Luisa Ortega Díaz, la fiscal que insiste en llevarle la contraria a Maduro

Caracas, 16 de abril/Darvinson Rojas.- En muchas oportunidades la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, le ha llevado la contraria a lo impuesto por el Poder Ejecutivo hacia los ministerios que tienen bajo su control, y otros Poderes Públicos. Las declaraciones más recordadas son las del 31 de marzo de 2017, cuando afirmó que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituyen una ruptura del orden constitucional.

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Ese día le recordó al presidente Nicolás Maduro que Hugo Chávez impulsó la Constitución que fue aprobada por los venezolanos mediante unas elecciones en 1999. La posición de la abogada ha sido firme en varios aspectos, como el dar a conocer las cifras oficiales de los homicidios registrados en el país, a diferencia del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes mantienen total silencio sobre esos datos.

En 2016 hubo 21.752 homicidios intencionales o dolosos, 12.069 las víctimas tenían entre 15 y 30 años. El 86,6% de los crimines fueron cometidos con armas de fuego y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 70,1, informó la fiscal. Los policías y militares también formaron parte de esas estadísticas, 325 fueron asesinados el año pasado.

El abogado criminalista Fermín Mármol García, considera que es importante que las autoridades brinden información a los venezolanos. “Lo que está haciendo la Fiscalía General de la Republica es un buen comienzo, es fácil entrar a la página web del Ministerio Publico y ver la memoria y cuenta, pero necesitamos más contenido, que todavía no encontramos, un ejemplo, saber cuántas denuncias por secuestro hay en Venezuela, tenemos que seguir profundizando”, comentó.

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El jurista penal y asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Luis Izquiel, coincide en varios aspectos con Mármol García. “Veo como positivo que la fiscal se esté sincerando con realidad delictiva, aunque de forma parcial, los datos que da en su informe se refiere solo a homicidios, sería mejor si pudiéramos obtener datos oficiales de secuestros, robos, hurtos y de otros delitos que ocurren a diario”, señaló.

Cárcel a policías

El Ministerio Público recibió varias denuncias de violaciones a los Derechos Humanos durante el desarrollo de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), operativo gestionado desde Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, donde murieron 241 personas. Fueron abiertas 182 investigaciones que culminaron con 80 funcionarios imputados de distintos cuerpos de seguridad y 17 acusados.

2.441 uniformados fueron imputados en 2016, fueron solicitadas 225 privativas de libertad y otros 635 fueron acusados, luego de averiguaciones por procedimientos contra la ciudadanía, entre los casos destacan la desaparición y muerte de 12 personas en Barlovento.

Consecuencias

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, fue electo presidente de Consejo Moral Repúblico para el 2017, con su voto y el del Contralor General de la República, Manuel Galindo, quien podía ser reelecto o, por tradición, votar por la fiscal Luisa Ortega Díaz, para cumplir con la rotación del trío que integra el Poder Ciudadano. Tarek estuvo en el cargo en 2015 y Ortega Díaz en 2014.

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Realidad en las calles

Desde el año 2003, ni los periodistas, ni los venezolanos reciben información oficial sobre hechos violentos por parte del Cicpc, “A la ciudadanía la golpea una realidad de toda índole, que es inocultable. La falta de transparencia confunde al inversionista nacional y extranjero, e instituciones que están alejadas del Poder Público”, precisó el jurisconsulto Fermín Mármol García.

“La gente está consciente de cuál es el nivel de criminalidad, más allá de lo que coloques en un papel, la gente lo vive en la calle y sabe que año tras año aumenta la violencia criminal. Eso es perjudicial porque las cifras no solo sirven para saber cuál es la realidad, sirven para diseñar políticas públicas ciudadanas y eso no se ha podido hacer desde hace mucho tiempo”, reiteró el abogado Luis Izquiel.