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Los responsables de la muerte del capitán Acosta Arévalo podrían quedar en libertad

Elizabeth Fuentes | 3 julio, 2019

Caracas.- De acuerdo a un abogado penalista experto en el área, la acusación del fiscal Tarek William Saab solo busca generar impunidad y que los autores del asesinato del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo, queden en libertad.

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“Con la imputación del fiscal a los acusados teniente Antonio Tarascio Ascanio y el sargento Estiben José Zarate, por el delito de homicidio preterintencional con causal, lo que se está buscando es la impunidad del delito porque no se está tomando en cuenta el delito principal, que es la tortura y que tiene penas muy altas en la legislación venezolana de hasta de 23 años. El gobierno no está tomando en cuenta y ni siquiera menciona que existe la Ley Especial Para Prevenir y Sancionar La Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se aprobó el año 2013.





En su lugar, dice el abogado, el fiscal los acusa de homicidio preterintencional con causal, lo que significa que se cometió pero queriendo ocasionar un daño menor. Es decir, “yo quería herir a la persona, pero el golpe lo di mal, me excedí de fuerza y lo maté. Pero mi intención no era matarlo”. Pero como la intención no era matar, la Ley le da al homicida una pena menor, que en su caso más grave sería una condena de hasta 9 años.

“Además, el fiscal dice que es con causal, lo que significa que se presentaron circunstancias que se le fueron de las manos al acusado, circunstancias que este no podía prever y contribuyeron a la situación final. Como ven, del delito de tortura, que generaba en homicidio, terminamos en un delito donde los acusados lo único que querían era maltratarlo. Esta acusación tiene una pena máxima de 9 años pero, como saben los litigantes, muy pocas veces el juez aplica la pena máxima y suelen aplicar un poco por encima o por debajo del medio, es decir 4 o 5 años. Pero si la condena es menor de 8 años, esas personas no cumplirán pena alguna por cuanto los delitos hasta por 8 años, los exime de ir a prisión”.

Es decir, de esta manera solo se busca encubrir, tapar la verdad y generar impunidad porque no se imputa el delito de tortura y se le da da una acusación mediante la cual los autores de este terrible hecho podrían salir libres, como si nada hubiese pasado.





La Ley contra la tortura está dirigida a normar la conducta de “los funcionarios públicos y funcionarias públicas que prestan servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales, municipales, los cuerpos de seguridad ciudadana y los cuerpos de seguridad del Estado que en razón o por motivo de su cargo, incurran en la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley. 2. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas adscritos al sistema penitenciario y al sistema nacional de salud. 3. Las víctimas de los delitos de tortura, trato cruel, inhumano o degradante y sus familiares. 4. Las personas naturales que sean autores o autoras, intelectuales o materiales, cómplices, partícipes o encubridores de estos delitos.”

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Y en ella se especifica claramente, en su artículo 5, las definiciones de los términos de tortura, todos los cuales coinciden exactamente con el daño infligido al capitán Rafael Acosta Arévalo tras las rejas del DGCIM:

Tortura: son actos por los cuales se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o funcionaria pública u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento. Asimismo se entenderá como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental; aunque no acusen dolor físico o angustia psíquica.

Y en su articulo 18, dicha Ley establece que “El funcionario público o funcionaria pública que someta o inflija trato cruel a una persona sometida o no a privación de libertad con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de ésta, genere sufrimiento, daño físico o psíquico, será sancionado o sancionada con pena de trece a veintitrés años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un período equivalente al de la pena decretada. Tanto la inhabilitación del ejercicio de la función pública como política no estarán sujetas a rebaja alguna”.

Esta Ley es la que el Gobierno y su Fiscal no están tomando en cuenta. Una ley que fue aprobada por el chavismo en 2013 y que incluso establece la creación de una Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, “que estará integrada a la estructura organizativa de la Defensoría del Pueblo, y que tendrá por objeto la coordinación promoción, supervisión y control nacional de las políticas y planes nacionales de prevención de la tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como la vigilancia de los derechos de las personas privadas de libertad..”, Comisión que, como hemos visto ni existe y mucho menos ha cumplido con su misión.

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