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#LosEsbirrosDelRegimen Marjorie Calderón, “cómplice necesaria” de la justicia roja

Christhian Colina

Christhian Colina.- Ser revolucionario en un Poder Judicial caracterizado por ser manejado desde las altas cúpulas del Gobierno tiene sus méritos, al menos en la obtención de cargos donde parece ser más importante el rol político que la condición académica. Marjorie Calderón, luego de darse a conocer en la opinión pública nacional por haber leído la sentencia condenatoria de Simonovis, Vivas y Forero, fue promovida para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin pensar que en algún momento llegaría a posicionarse como segunda vicepresidenta del máximo órgano de la justicia venezolana.

Marjorie Calderón Guerrero de Viamonte, fue designada magistrada del TSJ el 28 de diciembre de 2014 en tres sesiones de la Asamblea Nacional (AN), consideradas por parlamentarios opositores como un “golpe de Estado” al no cumplir lo establecido en la Constitución. Calderón tiene un largo historial laboral en el Poder Judicial, comenzando en febrero de 1990 como asistente, secretaria y juez temporal en los juzgados 14º y 40º de primera instancia en materia penal de Caracas, cargos que alternó hasta el 26 de enero de 1998.

La salida del Poder Judicial de Calderón fue temporal, seis meses después ingresó por un año como juez itinerante. Mientras que entre el 23 de julio de 1999 y el 28 de diciembre de 2014 se desempeñó como Juez de primera instancia en el estado Aragua, entidad en la que llegó al más alto cargo, Presidenta del Circuito Judicial Penal.

El desempeño de Calderón al frente de la administración de justicia en Aragua se mantuvo siempre bajo perfil, hasta que comenzó a ocupar espacio en los medios de comunicación social al tener radicado en su tribunal el caso de Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henri Vivas y ocho funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM), causa en la que estableció condenas de hasta 30 años de cárcel. De acuerdo a una confesión escrita, notariada y apostillada en Costa Rica del ex magistrado Eladio Aponte Aponte, la sentencia habría sido redactada por su persona, por lo que Calderón sólo se limitó a leerla.

En 2009, el comisario Iván Simonovis a través de una carta pública acusó a la entonces juez de juicio por ser “cómplice necesaria de un gobierno que manipula el Poder Judicial para usarlo como arma de intimidación y así tratar de reducir a todo aquel que el gobierno considere un posible opositor de  nivel”.

El 19 de diciembre de 2013, fue denunciada ante la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Nacional Unidas, por presuntamente “negarse a dejar en libertad a Hilarión Yovera, uno de los imputados en el caso del empresario y político yaracuyano, Kamel Salame”. La querella fue presentada por el abogado Robert Alvarado “para poner fin a las arbitrariedades con las cuales mantienen preso a un ciudadano mayor de 70 años”, ciudadano que fue liberado el 28 de marzo de 2014.

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