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El Pimentón

Maduro solo recibió 35 de los 50 millones de dólares que le exigió a Odebrecht

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Caracas, 28 de febrero.- En algún momento durante el 2013, el entonces candidato presidencial Nicolás Maduro le pidió a la constructora brasileña Odebrecht que le pagara 50 millones de dólares en sobornos si quería seguir disfrutando de los jugosos negocios que tenía en el país.

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Pero el jefe de las operaciones de la firma en Venezuela, Euzenando Azevedo, tenía sus reservas. “Nada más le dio 35 millones de dólares”, afirmó Luisa Ortega Díaz, en una entrevista con el Nuevo Herald desde Bogotá. El monto, dado a conocer inicialmente por el mismo Azevedo en declaraciones que hizo durante las investigaciones realizadas en Brasil, también forma parte del proceso judicial emprendido por Ortega Díaz contra la inmensa corrupción.

La fiscal, que se vio obligada a salir del país tras romper con el régimen, acaba de solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia, que también opera desde el exilio, que solicite la captura internacional de Maduro. Y el proceso podría terminar definiendo ante los ojos del mundo donde reside la verdadera legitimidad en Venezuela, ya que según la Constitución, Ortega Díaz y los magistrados que se encuentran en el exilio son las auténticas autoridades.

"Ahora corresponde a los distintos Estados, reconocer o no a estas instituciones”, dijo Ortega Díaz, en referencia a la Fiscalía General de la República, presidida por ella, al Tribunal Supremo de Justicia, conformado por magistrados que hoy operan desde el exilio, y la propia Asamblea Nacional, cuyas facultades constitucionales han sido removidas por el régimen, utilizando entre otros artificios a la Asamblea Nacional Constituyente.

Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos de gran tamaño ya han anunciado que no reconocen a la Asamblea Constituyente, lo que significaría en esencia que para gran parte de la comunidad internacional, Ortega Díaz sigue siendo la fiscal, ya que ella fue destituida en agosto por la ANC, y no por la Asamblea Nacional, como establece la Constitución.

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La verdadera prueba de fuego sobre esa posición podría producirse en los próximos días si es que el Tribunal Supremo de Justicia y luego la Asamblea Nacional terminan aprobando la moción de la fiscal de que Maduro debe ser formalmente destituido y arrestado para luego ser enjuiciado por corrupción. De producirse, la comunidad internacional, y en particular Interpol, tendría que acatar el pedido de captura internacional.



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