Manuel Rojas Pérez: No hay ninguna norma que justifique actuación del CLET contra Laidy Gómez

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- Este martes, el diputado al Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET) por el PSUV, Joshua Faratro informó que iniciará un procedimiento para destituir a la gobernadora de la entidad, Laidy Gómez por cometer «irregularidades» administrativas. El abogado y profesor de Derecho Constitucional de la UCV, Manuel Rojas Pérez explicó que este procedimiento está viciado de irregularidades porque viola el derecho a la defensa de la mandataria regional y destacó que en ningún artículo de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos se establece la legalidad del hecho.

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Laidy Gómez fue electa gobernadora del estado Táchira en octubre de 2017, tras presentarse como candidata de la Mesa de la Unidad (MUD) en las elecciones regionales de 2017. En estos comicios venció al candidato del chavismo y predecesor José Gregorio Vielma Mora con el 63,27% de los votos. Es la primera mujer gobernadora de la entidad.

Desde entonces, ha debido enfrentarse a la figura impuesta por el Gobierno de Maduro, al imponerle al llamado «protector del Táchira», Freddy Bernal, quien funge como figura paralela a la mandataria regional. Ahora, desde el CLET pretenden iniciar un procedimiento legal para destituirla alegando que «tachirenses no conciben esta gestión» y que «se han cometido un conjunto de irregularidades en algunos directores del ejecutivo regional».

«Nosotros entendiendo la grave crisis que está pasando nuestro estad (…) vamos en los próximos días, cumpliendo todo el marco legal, presentándolo ante la plenaria, llevando toda la documentación requerida y solicitando la creación de una comisión especial, nombrar así y solicitar así la destitución ya de la gobernadora Laidy Gómez del ejercicio del cargo de gobernadora del estado Táchira (…) Solicitaremos en el marco de la ley orgánica de los Consejos Legislativos y de la Constitución del estado Táchira, la destitución de algunos directores del ejecutivo regional a través del veto que es el instrumento que utilizamos los diputados, de estricto cumplimiento hacia el gobernador o gobernadora para la remoción de estos funcionarios”, fueron las palabras de Faratro en un video en Twitter.

Manuel Rojas Pérez es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela y exconcejal. En conversación telefónica con El Cooperante, declaró que  la mandataria regional está siendo sometida a un procedimiento ilegal.

¿Puede ser destituida la gobernadora del Táchira con el procedimiento iniciado por el PSUV en el CLET?

Para cualquier procedimiento es necesario respetar el Estado derecho y sobre todo el derecho a la defensa. Eso quiere decir que la persona que se le acusa de algo y se le inicia un procedimiento se le debe informar sobre qué cargos se le imputan, cuáles son las causas o los motivos por los cuales se hace la acusación. Esto debe realizarse de modo tal que la persona acusada tenga tiempo para preparar una defensa efectiva y pueda recabar pruebas a su favor.

No vemos nada de eso en este caso. Solo conozco una declaración de un funcionario del partido de gobierno, que de una vez, anuncia la destitución de la gobernadora sin verificar o sin permitirle a esta poder defenderse en un procedimiento justo.

¿En cuál artículo de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos y de la Constitución se establece que esto es legal?

Es ilegal lo que están haciendo, ya que condenan a la gobernadora haya iniciado procedimiento y sin que esta haya podido siquiera conocer las causales de lo que se le acusa. No hay artículo algún en ninguna norma que justifique esta actuación del Parlamento regional tachirense.

¿Cuáles serían las consecuencias  inmediatas si esto llega a ocurrir?

Si esto llega a ocurrir, probablemente designen al presidente del Consejo Legislativo como gobernador, pero este será un gobernador inconstitucional. Repito, no puede hacer sanción sin procedimiento previo y sin derecho a la defensa. A la gobernadora Laidy Gómez le están violentando abiertamente su derecho constitucional a la defensa.