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Los cuatro cargos que el Ministerio Público imputó a los directivos de Directv

Tarek William Saab dijo que hasta el último día de sus operaciones en Venezuela, Directv estaba vendiendo decodificadores por un valor aproximado de 100 dólares

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Caracas. Presunta coautoría en la comisión de los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir son los delitos que le imputó el Ministerio público a los tres directivos de Directv en Venezuela tras presuntamente violar diversas leyes de carácter nacional.

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Según Saab existen elementos de convicción para presumir que la acción del cierre "intempestivo" de Directv fue concertado de manera ilegal por la junta directiva de Galaxy Entertainment de Venezuela en conjunto con su unidad de administración y operatividad, conformada por el gerente general Héctor Rivero, el vicepresidente de Operaciones Rodolfo Carrano y el vicepresidente de Estrategias y Negocios, Carlos Villamizar.

Los mencionados anteriormente son responsables directos de la comercialización y operatividad de los servicios de telecomunicación de “Directv Venezuela” ante el Estado venezolano, representado por Conatel. La referida unidad de administración y operatividad de Directv Venezuela, debió solicitar autorización de Conatel para prescindir del uso del espectro radioeléctrico en conformidad con la “Concesión para el Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico”, celebrada en fecha 16 de enero de 2018; y de acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones", afirmó.

Alegó que la "abrupta" decisión hace que se presuma la existencia de daño moral a la colectividad, por cuanto la suspensión del servicio creó incertidumbre y zozobra, ocasionando la transgresión de derechos constitucionales colectivos y difusos, en relación con el acceso a la comunicación, información y educación en un momento de emergencia por la pandemia de la COVID-19.

"Fue quebrantado el Decreto Presidencial N° 4.198 de fecha 12 de mayo de 2020, mediante el cual se declara la prórroga del Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria por el coronavirus. Allí quedó establecido, en su artículo 9 y numeral 1, que no serán objeto de suspensión las empresas de servicios de telecomunicación", acotó.

Informó que los directivos transgredieron el artículo 15, numeral 10, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de servicios en estados de excepción, acreditando daño patrimonial causado a personas naturales y jurídicas, que hicieron inversiones en equipos electrónicos y pago de suscripciones y espacios televisivos.

"Recordemos que hasta el mismo día de la suspensión de sus actividades, en distintos comercios del país se vendían decodificadores y suscripciones de Directv a precios cercanos a los 100 dólares. Todas las personas que compraron esos equipos perdieron su dinero por la decisión ilegal de esta empresa. Por estos motivos, el pasado 5 de junio fueron aprehendidos los directivos antes mencionados por parte funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)", puntualizó.





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