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MP abrió investigación ante «nuevo acto de piratería delictiva contra Venezuela en el Caribe»

El funcionario vinculó directamente a la Administración de Juan Guaidó con los hechos

Foto: @MinpublicoVE

Caracas. El fiscal general, Tarek William Saab informó este jueves que se abrió una investigación contra las personas presuntamente involucradas en una «red criminal que pretendía robar activos de Venezuela en el Caribe«.

Lea también: «Parlamento: «Informe de la ONU evidenció la violación de los derechos humanos en Venezuela»»

«Hemos designado a la Fiscalía 67ª Nacional para que investigue estas denuncias y a todos los involucrados. Este es un nuevo acto de piratería delictiva contra Venezuela para el beneficio personal de unos cuantos apátridas que mientras se enriquecen hacen padecer al pueblo venezolano. Estos son los mismos que han promovido sanciones para que la gente afronte dificultades para abastecerse de gasolina, alimentos u otros elementos esenciales», comentó.

Saab afirmó que las personas a las que se refirió «han recorrido el mundo» para intentar asfixiar e implosionar a la nación, con el objetivo de apropiarse de los recursos naturales de Venezuela. Afirmó que el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management presididas por Jorge Reyes y Pedro Antar, presentaron en 2019 a Juan Guaidó una propuesta relacionada por activos venezolanos en el exterior, además de cuentas por cobrar y demás bienes que se encuentran en 19 países que forman parte de Petrocaribe.

«Estos pseudoempresarios habrían solicitado como contraprestación por sus servicios, el derecho de apropiarse del 18% de todo que pudiera ser despojado al Estado venezolano. Este supuesto gobierno interino fue puesto por Estados Unidos para incursiones armadas fallidas, para el sabotaje a la industria petrolera y el sistema eléctrico. Actúan para despojar todo lo que puedan conseguir para las trasnacionales. En las negociaciones los representantes de Guaidó solicitaron un pago por 750 000 dólares, para la adjudicación del mencionado contrato. Además exigieron que una vez se hubiese iniciado la apropiación de los bienes del país, se les diera la mitad del 18% solicitado por la Sociedad Mercantil Consorcio Caribbean Recovery Assets como contraprestación», agregó.

Precisó que los encargados de adelantar las negociaciones por instrucciones de Guaidó fueron: Fernando Blasi-Blanchard, Magin Blasi-Blanchard, Javier Troconis, José Ignacio Hernández, Luis Pacheco Rodríguez. Indicó que también están involucrados la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), propiedad de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, representadas por Reyes y Antar.

«Todo indica, además, que estas firmas con nombres rimbombantes no son más que empresas de koala, utilizadas por estos dos supuestos empresarios para hacer negocios de dudosa legalidad como este que se ha acaba de develar. Sobre ambos pesan graves acusaciones de actividades ilícitas en los EE. UU. y otros países. Uno fue sancionado por fraude a inversores y el otro aparece vinculado con una investigación por lavado de activos., debido a exportaciones fraudulentas desde Ecuador a Venezuela utilizando el SUCRE», añadió.

Aseveró que los funcionarios que solicitaron el soborno de 750 000 dólares para la firma del contrato, habrían a su vez violado la legislación federal de los EE. UU., por lo que exhortó a las autoridades de la nación norteamericana a que procedan contra ellos. A su juicios, el casos se trata de «una nueva versión» del contrato firmado por Guaidó y Juan José Rendón con Jordan Goudreau para que «invadiera Venezuela con un ejército de mercenarios».

«En esta oportunidad se pretendió contratar a unos pillos para que robaran activos del país en el Caribe. Igual que con los mercenarios, se pretendió firmar un contrato para cometer un delito contra nuestro país, el cual al final no cumplieron. En aquella oportunidad a Goudreau no le pagaron lo que le prometieron, en esta, le exigieron a estos piratas de las finanzas que se bajaran de la mula antes de la firma, y estos se echaron para atrás y los denunciaron», agregó.

Recordó que el martes la vicepresidenta de la Administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez hizo una propuesta para los tenedores de títulos de Pdvsa y la Electricidad de Caracas, con la finalidad de evitar que los inversores que adquirieron esos papeles resulten afectados por las sanciones de Estados Unidos.

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