Más de 240 parlamentarios latinoamericanos respaldan investigación de la CPI en Venezuela

Caracas / Foto Portada: archivo.- Un grupo de 243 parlamentarios de 12 países latinoamericanos expresaron su apoyo a la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.

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En un comunicado conjunto, los legisladores de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay manifestaron su respaldo a la labor de la Fiscalía de la CPI.

El documento fue compartido por el diputado de Argentina, Damián Arabia, en su cuenta X. "243 parlamentarios de Latinoamérica respaldamos e impulsamos las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen del gobierno venezolano, para exigir la responsabilidad de sus autores", dijo el parlamentario en la mencionada red social.

En el comunicado, los parlamentarios expresan su preocupación por la continua "represión y persecución sistemática" contra los venezolanos, que se manifiesta en detenciones arbitrarias y otros crímenes establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

Los parlamentarios indicaron que entre los afectados por la mencionada represión se encuentran miembros y directivos de partidos políticos, sindicalistas, abogados, periodistas, defensores y activistas de derechos humanos, así como personas que se manifiestan o protestan pacíficamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Además, consideran que es necesario exigir responsabilidad a los autores de estos actos, por lo cual apoyan plenamente las investigaciones en curso por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Designación de fiscales

La situación en Venezuela ha sido motivo de preocupación para la comunidad internacional durante varios años, con informes que denuncian violaciones graves de derechos humanos, como torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La comunidad internacional ha instado en repetidas ocasiones al gobierno venezolano a respetar los derechos humanos y a permitir el ejercicio de la democracia en el país.

Recientemente, la CPI designó a seis nuevos jueces en las tres divisiones judiciales, entre ellas la Sala de Cuestiones Preliminares, donde actualmente se lleva a cabo la investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela.

De acuerdo con información reseñada en su sitio web oficial, la Sala de Cuestiones Preliminares estará compuesta por los jueces Rosario Salvatore Aitala, Reine Alapini-Gansou, María del Socorro Flores Liera, Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Iulia Motoc y Haykel Ben-Mahfoudh.

La CPI indicó que las situaciones República Bolivariana de Venezuela I y República Bolivariana de Venezuela II serán asignadas a la Sala de Cuestiones Preliminares I, que estará integrada por las magistradas Reine Alapini-Gansou, María del Socorro Flores Liera e Iulia Motoc.

Caso Venezuela

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó por unanimidad los argumentos del Gobierno de Nicolás Maduro contra la reanudación de la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y autorizó al fiscal, Karim Khan, a seguir las pesquisas.

Dicha sentencia fue dictada el 1 de marzo de 2024 en una audiencia pública celebrada en La Haya, en presencia de la Fiscalía de la CPI, representantes de la administración de Nicolás Maduro y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. 

La Sala de Apelaciones de la CPI rechazó cada uno de los seis motivos del recurso presentado por el Estado venezolano, al considerar que sus argumentos no fueron suficientes para impedir que la Fiscalía del tribunal de justicia internacional continuara con la investigación.

En septiembre de 2018, la Fiscalía de la CPI recibió una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma:  Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, con relación a la situación de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía anunció su decisión de abrir una investigación.

En 2023, Venezuela comunicó su voluntad de apelar la decisión emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares, presentando su escrito formal de apelación el 14 de agosto. El 7 y el 8 de noviembre de ese año, la Sala de Apelaciones celebró una audiencia para abordar íntegramente las cuestiones que se plantearon en el recurso de apelación.