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“Lo ocurrido en El Junquito ha sido una inmoral ejecución extrajudicial”

Marta De La Vega | 24 enero, 2018

Caracas, 24 de enero.- ¿Qué es lo que distingue a la horda o turba transgresora y sin límites de una sociedad de ciudadanos? ¿La barbarie de la civilización? ¿Qué es lo que nos hace humanos y no bestias? ¿Qué separa un Estado de derecho de un Estado forajido o fallido? ¿Qué caracteriza la situación de una sociedad realmente justa frente a una sociedad atomizada, anarquizada, sin regla alguna? La civilidad, que consiste en el sentido del honor, en el respeto a las normas, en el reconocimiento del otro como mi semejante, como mi prójimo (próximo), en el respeto a las diferencias entre las personas, en el sentimiento de humanidad, en la recíproca comprensión, en la conciencia de pertenencia al género humano, en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

La civilidad es parte de la ética política, es una virtud cívica que facilita la convivencia y desarrolla el valor de la confianza en la palabra y en las acciones del otro. Saber a qué atenerse con los otros y percibir a los demás, no como nuestro potencial enemigo sino como nuestro conciudadano. Los recientes hechos que han conmocionado la opinión pública nacional e internacional parecen negar que estemos en una sociedad de ciudadanos.

Desde el despojo violento y brutal de los plátanos que en una carreta callejera un humilde vendedor ambulante ofrecía a la venta por parte de una poblada enardecida y sin frenos que saqueaba todo a su paso, hasta la horrible y monstruosa masacre del 15 de enero de 2018, documentada en vivo y directo por las propias víctimas quedó la muerte de un grupo de jóvenes declarados en rebelión bajo el liderazgo del comisario Óscar Pérez contra el gobierno de Maduro.





No cabe duda de que lo ocurrido en El Junquito, cerca de Caracas, ha sido una inmoral e ilegal ejecución extrajudicial. Sin disimulos. Con extrema crueldad y despiadadamente. Sin respeto a la palabra y a la rendición manifestada expresamente por Pérez y algunos de sus acompañantes. Sin que dispararan ni un tiro, los rebeldes, tildados sin previo juicio de asesinos y terroristas, fueron acribillados con saña, con engaño, con manipulación y violando las negociaciones para entregarse, con un uso desmesurado de fuerza letal.

Los documentos probatorios han quedado registrados audiovisualmente. De las propias fuerzas militares salieron los tiros que mataron a uno de los miembros del colectivo paramilitar “Tres raíces” que vinieron a cumplir el trabajo sucio de asesinar. Y fueron las fuerzas de choque del gobierno las que silenciaron con su muerte a los dos policías que habían asesinado al jefe violento con credenciales ilegítimas que formaba parte de los grupos ilegales financiados por el gobierno. Es claro el sentido del castigo. Paralizar de miedo a la población. Que nadie se atreva a alzar su voz pues sufrirá el mismo final atroz.


Si el grupo de jóvenes vilmente asesinados se había declarado en guerra contra un gobierno considerado tiránico, delincuente, ilegítimo, se ha cometido un crimen de guerra y se han violado flagrantemente tratados internacionales vigentes, convención de Ginebra, Estatuto de Roma y derecho al debido proceso para cualquier indiciado de infringir la ley.

De manera salvaje fueron violados el inalienable derecho a la vida, la Constitución Nacional y el derecho a la justicia, aparte de los derechos humanos más elementales. No solo a las víctimas sino a sus familiares, que fueron atropellados en medio del dolor y la impotencia frente a un “gobierno del mal”, como caracterizó Aquiles Esté en El New York Times el régimen de Maduro y sus secuaces.

Es un deber ético de ciudadanos y dirigentes políticos, económicos y sociales, conjuntamente subordinar sus intereses particulares a favor de la unidad como bien superior para derrotar el régimen criminal.

Texto publicado en Noticiero Digital

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