlamento declaró "inexistente" la ley antibloqueo

El referido Acuerdo advierte que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento podría estar incurso en delitos

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Caracas. Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron este martes en una sesión ordinaria un Acuerdo que califica como "inexistente e ineficaz" la denominada "Ley Antibloqueo" tras considerar que viola principios de organización del poder público y crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos para la Administración de Maduro.

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El diputado Luis Stefanelli explicó que con dicho instrumento, Maduro pretende ejecutar actos jurídicos a espaldas de la ley al declararse bajo secreto de Estado los actos dictados con motivo de la aplicación del instrumento.

"Es público y notorio que la írrita Asamblea Nacional Constituyente la semana pasada aprobó una más írrita, espuria, ese bodrio, ese adefesio que llaman ley constitucional antibloqueo. Tenemos que hacer conocimiento de este acuerdo lo más amplio y extensible posible, Voluntad Popular ratifica su apoyo a este acuerdo que busca impedir que siga siendo saqueado el Estado venezolano", comentó.

El parlamentario Simón Calzadilla precisó que la llamada "Ley Antibloqueo" para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, es otra expresión de la ilegalidad, de la inconstitucionalidad y de la "violación sistemática a todo el Estado de Derecho".

"Esta ley, en sus 44 artículos y sus 2 disposiciones transitorias, paradójicamente no tiene la palabra antibloqueo ni la desarrolla. Con este adefesio jurídico, no van a poder hacer legal lo que ya ilegalmente hacen ni van a poder cumplir con los ofrecimientos de bienestar que anuncian con el presente adefesio", dijo.

El diputado Alfonso Marquina advirtió que la ley pretende otorgar la facultad de aprobar cualquier contrato de interés público sin control del Poder Legislativo, desconociendo el artículo 150 de la Constitución.

"Pretende acabar con el principio constitucional de la unidad del tesoro, creando unas especies de cuentas aparte del tesoro nacional para manejar lo que él llama los ingresos adicionales, de manera discrecional. Liquidar la garantía constitucional del artículo 314 que habla del régimen presupuestario donde no se puede emitir ningún gasto que no esté previsto en nuestra ley de presupuesto y todo esto, dentro de un marco que llama confidencialidad", afirmó.

Marquina interpretó la ley como patente de corso para "saquear a Venezuela y seguir robando a los venezolanos".

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El legislador Carlos Bastardo argumentó que la ley contraviene la naturaleza del derecho y la Constitución que pretende «darle la estocada final» a las instituciones republicanas, con el objetivo "maquiavélico"  de saquear las arcas de la nación y adueñarse de los recursos del país para ponerlos a disposición ante un nefasto "proyecto político" que afecta a los venezolanos y atenta contra las democracias del hemisferio.

El diputado Omar Barboza puntualizó que la aprobación por parte de la Administración de Maduro de la "Ley Antibloqueo, es la comprobación de que en Venezuela, lo que vivimos en la confrontación entre la civilización y la barbarie".

"Parece más bien un instrumento con apariencia legal, elaborado por una sociedad de cómplices para beneficiar a los acreedores amigos y a los testaferros y no para servirle a los intereses del pueblo de Venezuela. Esta llamada ley antibloqueo tenga el único mérito de haber unificado a todos los que queremos un cambio político en el país y rechazarla de manera contundente", sentenció.

¿Qué dice el Acuerdo?

  • Primero: Reiterar que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente es inexistente jurídicamente y sus actos son ineficaces.
  • Segundo: Desconocer, en todas sus partes, la supuesta “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos” y, por lo tanto, reputarla como inexistente e ineficaz.
  • Tercero: Investigar a los personeros del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros a los fines de establecer las eventuales responsabilidades civil, penal y administrativa a las que pueda haber lugar por las inconstitucionales promulgación y aplicación de la supuesta “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos”.
  • Cuarto: Advertir que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal  y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. Quedan a salvo de lo señalado anteriormente aquellos bienes producto de expropiaciones inconstitucionales que puedan ser objeto de devolución a sus propietarios originales, con consentimiento de estos.
  • Quinto: Recordar que la única manera de revertir la crisis humanitaria y la crisis económica es la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, y no con la concentración de mayor poder autocrático por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros.
  • Sexto: Dar publicidad al presente Acuerdo.

¿Qué es la Ley Antibloqueo?

La Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que tiene como objetivo dotar al Estado de herramientas para evadir las sanciones de la comunidad internacional.

Además, le entrega al Poder Ejecutivo facultades para disponer de los activos de Venezuela en el interior y exterior, sin ser necesario el visto bueno de la Asamblea Nacional.

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El artículo 23 de la ley refiere que el Ejecutivo podrá organizar y reorganizar los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país, amparado en el derecho internacional.

Según el artículo 17, el Ejecutivo podrá autorizar la desaplicación de ciertas normas legales para casos específicos. “La desaplicación de normas solo será ejercida por el Ejecutivo Nacional en la implementación de las medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones”.



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