Connect with us

Sucesos

Ministerio Público oficializó detención del secretario nacional del partido Tupamaro por asesinato

Tarek William Saab agregó que fueron detenidos cinco funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales tras llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales

Foto del avatar

Publicado

/

Caracas/ Foto: @MinpublicoVE. El fiscal general, Tarek William Saab, ofreció este lunes una conferencia de prensa en la que se pronunció sobre el asesinato de un joven de 16 años, identificado como George Soto Berroteran, quien fue hallado en la hacienda La Tupareña, propiedad del secretario nacional del partido político Tupamaro, José Pinto.

Lea también: "Secretario nacional del partido Tupamaro detenido por asesinato"

Saab hizo mención sobre dos sucesos ocurridos en La Guaira y aseguró que se trata de hechos de abuso de poder y uso de uniformes policiales para efectuar delitos y ejecuciones extrajudiciales.

"Hemos solicitado órdenes de aprehensión contra José Pinto Marrero, José Fidel Blanco, Jesús Sánchez Roquett y Jesús Ibarra, por su responsabilidad en la muerte de un adolescente de 16 años, George Soto Berroterán. El adolescente ya mencionado fue reportado como desaparecido el pasado 1 de junio por su madre", comentó.

El funcionario agregó que el menor de edad trabajaba como pescador para José Pinto y fue visto por última vez el 23 de mayo, cuando se dirigió hacia la finca La Tupareña, propiedad de Pinto y ubicada en la parroquia Caruao, en La Guaira.

"El 2 de junio, otro pescador de nombre Juan Pablo Romero, denunció haber sido agredido en la finca La Tupareña, y haber visto cómo golpeaban al adolescente desaparecido. Según la denuncia, el 23 de mayo en la noche, José Pinto dio instrucciones a sus escoltas para que agredieran a Juan Romero hasta que éste admitiera haberse apropiado de mercancía y dinero producto de la faena pesquera", acotó.

Afirmó que los escoltas sometieron y golpearon a Juan Romero con sus armas y exigieron al resto de los pescadores que lo golpearan; entre ellos al adolescente George Soto Berroterán, quien se negó a hacerlo, sin embargo, el joven se negó a hacerlo por lo que fue acusado de ser cómplice del hurto y procedieron a agredirlo.

"Mientras los escoltas y dos pescadores agredían al adolescente, Juan Romero logró escapar y se internó en la montaña. Tras denunciar, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició investigaciones y el 12 de junio halló una pequeña fosa sellada con concreto, una osamenta y sobre ésta un bolso con prendas de vestir y documentos personales del adolescente", dijo.

Tras las investigaciones se determinó que la muerte del adolescente George Soto y las lesiones sufridas por Juan Romero fueron ocasionadas por los escoltas de Pinto y pescadores que actuaron premeditadamente bajo sus instrucciones. Precisó que los hechos ocurrieron dentro de su propiedad, encontrándose Pinto a corta distancia de donde se ejecutaban los hechos.

Advertisement

"Los cuatro solicitados serán imputados en las próximas horas por la presunta comisión de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, privación ilegítima de libertad y agavillamiento", cerró con respecto al caso.

Otro caso

Asimismo se refirió a la detención de cinco funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), luego del asesinato de cinco personas en el barrio El Limón, ubicado en la carretera vieja Caracas-La Guaira.

"Según la investigación, el 11 de junio en horas de la madrugada, Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez, se encontraban durmiendo en sus residencias cuando comisiones de las FAES irrumpieron violentamente en sus viviendas. Posteriormente, los sacaron a la calle y luego los condujeron hacia un sector boscoso de la barriada donde habrían sido ejecutados; lo que fue observado inclusive por varios vecinos de la comunidad", precisó.

Por último Saab expresó que desde el 5 de agosto de 2017, el Ministerio Público imputó a 540 funcionarios de cuerpos de seguridad y a 30 particulares como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos, de los cuales se habrían privado de libertad 426 funcionarios y 19 particulares.



Tendencias