"Lo que no es legal no es democrático": Justicia española suspende referéndum de Cataluña

Madrid, 7 de septiembre. EFE.- El Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió este jueves la ley del Parlamento de Cataluña que regula el referéndum sobre la independencia de esta región autónoma española y también el decreto que lo convoca para el 1° de octubre próximo, firmado por el Gobierno catalán.

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El TC aceptó tramitar los cuatro recursos del Ejecutivo español contra todas las normas sobre el referéndum aprobadas este miércoles por la mayoría secesionista de la cámara legislativa y las autoridades políticas catalanas, lo que implica su suspensión automática y cautelar hasta que haya una sentencia del tribunal. "Lo que no es legal no es democrático", argumentó el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, al informar a la prensa de la presentación de los recursos.

Añadió que defenderá "el imperio de la Ley" y hará todo lo necesario, "sin renunciar a nada", para evitar el proceso secesionista. "En España se puede ser independentista. Lo que no se puede hacer, y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del Gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo", remató. Rajoy recibió el respaldo total del líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, y el del partido Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, con los que se reunió por separado.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, anunció una querella contra el Gobierno regional de Cataluña por el decreto de convocatoria, que se suma a la que se presentará contra los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán que permitieron la tramitación de la ley del referéndum. A pesar de ello, las autoridades catalanas siguen adelante con los planes de celebrar la consulta de autodeterminación ese día, algo que el Ejecutivo central considera ilegal.

Frente a las decisiones de los independentistas para celebrar el referéndum, el Consejo de Ministros español decidió, en una reunión extraordinaria, presentar los recursos correspondientes con el aval de los dictámenes del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo. El Ejecutivo español pidió al Tribunal Constitucional la nulidad de las normas catalanas y que se notifique personalmente la suspensión de las mismas al presidente regional, Carles Puigdemont, a todo su gobierno y otros cargos principales relacionados con el referéndum.