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La Lupa

Luis Izquiel: En Venezuela se están liberando presos "sin ningún criterio"

En su informe de julio de 2020, la alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachellet condenó la falta de independencia del sistema judicial, sometido al Poder Ejecutivo, “al punto de que los jueces no toman decisiones sin consultar sus fallos con los presidentes de los circuitos penales”

Cortesía

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- Nicolás Maduro anunció el pasado 21 de junio la creación de una comisión especial para llevar a cabo una "revolución profunda y acelerada que sacuda y transforme todo el sistema de justicia nacional". La misma está encabezada por Diosdado Cabello, Cilia Flores y la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Lourdes Suárez Anderson. El mandatario dio un plazo de 60 días para acabar con "justicia" y "sin impunidad" el hacinamiento en los Centros de Detención Preventiva del país. Tras el anuncio, cientos de presos han sido liberados en todos los estados, según la ONG Una Ventana a la Libertad. Estas medidas, sin duda, descongestionarán los calabozos, pero traerá más problemas de seguridad al país, cuestionó el abogado experto en seguridad Luis Izquiel.

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Según Cabello la comisión estableció un lapso de un mes para visitar los centros penitenciarios, revisar las causas pendientes y tomar las decisiones judiciales necesarias, lo que permitirá “que 30 días después podamos tener desocupados todos los centros de reclusión preventiva”. El 10 de junio, el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista, Pedro Carreño indicó que en estos centros de detención preventiva hay al menos 38 736 privados de libertad.

Una Ventana a la Libertad condenó -en un reciente informe- que desde que fue instalada dicha comisión, en el estado Carabobo se han dado cientos de liberaciones, pero con un hermetismo sobre la cifra de reclusos que han recibido la libertad plena o bajo medidas cautelares. Afirma que, sin dar números, en esta región, la Comisión ha enviado a la calle a centenares de privados de libertad de varios centros de detención preventiva entre los que destacan los centros de policías municipales y la estadal; Penal de Tocuyito, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); anexo femenino, Policía Nacional Bolivariana y del Centro de Formación el Nuevo Hombre “El Libertador”.

De acuerdo con las cifras oficiales a las que ha accedido Una Ventana a la Libertad, un total de 205 privados de libertad recibieron traslados, medidas cautelares o libertades, lo que indica que al menos el 6,63% de la población que se encuentra detenida en los calabozos policiales de Caracas, fue atendida por esta comisión presidencial. Ya que en los 26 Centros de Detención Preventiva monitoreados por Una Ventana a la Libertad en Caracas, en junio de 2021, hay un aproximado de 3 089 privados de libertad en un espacio con capacidad para albergar a 999 detenidos por un lapso no mayor a 48 horas.

Luis Izquiel es abogado penalista egresado de la Universidad Santa María (1995), profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela e investigador del crimen organizado. Actualmente es corredactor de la Ley que regula la Telefonía Celular y la Internet en el interior de las Cárceles y coautor del libro “Revolución de la Muerte: 20 años de Crimen, Violencia e Impunidad en Venezuela”. En conversación telefónica con El Cooperante, advirtió que hasta el momento no se puede medir el alcance de esta comisión, pero que es un "refrito" de promesas del chavismo, porque en 1999 cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia presentó una Comisión de Emergencia Judicial que "sacó a los jueces de  carrera y politizó el sistema de justica". Lo mismo pasó en 2005 cuando se impulsó una reforma judicial, la cual resultó en el incremento del número de magistrados para tener mayor control político.

Izquiel cita cifras de Una Ventana a la Libertad y dijo que sería sumamente preocupante que la comisión libere -aunque sea- a la mitad de los 45 000 privados de libertad que hay en estos calabozos y destaca que la solución no es la liberación de presos sin ningún criterio, sino "un plan serio para construir nuevas cárceles donde se respeten las condiciones de vida del privado".

- Maduro anunció una revolución judicial para acabar con el hacinamiento en los centros de detención preventiva, ¿cree usted que esto resultará?

- La ONG Una ventana a La Libertad ha venido informado que cientos de presos han sido liberados en distintos estado del país. Los  calabozos policiales tienen problemas desde  hace años porque el Ministerio de Servicios Penitenciarios ha venido obstaculizando los traslados de presos de las comisarias o calabozos, a las cárceles. Esto ha generado que hoy existan dos sistemas penitenciarios: uno el de las cárceles formales y otro es de los calabozos, donde hay más o menos unos 45 000 presos, lo que sería, más o menos, el mismo número de presos que alberga el sistema penitenciario formal.

Una liberación masiva de presos descongestionaría calabozos, pero traería más problemas de seguridad al país. No sabemos cuántos han sido liberados, ni cuantos serán liberados y esto es preocupante. No hay información oficial concreta.

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- ¿Qué hay que hacer para acabar con este problema?

- Lo que se debería hacer, si fuese un plan serio, es construir nuevas cárceles o recintos penitenciarios, centros penitenciarios modernos con un personal capacitado, llevar esos detenidos de esos calabozos a recintos penitenciarios donde sean respetadas sus condiciones de vida, pero se está optando a la irresponsabilidad de liberar presos sin ningún criterio. La ciudadanía desconoce si son ladrones, secuestradores o asesinos. Si hay más de 45 000 presos y quieres acabar con el hacinamiento deberás liberar a miles, al menos a 20 000 y eso es sumamente preocupante.

- Usted habla de que esta problemática existe desde hace unos años, ¿se refiere a que esto no era así antes del chavismo?

- Durante muchos años del chavismo funcionó, pero antes la policía detenía a la persona, se presentaba en tribunales en 48 horas y el tribunal tomaba básicamente tres decisiones: 1. libertad plena; 2. medidas cautelares para libertad inmediata, bajo régimen de presentación o fiadores; 3. quedar detenido.

Cuando dejaban a la persona detenida el propio juez fijaba la cárcel y ese preso era trasladado del calabozo, a la cárcel por la policía. Tras la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, se empezó a obstaculizar el traslado de los presos, aun cuando el juez dijera en el acta que tenía que ser trasladado, le decían que no podían aceptarlos y se tenían  que regresar a los calabozos.

- ¿Por qué no permitir el traslado?

- Eso habría que preguntárselo a los integrantes de este sistema, pero podría presumir que es para quitarse el problema de encima. Piensan que van a resolver el hacinamiento en las cárceles, manteniendo a los presos en los calabozos que dependen de alcaldías cuando es policía municipal, que dependen de las gobernaciones cuando es policía regional o depende del Ministerio de Interior y Justicia cuando es de la PNB o de la policía de investigación.

- ¿En qué condiciones están estos privados de libertad en estos centros de detención preventiva?

- La condición es terrible, hay decenas de enfermedades como tuberculosis, escabiosis, reclusos han muerto por falta de alimentación porque como esto es una ilegalidad a todas luces, las alcaldías y gobernaciones no tienen como responder por los derechos de estas personas, no hay presupuesto para darles comida por meses y por años, así que los que no tienen familiares o cuando los familiares no pueden llevarles comida muchos mueren por desnutrición.

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Además de las terribles condiciones de insalubridad y miseria, estos centros de detención se han convertido en cárceles paralelas, se han formado estructuras del pranato como en las cárceles formales, muchos familiares denuncian que existe una gran trama de corrupción por parte de los funcionarios quienes piden dinero para dejar pasar comidas e insumos para los presos.

- Esta situación lleva años, ¿por qué Maduro quiere ocuparse del problema ahora?

- Supuestamente la comisión tiene distintas finalidades, no solo liberar presos, buscan hacer una transformación del sistema de justicia, pero esto es un refrito de ofrecimientos que han hecho en el pasado. Hay que recordar que el chavismo llegó al poder en 1999 con una Comisión de Emergencia Judicial que solo sirvió para sacar a los jueces de carrera y politizar el sistema de justicia. Luego en 2005 hicieron una supuesta reforma judicial, con la que solo se amplió el número de magistrados del TSJ para tener mayor control político, gracias a esto, pasaron de 20 magistrados a 32 magistrados.

Habría que esperar al final de esto a ver en qué resulta, pero también creo que tiene que ver con el proceso que se sigue en la Corte Penal Internacional (CPI), porque una de las cosas que se está evaluando en este caso es la falta de funcionamiento del sistema judicial, que como no funciona, la CPI debe asumir las competencias del juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Es probable que detrás de esto, esté la intención de decirle a la CPI que están mejorando el sistema de justicia y que son capaces de hacer el trabajo.

- Hace unas semanas Caracas se paralizó debido a las actuaciones criminales de la megabanda de la Cota 905 liderada por Carlos Revete, alias El Koki. ¿Qué decirle al venezolano que cree que estas liberaciones podrían incrementar los índices de inseguridad y violencia?

- Hay que esperar saber el número de presos que fueron liberados, pero la liberación masiva tendrá incidencias en la seguridad porque algunos no se meterán en delitos, pero muchos otros sí. Sin temor a equivocarme, seguro podrían engrosar las listas de megabandas criminales como la del Koki, "el Tren de Aragua" y muchas otras.

Solo queda esperar que no terminen liberando miles de presos de forma indiscriminada. 



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