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Katherine Haringhton, la fiscal sancionada que premió Maduro

Jose G Martinez

José Gregorio Martínez.- Lealtad y servilismo despuntan como habilidades para destacar en la revolución. Levantar su dedo acusador contra los principales blancos de la persecución oficial mantenía en gracia con el Gobierno a la fiscal Katherine Haringhton, pero ser sancionada por Estados Unidos por violación de derechos humanos selló su pasaporte al gabinete Ejecutivo. El presidente Nicolás Maduro la designó el 7 de abril como viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal.

Katherine Nayarith Haringhton Padrón nació el 5 de diciembre de 1971, es abogada egresada en 1997 de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Según su cédula de identidad, V-10.548.414, reside en el municipio Liberador del Distrito Capital y ejerce su derecho al voto en el Colegio El Carmelo de la urbanización Las Acacias. Sus viajes al exterior los realiza con su pasaporte N° 042677664, que vence el 25 de febrero de 2016, pero tras la sanción impuesta por la Casa Blanca, que incluye el congelamiento de cuentas bancarias y suspensión de visa, deberá optar por otros destinos para sus próximas vacaciones.

Haringhton ha sido una ficha clave para perseguir a la disidencia. Desde la Fiscalía 20 con competencia nacional imputó al alcalde metropolitano Antonio Ledezma el presunto delito de conspiración, acusación que estaría vinculada con la imputación contra el dirigente estudiantil Lorent Saleh por los delitos de expedición indebida de certificaciones, facilitación de ingreso ilegal de extranjero y falsificación de documentos para supuestamente generar protestas violentas, que también realizó su despacho.

Presionaba “al Aviador”

La exdiputada opositora María Corina Machado fue imputada el 3 de diciembre del año pasada por la presunta comisión de delitos contra la independencia y la seguridad de la nación y asociación para delinquir, enmarcados dentro de un supuesto plan magnicida. Detrás de dicha acusación estaba la fiscal Katherine Haringhton, quien imputó además a la dirigente estudiantil Gaby Arellano por el mismo caso. La lista de acusados es larga. Haringhton también abrió procesos judiciales a Henrique Salas Römer, Gustavo Tarre Briceño, Diego Arria, Robert Alonso Bustillo, Pedro Mario Burelli y Ricardo Emilio Koesling.

En casos como el de Machado y Burelli utilizó como prueba el contenido de la computadora de Rodolfo González, alias “el Aviador”, quien fue privado de libertad el 26 de abril de 2014 tras ser acusado de ser el “cerebro de las guarimbas” y se suicidó en  prisión el pasado 13 de marzo. Joel García, exabogado de “el Aviador”, denunció que el 29 de abril del año pasado su defendido le comentó que la fiscal Katherine Haringhton lo había visitado en su celda para ofrecerle beneficios si “delataba” a opositores como Antonio Ledezma.

Ana María Abreu de San Miguel, hermana de Rocío San Miguel, también fue acusada por Haringhton por el presunto delito de difusión de información reservada, en vista de que ejercía como médico en el Palacio de Miraflores. También sollicitó la aprehensión y  extradición del banquero Nelson Mezerhane por presuntas irregularidades cometidas en el Banco Federal. Nadie se le escapa a Haringhton, la ahora viceministra fue la encargada de imputar y privar de libertad al joven Yendri Sánchez por interrumpir el acto de juramentación de Nicolás Maduro como presidente.

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