Madurocracia: ¿Cómo es el juego del chavismo para perpetuarse en el poder?

Caracas, 3 de febrero.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Parlamento plenipotenciario inventado en 2017 por el Gobierno de Nicolás Maduro para reemplazar por la fuerza a la verdadera Asamblea Nacional, dio la orden el 23 de enero: las elecciones presidenciales deben realizarse antes del 30 de abril.

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Como la convocatoria oficial la tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no se expidió, todavía no se sabe cuál será la fecha definitiva, así lo publicó Infobae. La oposición tendrá menos de tres meses para organizar una estructura que le permita hacer frente a la maquinaria oficial. Este escollo es crucial.

Las controvertidas elecciones de gobernadores del 15 de octubre pasado dejaron en evidencia que, en aquellas mesas en las que no hubo fiscales opositores, el chavismo hizo lo que quiso con los votos.  Esa es una de las muchas razones del fraudulento triunfo de Maduro en 18 de los 23 estados, a pesar de que el país atraviesa la peor crisis económica y social de su historia, y de que sólo lo apoya una minoría cada vez más reducida.

“Hicimos una revisión de todas las elecciones presidenciales que hay este año en América Latina. El país que anuncia la fecha con menor anticipación lo hace en siete meses. Menos de tres meses es imposible en términos logísticos y políticos. La oposición no se puede acomodar. Además, hay más de un millón de jóvenes que no están en los registros electorales, porque en su mayoría son opositores.

Y se calcula que hay unos 2 millones de votos de venezolanos en el exterior, pero sólo están registrados 115.000, afirmó el sociólogo Ignacio Ávalos, integrante del Observatorio Electoral Venezolano. Es muy difícil competir cuando el árbitro electoral, que es el CNE, actúa como un agente del partido de gobierno.

La desventaja se agiganta cuando el árbitro máximo, el Tribunal Supremo de Justicia, también se comporta como abogado defensor del oficialismo. Con esas armas a su favor, el chavismo pudo vetar en muchos estados a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza opositora que lo había derrotado en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015.

Lo mismo hizo con algunos de sus candidatos más fuertes, como Henrique Capriles, que no pudo presentarse a una reelección en Miranda. Para que las trampas permanecieran ocultas, prohibió la participación de todas las entidades internacionales que se ofrecieron a auditar las elecciones. Así ganó.

La experiencia de 2017 fue tan escandalosa que el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA en inglés), junto con el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, emitieron un durísimo comunicado rechazando el llamado de la ANC a las presidenciales.

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Allí repasaron algunas de las irregularidades detectadas el año pasado, como “la manipulación del cronograma de actividades de la elección, migración masiva de votantes a pocas horas de la elección, eliminación de la tinta indeleble como mecanismo para evitar el sufragio múltiple y la manipulación del actas de votación”.

Su conclusión fue lapidaria: “Una convocatoria que mantenga las condiciones actuales podría considerarse como no competitiva”. Los adversarios del régimen tienen la certeza de que cualquier posibilidad de triunfo es utópica sin un cambio profundo en el sistema de votación. En un intento por revertir algunas de estas arbitrariedades, un sector de la MUD mantiene en República Dominicana un diálogo con el Gobierno desde el 1 de diciembre pasado.