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Los magistrados del TSJ deportados por Perú se la pasan viajando a cumbres y talleres

Elizabeth Fuentes | 2 octubre, 2019

Caracas.-De Cumbre en Cumbre y de aeropuerto en aeropuerto: los dos magistrados venezolanos deportados por Perú han dedicado buena parte de sus días a asistir a cuanta cumbre judicial los inviten en cualquier parte del planeta. De hecho, el viaje de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Indira Alfonzo Izaguirre y Arcadio Delgado Rosales, obedecía a que en Perú se celebraría la Segunda Reunión Preparatoria de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana los días 2 al 4 de octubre de este año, primera reunión a la que no asistieron por “motivos ajenos a su voluntad”.

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El periplo de Indira Alfonzo y Arcadio Delgado incluye China, España, Portugal, Paraguay y Ecuador, entre otros países, eventos donde siempre asisten ambos, algunas veces acompañando al Presidente del TSJ, Mikel Moreno, y otras con algún miembro del Poder Judicial.





Se desconoce si las invitaciones a todas las cumbres y eventos donde Venezuela es convocada por diversos organismos internacionales del ámbito judicial, son de carácter personal e intransferible (es decir, dirigida exclusivamente a los participantes), o si se trata de una decisión del Presidente del TSJ, quien seleccionaría a los invitados de acuerdo a su criterio. Pero lo cierto es que desde el año 2016- cuando asistieron a la Cumbre Iberoamericana realizada en Paraguay-, los dos magistrados han estado en constante movimiento

En septiembre de 2017, viajaron dos veces: la primera, a la “III Ronda de Talleres de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana” -los días 06 y 08 de septiembre en Nicaragua-, pero solo veinte días después, los magistrados volaron a China, para participar en el Foro Internacional de Cooperación Judicial de la Ruta de la Seda en Dunhuang, China- realizada el 26 de septiembre.

En diciembre de ese mismo año, los magistrados volaron a España donde participaron en la Segunda Reunión Preparatoria, en el marco de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana 2018, “información que dio la segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala Electoral, magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, quien participó en la reunión celebrada en el Tribunal Supremo de Madrid, España, y donde estuvo acompañada por el magistrado Arcadio Delgado Rosales, vicepresidente de la Sala Constitucional; el magistrado Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, vicepresidente de la Sala de Casación Social y el magistrado (S) Emilio Ramos de la Sala Político Administrativa”, según reseñó la prensa oficialista.





Para diciembre del 2018, el TSJ, informó sobre su participación en la Primera Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Iberoamérica, realizada en la ciudad de Buenos Aires – Argentina, actividad donde asistieron -otra vez-la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, primera vicepresidenta del TSJ y presidenta de la Sala Electoral, acompañada del magistrado Arcadio Delgado Rosales, vicepresidente de la Sala Constitucional y coordinador Nacional del Alto Juzgado ante la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Este año 2019, hubo más cumbres y viajes. En en marzo, los dos tomaron rumbo a Portugal, para participar en le II Ronda de Trabajo de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana. Nuevamente, en representación del máximo tribunal venezolano, participaron en el encuentro la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, y el vicepresidente de la Sala Constitucional, magistrado Arcadio Delgado Rosales, quienes estuvieron acompañados por el embajador de Venezuela en la República Portuguesa, G/J Lucas Rincón Romero.

Al mes siguiente, ambos visitaron Ecuador para participar en la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, evento que se realizó hasta el 20 de abril. “La primera vicepresidenta del máximo Tribunal, magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, y el vicepresidente de la Sala Constitucional, magistrado Arcadio Delgado Rosales, agradecieron la invitación a la Cumbre”, reseñó entonces la prensa.

Invitados desde agosto a la cumbre en Perú, los dos magistrados hicieron sus maletas para regresar el mismo día. Esta vez se quedaron sin derecho a escuchar – como en todas las cumbres a las que han asistido-, las bondades de un Poder Judicial autónomo, el respeto a los Derechos Humanos de los Procesados o el respeto a los demás Poderes establecido en la Constitución.

La magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, quien pertenece a la Sala Electoral del TSJ, es conocida porque fue una de las que declaró improcedentes seis de siete medidas cautelares en contra de los diputados opositores electos en Amazonas, y proclamados luego de las eleccioes del pasado 6 de diciembre.  La medida a tomó el 31 de diciembre de 2015.

También se le señala de que “empasteló” la recolección del 20 % de manifestaciones de voluntad para activar el referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro Moros y obvió las 11 recolecciones previas del 20 % en revocatorios pasados.

De acuerdo con el portal Poderopedia, “Desde los tiempos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 está relacionada con el oficialismo…F ue asesora de la Asamblea Nacional en diferentes comisiones entre los años 2001 y 2008, además de pasar por el Consejo Nacional Electoral (2005-2006), el ministerio para el Trabajo (2009-2010). En el año 2010 fue elegida como magistrada suplente y en el 2014 se incorporó como magistrada principal. También se desempeñó como consultora jurídica de la empresa estatal Venezolana de Cementos, que dependía del Ministerio de Industrias.

Más o menos igual es el curriculum de Arcadio Delgado, vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Autor de la sentencia que restó a la Asamblea Nacional el poder de supervisión y control sobre los Poderes Judicial, Electoral, Ciudadano y la Fuerza Armada Nacional.

Su familia ha tenido vínculos con la administración pública, y algunos de ellos militaron en el Partido Comunista de Venezuela. Su padre fue rector de la Universidad del Zulia y magistrado de la Sala Constitucional del TSJ entre 1999 y 2004. El 30 de marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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